El juicio por la muerte de Canserbero: Revelaciones y contradicciones en el caso Améstica

Decidida, sin juicio, la sentencia contra los hermanos Améstica en febrero de 2024, el 8 de abril del mismo año, a las cinco de la tarde, se declaró abierto en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas el juicio contra los funcionarios de la policía científica Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto, la anatomopatóloga Solangela Mendoza, y Marcos Pratolongo, allegado de la familia Améstica. La jueza Sabrina Montes de Oca, en un tribunal unipersonal, condujo el proceso.

Que esta causa se ventilara en un tribunal, de manera oral y pública, sometió a una prueba de estrés -que debió suceder antes si a los Améstica le hubieran hecho un juicio regular- el conjunto de evidencias que la fiscalía de Tarek William Saab había reunido en su afán de promover la tesis del doble homicidio para las muertes de Carlos Molnar, Stoperro, y sobre todo, de Tirone González, Canserbero, cuyo buen nombre el Fiscal General, fan declarado del rapero, se propuso rescatar. Pero el resultado fue contraproducente para ese relato que quedó, literalmente, en tela de juicio.

Lejos de consolidar la versión del doble homicidio y encubrimiento confesada por los hermanos Améstica, el proceso dejó al descubierto contradicciones y vacíos probatorios que ponen en duda que lo que la Fiscalía planteó como la resolución del caso se correspondiera con lo que realmente ocurrió en aquel apartamento del edificio Camino Real de Maracay, el 20 de enero de 2015.

El CICPC llegó al sitio de la tragedia a las 8:30 am del día 20 de enero de 2015, según el expediente. Crédito: Foto tomada del expediente de la Fiscalía en 2015.

Un agujero notable bajo la línea de flotación del caso presentado por la fiscalía fue, por ejemplo, el referido a lo que las autopsias de los occisos informaban. Al denunciar un supuesto “doble protocolo de autopsia” en la investigación original de 2015, el equipo de Saab simplemente dejó en evidencia su desconocimiento sobre el funcionamiento de las morgues y de la nomenclatura forense. El propio ex Fiscal General impulsó el señalamiento mediante un tuit del 27 de diciembre de 2023, donde afirmó haber localizado en libros de oficio de 2015 una irregularidad que achacaba a la patóloga Solangela Mendoza; el uso de dos numeraciones no correlativas (0461 y 2593) para una misma experticia.

El Ministerio Público pudo haber despejado esta duda con una simple entrevista a los trabajadores del servicio forense o con la propia patóloga investigada. Fuentes consultadas para la presente serie, La justicia cayó con Canserbero, explican el procedimiento estándar: el anatomopatólogo de guardia llena primero los formatos a mano; luego, una secretaria transcribe ese contenido en un informe que el especialista revisa y certifica con su firma. Los libros administrativos registran las copias certificadas que salen de la morgue, que son transcripciones fieles del resultado de la autopsia original.

Armando.info verificó que el libro mostrado por las autoridades no corresponde al registro de protocolos de autopsias. En realidad, se trata de un libro de novedades que deja constancia de la salida de transcripciones certificadas, emitidas a solicitud de organismos como la Fiscalía o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del Ministerio Público).

Los dos números que Saab señaló como evidencias de una irregularidad no identifican autopsias distintas ni protocolos duplicados. Indican, en cambio, que los cuerpos de seguridad solicitaron la transcripción del mismo informe en dos oportunidades. El expediente de 5.000 folios al que tuvo acceso Armando.info muestra que la morgue entregó la primera transcripción (0461) a la Fiscalía y remitió la segunda (2593) al Cicpc durante la inspección del apartamento, ordenada en abril de 2015 luego de que las hermanas de Tirone González exigieran en marzo una investigación más exhaustiva.

La documentación deja claro que cada autopsia posee una numeración única e irrepetible: El protocolo 161-15 corresponde exclusivamente a Carlos Molnar. El 162-15 al caso de Tirone González. No existe, por tanto, un “doble protocolo” para una misma autopsia. El exfiscal general malinterpretó el propósito de un libro administrativo.

