El fracaso del Estado docente

En el año 2009 se promulga una ley orgánica de Educación que, mediante disposición derogatoria, anula la ley de educación que existía desde 1980.

Esta acción legal sustitutiva trae como uno de sus postulados fundamentales la adopción explícita del concepto del estado docente. Se formaliza, algo que existía, la estatización del proceso educativo a través del ejercicio de una función rectora y contralora total del ente público. En agosto de 1946, Luis Beltrán Prieto, en una conferencia dictada en la escuela normal Miguel Antonio Caro exponía esta  tesis en los siguientes términos:

«Todo Estado responsable y con autoridad real asume como función suya la orientación general de la educación. Esa orientación expresa su doctrina política y, en consecuencia, conforma la conciencia de los ciudadanos».

En el artículo quinto de la nueva ley de educación (2009) se impone este concepto rector de la actividad educativa basado en el mencionado precepto del Estado docente, el cual es definido de la siguiente manera:

“El Estado docente es la expresión rectora del estado en educación, en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable,  irrealizable y como servicio público que se materializa en las políticas educativas. El Estado docente se rige por los principios de integralidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. En las instituciones educativas oficiales el Estado garantiza la idoneidad de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, la infraestructura, la dotación y equipamiento, los planes, programas, proyectos, actividades y los servicios que aseguren a todos y todas igualdad de condiciones y oportunidades, y la promoción de la participación protagónica y corresponsable de las familias, la comunidad educativa y las organizaciones comunitarias, de acuerdo con los principios que rigen la presente Ley. El Estado asegura el cumplimiento de estas condiciones en las instituciones educativas privadas autorizadas”

Cualquier intento objetivo de evaluar, medir resultados que se realice sobre la significación del estado docente conduce a la aceptación del fracaso actual de esta intención de convertir la educación en un componente planificado, organizado y controlado desde un estado venezolano con visión concentrada, en su forma presente de autocracia cerrada, como rasgo político que lo define y caracteriza en estos tiempos. Hoy el sistema educativo venezolano es una institución cuyas características estructurales le convierten en reproductor de la pobreza que cubre al 80% de la población del país. 

En cada uno de los campos de políticas educativas se evidencia el total fracaso de la conducción sociopolítica de Venezuela que, de forma lamentable, imprime huellas profundas en los distintos componentes del sistema educativo. 

En la escuela inicial y básica por su incapacidad de actuar como institución fundante del sistema educativo con responsabilidades en la situación nutricional de los sectores escolarizados ¿Cuál es la situación del Programa Alimentario Escolar (PAE)? Un programa realizado exitosamente en muchos países de Latinoamérica y el mundo. 

Si examinamos los resultados de la escuela básica, hoy en profunda crisis, podemos reconocer cuáles han sido los resultados del Estado docente del socialismo del siglo XXI. 

Reducción de la cobertura educativa entre la población de 3 a 17 años. Se estima en millón y medio el número de niños, niñas y adolescentes que permanecieron fuera del sistema educativo en el período 2021-2022 (Encovi).En una población de 9,2 millones de niños, niñas y adolescentes, unos 2,9 millones (32%) no asiste regularmente a clases. Se estima que 1,3 millones no asiste a la escuela por abandono o migración del país. HumVenezuela (2022) Horario mosaico como práctica en las escuelas.De 6,4 millones de niños, niñas y adolescentes que asiste a la escuela, 97% carece de una alimentación escolar suficiente y adecuada, según HumVenezuela (2022).Sector docente en huelga permanente por situación socioeconómica. El 40,8% de las escuelas de educación básica no cuenta con alimentación escolar. Las escuelas inscritas en los programas oficiales no pueden garantizar una cantidad y calidad suficiente ni regular de los alimentos. HumVenezuela (2022).Alarmante deserción escolar, numerosos centros escolares funcionan parcialmente y tienen un alto déficit de docentes.El sistema educativo venezolano no participa en el programa de evaluación universal. No hay programa de evaluación de resultados internacionales aplicados a la población escolar (Proyecto PISA).En 50% de las escuelas  repuntan enfermedades endémicas y dolencias posturales por la falta de higiene, alimentación y pupitres.La persistencia de pocas o casi nulas posibilidades de participar activamente en los procesos de aprendizaje para el trabajo como aspecto orgánico del ambiente educativo.

