Está vinculado en la JEP al caso de falsos positivos por actuaciones como comandante de una compañía en Antioquia y hoy es señalado de dar información a ‘Calarcá’
Antes de verse envuelto en el escándalo por sus presuntos nexos con Alexander Díaz Mendoza, alías ‘Calarcá’, jefe de las disidencias de las Farc, el general del Ejército Juan Miguel Huertas Orjuela venía haciendo fila ante la JEP para expiar culpas de su pasado como posible responsable de ejecuciones extrajudiciales.
Su historia, que recobra interés al ser señalado como responsable de una infiltración a gran escala de ‘Calarcá’ en oficinas estatales, se inició en 2002 cuando el oficial tenía el grado de capitán y comandaba una compañía del Batallón de Artillería No. 4 ‘Coronel Jorge Eduardo Sánchez’, perteneciente a la IV Brigada.
Su firma aparecía en una orden de batalla con la que fue justificada una operación cruenta y espuria que culminó con la muerte de cuatro inocentes presentados luego como supuestos guerrilleros muertos en combate.
Todo el informe militar rubricado por él era falso. Incluso el área del supuesto combate que habría ocurrido en la vereda San Cosme del municipio antioqueño de Granada. En ninguna parte de la información cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi aparecía ese lugar.
Lo que sí resultó cierto es que las víctimas, Medardo Ángel Galeano Rave, Aldemar Suárez Díaz, Norberto de Jesús Isaza Guzmán y Ramón Enrique Rengifo, eran jóvenes de bien que fueron reclutados en Medellín con la promesa de un trabajo bien pagado en una zona rural de Antioquia.
Sus familias denunciaron el falso positivo cuando conocieron el parte oficial sobre la operación militar. Uno de los comparecientes ante la JEP respaldó la denuncia y confirmó que todo fue obra de un montaje perverso utilizado engañosamente para mejorar los índices operacionales de la unidad militar.
“La orden de operaciones fue suscrita por el comandante del BAJES, el teniente coronel Iván Darío Pineda Recuero y autenticada por el capitán Juan Miguel Huertas Herrera. La misión de la orden consistía en adelantar operaciones ofensivas de registro y destrucción en el área general del municipio (sic) de San Carlos, San Luis, Granada y Cocorná. Iba dirigida y estaría al mando de teniente Nelson Carvajal Chisco, por sucesión el comandante de Cañón 3 y el teniente Emerson Morales Castaño”, precisa un aparte del expediente tramitado ante la JEP.
Las sospechas que se ciernen sobre Huertas son aún más graves. En el mismo macrocaso en el que es ventilada su responsabilidad hay información sobre la muerte, a manos de militares en la misma época, de una niña de 16 años identificada en la ficha de la necropsia como Luz Stelly Morales Arias.
El destacamento del que hacía parte Huertas retuvo inicialmente a la menor, guiado por la información -falsa- de la desmovilizada Deisy Liliana Parra Giraldo. Luego su cadáver apareció enfundado en prendas de campaña y con un revólver en la mano.
Los campesinos de la región declararon que Luz Stelly era una niña estudiante y de buenas costumbres y que jamás en su corta vida había conocido arma alguna. Sus declaraciones dejaban en claro que también esa operación militar, denominada Marcial Norte, era un montaje criminal.
Antes de que esa información llegara a los despachos judiciales, Huertas ascendió en el escalafón militar y llegó al grado de brigadier general.
Con información sobre esos y otros antecedentes, en 2020 el presidente Iván Duque aplicó su facultad discrecional y lo llamó a calificar servicios. Mientras Huertas demandaba a la Nación por lo que llamaba un “desafuero” Gustavo Petro, elegido presidente en 2022, lo llamó de nuevo a filas y autorizó su llegada al cargo de jefe del Comando de Personal del Ejército.
Desde allí, según una denuncia de Noticias Caracol, estuvo en contacto con las disidencias de las Farc a las que le propuso crear empresas de seguridad, bajo la fachada de proteger a líderes sociales, para que pudieran transitar con armas de uso reservado a las Fuerzas Militares y hacerlo sin apremio alguno.
También, según la misma investigación periodística, Huertas compartió con la estructura de Calarcá información secreta sobre operaciones militares y les entregó inclusive las frecuencias radiales del Ejército, en desarrollo de una conducta considerada por varios expertos como una auténtica traición a la patria.
Aun así, el presidente Petro lo defiende y tacha de “falsas” las denuncias. Para él Huertas es una de las personas que le han ayudado a “purgar” a funcionarios corruptos dentro de las Fuerzas Militares.
El presidente ha vuelto a instalar su espejo retrovisor para asegurar que los permisos para la operación de empresas de seguridad privada conectadas con la delincuencia fueron expedito por su antecesor, Iván Duque.
Con excepción de Álvaro Uribe y del propio Duque, todos los expresidentes de la República le han pedido al primer mandatario que actúe con franqueza y decisión para contener lo que para ellos es un grave atentado contra la seguridad nacional y contra el orden institucional. En ese sentido se pronunciaron Cesar Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos.
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