Saab también aseguró que la patóloga Mendoza había omitido el registro de lesiones que, según sus señalamientos, el cadáver de Canserbero presentaba al momento de su examen forense y que para los investigadores de 2023 resultaban evidentes: una fractura en el rostro y heridas punzantes en su costado. Para la fiscalía de Saab, no se trató de un error sino un de intento deliberado de encuadrar la muerte como un suicidio. Un encubrimiento.

Pero, de nuevo, la revisión del voluminoso expediente de la investigación permite constatar que en 2015 la fractura de la mandíbula sí quedó documentada y fotografiada por la policía científica desde el primer momento.

En verdad, la exhumación practicada en 2023 no solo confirmó los resultados de la autopsia de 2015, sino que reforzó hallazgos que ya estaban asentados en el protocolo original. En 2015, la autopsia ya decía que Canserbero presentaba en su cuerpo múltiples golpes causados por la caída que causó su muerte: fracturas en el cráneo, la columna, costillas y la escápula, además de una fuerte lesión en la cara que le afectó la boca y le hizo perder dientes, clara señal de un trauma facial severo.

La autopsia describió en lenguaje técnico forense un cuadro de “politraumatismo por precipitación, con fractura completa del hueso occipital y base craneana, lesiones en columna dorsal, fracturas costales y escapulares, además de una herida anfractuosa en la comisura labial y hemimejilla derecha con pérdida de estructuras dentarias”. Ocho años después, la exhumación documentó fractura del maxilar superior y una mandíbula fracturada en dos, hallazgos que en ningún modo contradecían aquella experticia inicial. Por el contrario.

Pero la coincidencia más relevante entre las experticias forenses de 2015 y 2023, que se verifica al leer el expediente, es la conclusión de que Canserbero cayó vivo sobre los barrotes y en el suelo a la entrada del edificio Camino Real de Maracay, la madrugada del 20 de enero de 2015. Se trata de un punto decisivo para establecer responsabilidades verídicas en el suceso.

La pruebas reinas eran plebeyas (y débiles)

En sus confesiones grabadas en video de 2023, los hermanos Améstica relataron que habían arrojado desde el décimo piso el cuerpo, ya sin vida, de Canserbero, tras haberle asestado golpes contundentes y cuchilladas que lo mataron.

Pero los propios hallazgos de la exhumación de 2023 -ordenada por Tarek William Saab-, que se encuentran en el expediente, revelaron que varias de las lesiones óseas evidenciadas en los restos de Tirone González presentaban una «reacción vital». En términos técnicos, esto significa que el rapero todavía estaba vivo cuando su cuerpo impactó contra el pavimento, una discrepancia fundamental que debilita la cronología de los hechos presentada por la acusación en 2023.

La anatomopatóloga forense Elizabeth Pelay, experta que participó de la exhumación de 2023, determinó que Canserbero murió por un golpe muy fuerte en la cabeza, una de las múltiples lesiones graves que sufrió por la caída desde una gran altura. Una de sus comprobaciones fue, precisamente, que los restos mostraban “impregnación hemática” (la citada reacción vital) en la columna vertebral. Es decir, que su corazón latía cuando impactó contra el pavimento.

En el juicio de los policías, Pelay explicó que ese signo trasluce que las lesiones se produjeron cuando la víctima aún estaba viva, porque hubo sangrado en el momento del trauma. No se trataba ni de daños post mortem ni de alteraciones producidas por la manipulación del cadáver. “Todas fueron en vida”, declaró bajo juramento.

Este detalle contradecía la autoincriminación que Natalia Améstica accedió hacer en video en televisión Nacional, donde aseguraba que los funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia, policía política) que actuaron como cómplices le instruyeron limpiar el cádaver de Canserbero para luego lanzarlo al vacío y, de ese modo, simular un suicidio.

En el estrado, al final del juicio, la doctora Solángela Mendoza Goicochea, la anatomopatóloga que realizó la autopsia de los cuerpos en 2015, ahora acusada por Saab como responsable de encubrimiento, ejerció su derecho a hablar. Su defensa mantuvo un tono técnico, propio de una profesional con 30 años de carrera y una trayectoria docente en la Universidad de Carabobo (UC). Se presentó como una especialista acorralada por un sistema que ahora pretendía usarla como chivo expiatorio. Tuvo razón al perfilarse así: sin importar la índole de sus alegatos, de todas maneras la condenaron.