La inexistente posibilidad de ingresar a un sistema de formación técnica como oportunidad para los sectores urgidos de incorporarse tempranamente al mercado de trabajo es una realidad. Crear una red institucional en el campo de la formación para el trabajo no ha sido priorizada en la legislación que ha regido la educación venezolana. No ha existido la voluntad política para crear un sistema amplio con cobertura territorial de educación para el trabajo vinculado con las demandas de crecimiento económico, capaz de dotar a los individuos de las capacidades requeridas para trabajar.

 El tema en Venezuela no ha sido participar en la producción de riquezas, la consideración prioritaria  ha sido otra, distribuir la riqueza generada por la industria petrolera. El afán educativo no ha sido motor para la construcción del país. La preocupación por la estructuración de un sistema que atienda a la juventud impelida a entrar al mercado de trabajo tempranamente ha sido responsabilidad de instituciones de origen religioso como Fe y Alegría una organización creada por el sacerdote jesuita José María Velaz desde la Universidad Católica Andrés Bello. Una entidad empeñada en ofrecer a la juventud de menores ingresos las posibilidades de adquirir una ocupación que los acredite para ingresar a la vida productiva. Es notable la ausencia de políticas del Estado en cuanto a la educación media profesional, campo que es atendido por estas organizaciones religiosas y algunas instituciones de la sociedad civil,  siendo esta una de las causas del crecimiento de la pobreza en Venezuela. Diversos estudios muestran que los sectores mayoritarios del país, carecen de posibilidades de aprender a trabajar y esta es la causa más profunda de la imposibilidad de resolver la pobreza en un país,  aun siendo Venezuela considerado dentro del grupo de “países productores de Petróleo”. 

El problema sociopolítico no ha sido generar oportunidades de crecer económicamente para los sectores más pobres, por el contrario, el problema político ha sido cómo y quiénes participan en la distribución de la riqueza. 

Cómo distribuir la riqueza generada por el petróleo entre los grupos con poder político en el país es la causa eficiente para las restricciones del concepto filosófico ”ética del trabajo” es decir recompensar los productos del esfuerzo y no usar políticas populistas envilecedoras de la moral ciudadana. 

La distribución del empleo es una muestra de la realidad educativa: sólo el 2,3% es empleo  industrial y manufacturero,  un sector  con mayores requerimientos de calificación para el trabajo, mientras  que casi la mitad (47,6%) de los trabajadores activos trabajan de manera independiente o por cuenta propia. La elevada proporción de trabajadores por cuenta propia, en su gran mayoría en el sector informal, refleja la precariedad de las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores en Venezuela y el bajo nivel de formación del trabajador.

En el campo de la educación superior hoy es patente la ruina manifiesta del sistema nacional de universidades y su desvinculación de planes de desarrollo y crecimiento económico. De acuerdo con Conindustria, seis de cada diez empresas afirman que no contemplan invertir este año en investigación y desarrollo posible campo de vinculación con la educación superior. En promedio, la industria utiliza la quinta parte de su capacidad instalada y el principal objetivo es sobrevivir a la recesión. “A pesar de que la solicitud de presupuesto excluyó estas necesidades, entre 2015-2019 el monto aprobado para la principal universidad pública del país fluctuó entre 17% y 56% de lo solicitado y para este año apenas representa 2,2%”, escribió el periodista Víctor Salmerón en un artículo par Runrunes.

La ley Orgánica de Educación, promulgada en 2009, no modifica el carácter de las anteriores legislaciones y mantiene el virtual abandono de la educación para el trabajo como gran objetivo sociopolítico dirigido a los sectores de menores ingresos, es decir, la amplia mayoría de la población nacional. Esta ley  mantiene el fuerte carácter estatista fundado en la existencia de un Estado con poder concentrado, dueño de la riqueza petrolera, basado en un modelo político autocrático, en ausencia de elecciones multipartidistas para el ejecutivo,  de componentes democráticos fundamentales, libertad de expresión, libertad de asociación, elecciones libres y justas y del desconocimiento del Estado de Derecho con respeto a libertades civiles. La imposición del modelo político autocrático condiciona las restricciones y limitaciones que representa el Estado docente, siendo a la vez un heraldo de su ruina. La razón parece obvia, el aparato del estado en manos de sectores cuyo principal objetivo es mantener el control absoluto del poder y controlar la distribución de la riqueza petrolera se ubica en las antípodas del concepto vigente de democracia abierta participativa, consensuada, conducta política que se manifiesta claramente en la represión de las organizaciones de la sociedad civil,  la limitación de la libertad académica y en nuestro patio en la negación de los recursos presupuestarios requeridos para financiar un proceso educativo clave para el crecimiento económico, enfrentar el crecimiento de la pobreza  y el alcance de índices generales de bienestar de la población. 

