La ciudadanía por nacimiento llegó a la Corte Suprema —y no como un principio incuestionable, sino como un blanco de una orden ejecutiva. Lo que por más de un siglo se entendió como un derecho garantizado por la Enmienda 14 —que toda persona nacida en Estados Unidos es estadounidense— ahora se somete a los tribunales, impulsada por la Casa Blanca.
Lo que se escuchó hoy en la Corte dejó más dudas que certezas.
Durante más de dos horas, los jueces debatieron si bloquear la orden de Trump en todo el país era excesivo… o necesario. Las preguntas revelaron fracturas internas: algunos conservadores parecían reconocer el caos que causaría una ciudadanía por áreas, mientras que otros, como el presidente del tribunal, John Roberts, mostraban más preocupación por limitar el alcance de los jueces federales.
La jueza Kagan advirtió que si se permite aplicar la orden mientras se resuelve el caso, miles de niños podrían quedar sin ciudadanía. Nadie dijo explícitamente cómo votará, pero sí quedó claro que este caso pone a prueba no solo la Constitución, sino la capacidad de la Corte para contener el poder presidencial.
¿Qué está en juego con la ciudadanía por nacimiento? El presidente Trump firmó en su primer día de mandato una orden ejecutiva que busca redefinir quién puede ser ciudadano estadounidense al nacer. En lugar de aplicar la Enmienda 14 —que garantiza ciudadanía a toda persona nacida en EEUU—, pretende limitarla a hijos de ciudadanos o residentes legales. Es una interpretación sin respaldo legal en más de un siglo de jurisprudencia.
Todas las cortes que han analizado esta medida la han bloqueado, pero la Casa Blanca insiste en implementarla mientras se litiga. El peligro es claro: si se permite su aplicación provisional, miles de niños podrían quedar sin patria ni derechos, aunque luego se determine que la orden era ilegal.
La Corte no debate la legalidad, sino el poder de los jueces. Lo que se discute ahora no es si Trump tiene razón legal (todo indica que no), sino si un solo juez federal puede bloquear una política a nivel nacional. La administración sostiene que las llamadas injunctions universales son abusivas, pero sus críticos señalan que sin ellas habría un país con ciudadanos por estado. Imagina que cruzar de Nueva York a Pensilvania te quite la ciudadanía: ese es el escenario que varios jueces —incluso conservadores— consideran inviable.
El fondo es político: si la Corte restringe esos bloqueos judiciales, le dará más margen de acción a futuras órdenes presidenciales, legales o no.
Más que ciudadanía: es la nueva forma de gobernar. Esto no es solo una batalla sobre inmigración. Es el intento más audaz de Trump por gobernar por decreto, sin pasar por el Congreso ni por las agencias federales.
Es el mismo patrón que usó para vetar musulmanes, restringir a personas trans en el ejército o mover fondos del Pentágono para su muro. Y todos esos planes fueron frenados en tribunales. ¿Qué pasaría? Si ahora la Corte le recorta el poder a esos jueces, se institucionaliza un gobierno donde el presidente puede actuar primero y responder (quizás) después.
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