Los documentos del sumario dejan ver que durante el juicio Mendoza explicó que, para 2015, los procedimientos establecidos para los patólogos de Medicina Legal no preveían la necesidad de acudir al sitio del suceso a hacer el apropiado levantamiento técnico, lo que le restaba un 30% de acceso a información vital como el análisis de la temperatura del cuerpo, la rigidez cadavérica inicial y la orientación de las heridas respecto a los objetos que se encontraran en el lugar.

Mendoza rechazó la versión de la fiscalía sobre el supuesto ocultamiento de la fractura de mandíbula, base para los cargos de supuesto encubrimiento. Como se dijo antes en este reportaje, su informe registró una «herida anfractuosa» con pérdida de piezas dentales, la descripción técnica de un impacto de gran fuerza en la cara. Lo que la fiscalía llamó «omisión» en realidad se compaginaba con la desatención o simple ignorancia de la terminología médica.

En el estrado, la anatomopatóloga de la investigación de 2015 trajo además a colación un hallazgo de sus pesquisas originales que los fiscales de Saab en 2023 ni mencionaban. Halló en el cadáver de Carlos Molnar signos del reflejo cremasteriano, que produce la retracción de los testículos por shock, prueba de que la víctima sufrió una respuesta fisiológica extrema que indica que percibió que estaba frente a una situación de vida o muerte.

“El reflejo cremasteriano yo lo he encontrado cuando a un paracaidista no se le abre el paracaídas: el miedo retrae ambos testículos y el pene. Ese reflejo yo no lo encontré en Tairon [Sic, un probable yerro de la transcripción en el expediente], por eso no se lo describí, lo que había era una relajación, pero en Carlos sí lo encontré”, detalló.

Sobre Tirone González dijo: “Es imposible que un cadáver lo lancen y tenga impregnación hemática si se lo hicieron pre-mortem; no tendría impregnación hemática en la columna porque el corazón no está funcionando. Cuando ese individuo iba en caída, discúlpeme, no fue una caída libre, esa caída de altura se llama caída complicada. La fuerza de gravedad y el cuerpo que va bajando hace que el individuo con cualquier sobreelevación, así sea hasta un pequeño palo o un pequeño matero, por la velocidad y la fuerza cambie de dirección y choque con cualquier cosa. Eso fue lo que le pasó a ese individuo. Las heridas que ellos dicen que son heridas punzo cortantes, esas son heridas contusas; la gravedad y un objeto que no tiene punta ni filo rompe porque se pierde la elasticidad de la piel por la presión y la fuerza,”

La «caída complicada», analizó Mendoza, había sido la causante de las heridas de bordes irregulares, o anfractuosas, que la fiscalía de Saab interpretó como puñaladas pero que, en realidad, eran desgarros producidos por impactos violentos contra objetos sin filo. Eso sí, la anatomopatóloga aprovechó la oportunidad para contar que en 2015 Medicina Legal en Maracay no contaba con un equipo de Rayos X que permitiera detectar fracturas internas.

Con ese testimonio abordaba el meollo del asunto, contradiciendo la tesis central de Saab, según la cual Canserbero murió apuñalado antes de que su cuerpo cayera desde el décimo piso.

En el expediente también se lee que Mendoza se deslindó de los errores de fechas y números de protocolo, argumentando que su función terminaba al entregar el manuscrito al personal administrativo. Aseguró que la numeración y el registro de fechas en los protocolos de autopsia no competen al patólogo, sino al personal secretarial, y preguntó por qué no llamaran a declarar a ese personal. Por último cuestionó, además, la veracidad de las firmas que aparecen en las copias del expediente de 2023, así como la ausencia de su propia rúbrica. «¿Dónde está mi protocolo o mi hoja de levantamiento de cadáver o la autopsia original, donde está mi firma?», inquirió durante su declaración.

10 kilos o 65 kilos, ¿qué más da?

Los documentos sobre la investigación y el juicio de 2023 pormenorizan también la realización de otras pruebas que terminaron por generar más dudas que certezas. Una de ellas se refiere a la recreación con maniquíes de la trayectoria que debió seguir Canserbero cuando se lanzó al vacío.