Los críticos a la imposición del Estado docente plantean que dicho proyecto indefectiblemente se convierte en una expresión de un estado educador omnipotente e intervencionista que secuestra el interés público al ignorar y desconocer el legítimo deber y el derecho a educar de otras instituciones sociales y, fundamentalmente, al negar el objetivo último de la educación de formar individuos libres e iguales frente a la ley, en lugar de gestar redes de apoyo ideológico  para la manutención del control absoluto del poder que por naturaleza ejercen los modelos autocráticos cerrados.

 La educación en una democracia liberal es imprescindible visualizarla como parte de un proyecto inspirado en un genuino interés social abierto que logre armonizar, mediante mecanismos de inclusión democráticos, a las familias, los medios de comunicación, los partidos políticos, los gremios, las iglesias, las empresas. El estado concebido como una institución al servicio del ciudadano solo puede coadyuvar a la cristalización de esta intención democrática. El planteamiento vigente o reclamo es abandonar el Estado docente y avanzar a la visión de una sociedad educadora. El papel del Estado en la educación puede visualizarse mejor y de manera más pertinente cuando se le ubica en el contexto más amplio de respaldo y fortalecimiento de la participación en las responsabilidades ciudadanas en orientación del modelo educativo.

La pregunta imprescindible de formular es: ¿puede una sociedad donde el estado no es una democracia abierta ejecutar una filosofía educativa basada en la libertad y en los derechos iguales para todos?

Es imposible ejercer el papel de estado docente como generador de más y mejores oportunidades si en realidad esta institución como cuerpo político es una entidad cerrada animada sólo por el afán de imponer una ideología basada en la concentración total del poder como suprema ley.

El balance de la educación superior expresa el fracaso de este subsistema aplastado por el afán político desde el Estado de ejercer un dominio ideológico sobre nuestra red de instituciones. Se identifican, según la investigadora Carmen García Guadilla,  los siguientes problemas que actúan de forma determinante en sus posibilidades institucionales: 

Problemas financieros derivado de la dependencia absoluta de las universidades del financiamiento estatal, parte del modelo de estado docente dentro de un país petrolero (presupuesto insuficiente, limitaciones de la planta física, limitaciones en el mantenimiento, jubilación creciente de los docentes, etc.)Aspectos gerenciales (administración atrasada, excesiva burocracia, etc.), estudiantiles (baja calidad de los estudiantes que ingresan), pertinencia: desfase entre lo académico y la realidad;Escasa relación con el sector productivo (respuestas de diferente índole: se plantea en algunos casos «poca vinculación», y en otros «baja demanda del sector productivo»)Limitaciones en la formación del personal docente,  problemas gremiales y baja productividad de la investigación.

Estos problemas se agudizan cuando el estado docente está inserto en un modelo autocrático cerrado con una economía petrolera estatizada capaz de desarrollar políticas masivas de importación de bienes y servicios que sustituyan respuestas de crecimiento económico generado desde el sistema educativo,  la escuela básica, la formación para el trabajo y la educación superior.

Si el estado docente es expresión de un modelo autocrático, el sistema educativo es penalizado por las mismas causas que debilitan este modelo político, la baja productividad, la desvinculación entre economía y educación. Superar estas restricciones históricas y políticas es la gran tarea para los nuevos tiempos.

Hoy en Venezuela el país está de pie luchando por lograr unas elecciones transparentes, limpias que expresen la voluntad de los ciudadanos ya manifestado en las elecciones primarias, con la elección de la candidata que quiere el país, una condición que vale para todo y especialmente para tener la oportunidad de construir una sociedad educadora, gestora del surgimiento de individuos libres, responsables e iguales frente a la ley

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