En el informe se explica que la reproducción de la caída supuso el uso de un maniquí de 165 centímetros de altura y un peso de 10 kilos, al que se le añadieron bolsas de arena lavada para alcanzar los 65 kilos que pesaba el cantante en el momento de su muerte. Pero la variable del peso solo se mantuvo constante en la primera ronda del experimento.

En el primer lanzamiento de caída libre desde el apartamento 10-A del edificio Camino Real, donde ocurrieron los hechos de enero de 2015, se lanzó el muñeco sin impulso. El modelo chocó contra obstáculos del edificio que alteraron su dirección. Sin embargo, para la segunda prueba, se le retiró el peso de la arena al maniquí, que terminó siendo un monigote de 10 kilos. El argumento técnico para la modificación fue facilitar que el experto pudiera empujar el cuerpo, una decisión que plantea interrogantes sobre si un modelo de apenas 10 kilos puede simular fielmente la trayectoria de un cuerpo de 65 kilos en caída libre.

La Fiscalía publicó videos sobre cómo hacían las experticias mientras se hacía la investigación en 2023. Crédito: Foto tomada de la red X de Tarek William Saab.

La conclusión de esa prueba imperfecta fue el que apoyaba la tesis de Tarek William Saab y su equipo: que resultaba muy poco probable que la ubicación y postura final del cadáver de Tirone González en la escena del crimen fueran producto de un salto con impulso propio, lo que además sugería una alta probabilidad de que el cuerpo había sido movido de su posición original tras el impacto. Determinó que el cuerpo cayó sin impulso propio -o que no se lanzó, sino que lo dejaron caer- y que, debido a las características de la ventana y la ausencia de puntos de apoyo, resultaba “casi imposible” que una persona se tirara por sí sola y describiera una trayectoria que lo dejara en el lugar donde se encontró el cadáver. El experto sostuvo que la ubicación final del cuerpo, a 4,20 metros de la pared del edificio) y su disposición en el pavimento eran improbables sin que contaran intervención de terceros, además de indicar que la víctima debía encontrarse en estado de indefensión o inconsciencia.

El experto encargado de la recreación, Douglas Sojo Griman, acudió al juzgado para defender su práctica y dictamen. Admitió haber realizado únicamente dos lanzamientos, mucho menos que los de tres a cinco que los abogados defensores citaban como estándar técnico para robustecer la muestra. “Ya con esas dos para mí eran suficientes”, alegó Sojo ante el tribunal.

La defensa también destacó la inconveniencia de que Sojo no hubiera dejado en su informe constancia de la presencia de los consabidos aires acondicionados que sobresalen de la fachada del edificio y de las rejas que aguardaban al nivel del suelo, obstáculos probables para la caída libre.

Es algo que la investigación de 2015 sí tomó en cuenta. Estableció que el cuerpo de Tirone González colisionó con al menos un equipo de aire acondicionado, lo que le produjo una herida irregular en la mejilla derecha y desvió su trayectoria inicial. Luego, el choque contra los barrotes de la reja volvió a alterar el curso de cuerpo, en el que causó lesiones en el tórax y la espalda.

En el registro fotográfico realizado por funcionarios del Cicpc el día de los hechos, puede verse una foto de una reja metálica de color negro, que delimitaba un pequeño jardín de plantas ornamentales, desprendida de un muro de ladrillos y con uno de sus barrotes deformado, cubierto con rastros de sangre. Más de dos meses después, el 1 de abril de 2015, una nueva inspección pericial del lugar encontró que la reja había sido colocada de nuevo en su posición original, y que el barrote doblado había sido enderezado de forma manual.

A propósito de la investigación de 2023, el 15 de noviembre, durante una de las pruebas en el sitio con el maniquí, surgió -de manera espontánea, según el expediente- el testimonio de Daniel Araque Flores, vecino del piso 16 y presidente de la junta de condominio del edificio Camino Real, quien aseguró que «él [Canserbero] no cae así, él cae sobre la reja y luego lo mueven». Ante la relevancia de la afirmación, el Ministerio Público libró una boleta de citación inmediata para Araque. Sin embargo, en el registro procesal del juicio no existe constancia alguna de que el hombre haya hecho una declaración formal para la investigación y tampoco fue citado como testigo por el tribunal.

Otra de las grandes contradicciones de la investigación que se evidenciaron durante el juicio fue revelada en la declaración del funcionario Juan Carlos Flores Gutiérrez, experto de la División de Microanálisis, quien aseguró que recibió las evidencias sin saber a quién pertenecían y que la ropa de los fallecidos llegó sin individualización alguna. Es decir, no sabía a quién correspondía cada prenda. Pero en el expediente consta que en la morgue que se despojó a Carlos Molnar de un mono gris y una franela negra, y a Tirone González de un short verde. Los memorandos de solicitud 1032 y 1033, enviados en un principio al laboratorio, sí mencionaban que esas ropas pertenecían a Molnar y a Canserbero, respectivamente.

Aquel año solo se hizo un estudio o tipeaje del grupo sanguíneo al que correspondían los rastros de sangre encontrados en las prendas de vestir de los occisos. Nunca, ni en 2015 ni en 2023, se hizo prueba de ADN.

La dosis con el ansiolítico alprazolam que habría suministrado Natalia Améstica a su pareja, Carlos Molnar, y a la que ella misma se refirió en una de sus confesiones públicas de 2023 como la manera que usó para dejarlo inconsciente, no se reflejó en la autopsia.

En 2015, las autopsias concluyeron que no había contenido gástrico en los cuerpos de González y Molnar. También la patóloga Solángela Mendoza recolectó muestras de sangre y vísceras el día de las autopsias para descartar consumo de alcohol o drogas de abuso. En los documentos se lee que la fiscalía reiteró en marzo de ese año la necesidad de obtener con urgencia los resultados, a lo que el Servicio de Medicina y Ciencias Forenses del estado Aragua respondió, en abril de ese año, que las evidencias fueron descartadas por el deterioro que habían sufrido por una falla en las cavas de refrigeración. Es decir, en 2015 no se supo si los fallecidos consumieron alguna sustancia esa noche.

En 2023 el resultado del peritaje salió negativo por intoxicación en las muestras de piel y cabello de Carlos Molnar. El patólogo Luis Miguel Matute dijo en el estrado que el resultado negativo no era concluyente por el deterioro orgánico de las muestras recolectadas ocho años después de los hechos.

Ni tan plan, ni tan maestro

La acusación de asociación para delinquir, uno de los componentes más complejos del caso, terminó por desmoronarse, aún ante un tribunal poco quisquilloso, habida cuenta de la falta de evidencias sobre un plan preexistente para cometer el crimen. La fiscalía intentó infructuosamente de convencer a la jueza de que el comerciante Marcos Pratolongo, la anatomopatóloga Solángela Mendoza y los inspectores del Cicpc Teresa Pinto, Edgar Trillo y Gilbert Cruz, no habían cometido errores aislados por negligencia, sino que se habían concertado para crear una especie de “maquinaria de encubrimiento”, donde cada uno colaboró para sepultar la verdad de los hechos.

Específicamente, la versión de la Fiscalía en 2023 aseguró que Cruz, Trillo y Pinto llegaron a una escena ya alterada pero que, en lugar de preservar lo que había, decidieron avanzar en la manipulación a cambio de 10.000 dólares que cobraron de Guillermo Améstica. Entre las supuestas maniobras que habrían concebido, indujeron a Natalia Améstica a impregnar sus pies con sangre de Carlos Molnar y caminar hacia la ventana para fabricar los rastros de una supuesta trayectoria de Tirone González antes de caer.

Otra experticia llevada a juicio fue un ciberpatrullaje que realizó el experto Carlos Luis Bermúdez Osorio, por el que rastreó redes sociales y plataformas digitales para reconstruir versiones y testimonios sobre la muerte de Canserbero, según afirmó ante el tribunal.

Entre los principales resultados destaca el correspondiente al análisis de las publicaciones del usuario Iván R. Lucas en la red social X, antes Twitter, y en YouTube. Lucas, que se identifica como un exagente de la desaparecida Policía Metropolitana de Caracas, sostuvo en un hilo del 20 de enero de 2023 -octavo aniversario de los aciagos sucesos-. que mantiene fijado en el perfil de su cuenta de X, que el caso correspondió a un doble homicidio que se hizo pasar como suicidio. Según esa versión, Guillermo Améstica habría ejecutado el crimen junto a tres presuntos sicarios —Renny Efrén Rojas, Elver García Guerra y Steven Pérez—, señalados como funcionarios activos del Sebin y escoltas de Tareck El Aissami, hoy preso en Venezuela a raíz del escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto, pero que para la fecha del crimen se desempeñaba como Gobernador del estado Aragua, entidad regional donde ocurrieron los hechos. Luego, en 2017, El Aissami pasaría a ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva de la República..

De acuerdo con esas publicaciones, el móvil habría sido económico. Lucas aseguró que el conflicto surgió por la presión de Guillermo Améstica para que Carlos Molnar y Canserbero devolvieran un préstamo con intereses elevados que les había concedido, situación que habría desatado una fuerte tensión la noche de los hechos. El usuario de X sostuvo que Canserbero fue llevado esa noche a la azotea del edificio Camino Real, golpeado, desnudado y torturado, antes de ser arrojado.

El Ministerio Público dice en el expediente que intentó localizar al tal Lucas para que aportara información a la causa, pero que no consiguió establecer su identidad legal. Aún así, su versión se presentó como evidencia en el juicio. También dijo haber pedido que se ubicara a los supuestos funcionarios del Sebin. La gestión no tuvo éxito, con lo que no hubo más menciones sobre ellos en el expediente ni se libró órden de captura.

La investigación de 2023 encontró que, durante la inspección técnica del apartamento 10-A en 2015, se había permitido la presencia de Guillermo Améstica, algo que basó sobre los resultados de las experticias de antropología forense practicadas en registros fotográficos y su análisis morfológico en 3D.

La argumentación de la sentencia también dejó ver posturas encontradas en cuanto a la valoración probatoria.

Tarek William Saab dijo que por primera vez en Venezuela se hacía un estudio de huella plantar en un caso, a la que calificó como “la prueba madre” que desmontaba la tesis de suicidio. Pero la jueza desestimó el informe sobre el calzado Reebok supuestamente perteneciente a Canserbero, al considerar que no generaba “convencimiento alguno” sobre las circunstancias de su recolección; no se podía comprobar a quién le pertenecía el zapato.

A pesar de esa objeción, contradictoriamente la jueza sí otorgó pleno valor al estudio antropológico de la experta Marjorit Pacheco, que determinó que las huellas plantares con sangre fijadas en la cocina correspondían a un calzado de talla 37.5, atribuida a Natalia Améstica e incompatible con la talla 41 de Tirone González.

Para colmo y en respaldo del relato del suicidio simulado, las hermanas de Canserbero denunciaron en el juicio que el inspector Edgar Trillo guardaba el arma homicida en la gaveta de un escritorio y no bajo la adecuada cadena de custodia, algo que o el tribunal valoró como evidencia de manejo irregular de la prueba, aceptando como cierto el solo testimonio de las denunciantes.

Buena parte de la narrativa de la fiscalía de Tarek William Saab descansaba sobre la especie de que unos supuestos rasguños en el rostro y los brazos de Marcos Pratolongo eran señales de su participación en un forcejeo. Fueron las hermanas y una sobrina de Canserbero quienes insistieron en ello, recordando que la fecha del crimen Pratolongo lucía alterado y con marcas en el cuerpo. Aseguraron como respaldo que Winston Correa, El Sombra, amigo de Tirone, había visto esas heridas. Correa, sin embargo, dijo lo contrario en el estrado.

En el juicio negó haber visto rasguños, golpes o señales de pelea en Pratolongo. También aseguró que notó en él una actitud normal, que no se llevó nada del apartamento que tenía alquilado Canserbero y que registró en fotos y videos lo que recogía.

La polémica en torno a Pratolongo data desde la investigación en 2015, cuando fue citado a declarar ante el Cicpc por estos runrunes. Nada se le comprobó. De hecho, en el proceso reabierto en 2023 surgió otra evidencia que lo exculpaba: los registros de telefonía celular lo ubicaron en su residencia, y no en el apartamento, durante la noche-madrugada de los funestos hechos.

En su declaración final, Pratolongo sostuvo que nunca estuvo en la escena del crimen cuando ocurrieron las muertes. Dijo haber llegado al edificio pasadas las 10 de la mañana, cuando Natalia Améstica ya había salido rumbo al Cicpc. Según explicó, ella le entregó unas llaves en la morgue, no del apartamento donde ocurrieron los hechos, sino del inmueble de Carlos Molnar alquilado por Canserbero, para facilitar a la familia el retiro de sus pertenencias y buscar ropa para el sepelio del occiso. Aseguró que actuó por confianza y que documentó todo para dejar constancia. Correa respaldó esa versión.

La propia Natalia Améstica declaró el 1 de febrero de 2024 que Marcos Pratolongo no tenía relación con los hechos.

Por otra parte, un experto en telefonía de la fiscalía, Wilmer Velasco, afirmó que no hubo intercambio de llamadas entre los acusados y funcionarios policiales en los días del suceso. La Fiscalía apenas contó con indicios de la coincidencia geográfica de algunos implicados, cerca de la sede del Cicpc en Maracay, como prueba de una supuesta coordinación presencial para encubrir lo ocurrido. Con todo esto, el tribunal no vaciló en condenar a Pratolongo a 20 años y seis meses de prisión.

El mismo experto detalló los movimientos geográficos de los teléfonos asociados a Guillermo Améstica durante los días 19 y 20 de enero de 2015 y dijo que no hubo evidencia de que estuviera en el lugar de los hechos en los momentos críticos descritos en la confesión de Natalia Améstica.

Según el análisis, el 19 de enero el dispositivo se localizó a las 6:00 a. m. en la calle Piar del sector El Limón, norte de Maracay, y tuvo su última conexión a las 7:00 p.m. en el sector Aglomerado San Francisco; posteriormente, se registró un periodo de inactividad hasta la mañana siguiente, lo que sugiere que el equipo permaneció apagado. El 20 de enero, el teléfono retomó la señal a las 6:00 a. m. El perito Velasco precisó además que la antena de la celda que cubría el edificio Camino Real, donde ocurrió la tragedia, era la de La Cooperativa, pero los registros indican que el número de Améstica nunca se conectó a esa celda, a diferencia del de Tirone González, lo que evidencia la falta de coincidencia en el mismo lugar de ambos.

A ello se suma que en las fotografías de la escena del crimen en 2015 tampoco se observa el sofá mencionado en la confesión de Natalia, donde ella afirmaba haber apuñalado a Tirone González mientras este estaba desvanecido. Pese a estas inconsistencias, el Ministerio Público sostuvo su acusación apoyándose solo en la confesión de Guillermo Améstica.

El momento más crudo y elocuente de todo el juicio llegó cuando Elba González Vilar, madre de Carlos Molnar, brindó su testimonio. De antemano, su declaración tenía un peso singular, no solo por su condición de madre de la víctima, sino por su formación como médica y profesora de anatomía.

Casi al final de las audiencias, Elba González se sentó frente al tribunal para denunciar que había sido invisibilizada durante esta nueva investigación de 2023. “En todo este tiempo no he sido tomada en cuenta”, reclamó. En su intervención también dio a conocer que, en cambio, habían intentado manipularla. Explicó que, en 2015, su colega Mendoza le había descrito un ataque directo al corazón como causa de la muerte de Molnar, sin señales de pelea, lo que interpretó como un gesto de humanidad para una madre dolida.

Aprovechó que estaba frente a la jueza para denunciar a la Fiscalía durante este nuevo proceso. Señaló irregularidades administrativas y presiones procesales. Entre ellas, la opacidad en torno a pruebas cruciales, como el informe de exhumación, que nunca le fue entregado.

A la madre de Molnar solo le avisaron de la exhumación de su hijo el mismo día, 17 de diciembre de 2023, en que la comisión ya se encontraba en el cementerio. Aún así logró llegar al procedimiento alrededor de las 10:30 de la mañana, en compañía de un amigo. Encontró todo dispuesto para la experticia. Reconoció a la fiscal presente, quien le informó que el objetivo principal de la diligencia era extraer folículos pilosos para determinar si a su Molnar le habían suministrado alguna sustancia.

También denunció notificaciones extemporáneas para asistir a las audiencias de los hermanos Améstica y expuso un episodio donde, dijo, fue inducida a firmar un documento del que luego supo que era una cesión de sus derechos al Ministerio Público, razón por la cual le negaban acceso al expediente.

También rechazó la versión de la Fiscalía según la cual la patóloga Mendoza era amiga de Natalia Améstica, aclarando que la relación de confianza era con ella.

Cuestionó versiones difundidas en medios de comunicación, como la supuesta deportación de Natalia Améstica desde Chile o que habría salido huyendo, asegurando que, según su entendimiento, los registros migratorios evidencian que viajaba con normalidad. La declaración tuvo uno de sus momentos más tensos cuando respondió preguntas de la fiscalía, la defensa y, finalmente, del propio tribunal. La jueza le preguntó por qué había dicho a una amiga psiquiatra: “¿Cómo es posible que un loco de mierda me haya matado a mi hijo?” La madre le respondió desde el estrado con una parca resolución: “Porque Tirone mató a mi hijo”.

Pese al peso emocional de su testimonio y la acreditación de Elba González como anatomista, la jueza decidió desestimar por completo su relato, afirmando que “no tiene ningún valor probatorio”.

La Fiscalía reconstruyó en una animación su nueva versión de los hechos y la mostró en televisión nacional. Crédito: Video tomado de la red X de Tarek William Saab

Al final, ante la fragilidad de las experticias, la confesión de los Améstica terminó siendo el sostén de la condena. El juicio cerró dejando la sensación de que la verdad judicial se construyó sobre exclusiones selectivas y la narrativa mediática. Elba González, la madre de Carlos Molnar, pronunció en el tribunal un vaticinio clarividente: «Veo gente inocente pagando (…) se han dicho cosas que no son verdad y yo las escucho por la televisión».

Epílogo ¿provisional?

Hoy, quienes fueron a juicio y declarados culpables en ese segundo proceso, se encuentran con una medida cautelar sustitutiva de libertad.

El exfuncionario policial Yonel Toro Noguera, entonces en contumacia ante el tribunal, fue capturado en Estados Unidos en 2024 por ICE (siglas en inglés del U.S. Immigration and Customs Enforcement o policía migratoria). Por un retruque en la agenda pública, el caso de Toro Noguera se incrustó en un tema de gran actualidad política: terminó deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) la siniestra megacárcel de máxima seguridad del régimen de Nayib Bukele en El Salvador, junto a un lote de inmigrantes venezolanos; solo en mayo de ese año Caracas lograría su repatriación.

Por su parte, el también exagente del Cicpc, Vicson Jesús Medina fue deportado posteriormente a Venezuela y permanece bajo detención a la espera, desde hace un año, por su propio juicio que no termina de empezar, según fuentes del caso.

Guillermo y Natalia Améstica estuvieron recluidos en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), hasta marzo de 2026. Entonces, Guillermo Amestica fue trasladado a la cárcel de Yare III, en los Valles del Tuy del estado Miranda, al suroeste de Caracas, mientras que Natalia Améstica fue a parar al Centro de Formación para las Procesadas Femeninas La Crisálida, ubicada en Los Teques, capital del mismo estado.

Según testimonios, en esos sitios de reclusión han encontrado un trato mejor al que recibían en la sede del Conas. Por ejemplo, Natalia Améstica logró nombrar un abogado privado, algo que hasta entonces le había resultado imposible desde la dependencia de la Guardia Nacional en Quinta Crespo, Caracas. Pero esa reciente prebenda permitió conocer la última irregularidad que corona esta historia de anomalías: ahora nadie sabe dónde se encuentra el expediente oficial del caso.

Con el poder firmado desde la cárcel por su nueva cliente, Natalia Améstica, el abogado Joel García acudió a juramentarse ante el Tribunal de Ejecución donde reposa la causa. Allí le informaron que no tenían el expediente pues la Corte de Apelaciones lo había solicitado y remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde, a su vez dijeron que tampoco lo tenían.

García asegura que “el expediente está desaparecido (…) para que nadie pueda tener acceso a él”, lo que mantiene a los implicados en “un limbo jurídico”, y recalca que, al no haberse interpuesto recursos legales, dicho expediente nunca debió salir del tribunal de ejecución. Y cierra con esto: “Ese expediente no resiste el menor análisis para poder condenar a dos personas a 25 años”.