El Estado Venezolano y el Caso del Asesinato de los Hermanos Landaeta: 29 Años de Impunidad y Lucha por Justicia

Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta Mejías fueron asesinados por funcionarios policiales en el estado Aragua a finales del año 1996. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2014 al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial de los hermanos Landaeta Mejías, pero su familia no ha visto cumplirse ni una sola de las reparaciones ordenadas. El jueves 10 de septiembre fue suspendida por séptima vez la audiencia final de un juicio que ya lleva casi cuatro años por la ejecución extrajudicial de Eduardo José. «Nunca lo voy a olvidar porque esto queda marcado para toda la vida, la pérdida de dos hijos no es nada fácil, pero me daría alivio ver que el Estado venezolano cumple con esas peticiones», dice el padre de ambos jóvenes.

Ignacio Landaeta recuerda con detalle lo acontecido entre los meses de noviembre y diciembre de 1996. En 45 días perdió «a sus dos muchachos» en distintos operativos cometidos por funcionarios de la Policía del estado Aragua. Desde entonces, ha acudido a todas las instancias posibles para conseguir justicia por el asesinato de Igmar Alexander, de 18 años, y de Eduardo José, de 17.

Aunque cuenta con una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde el 27 de agosto de 2014, el Estado venezolano apenas acató la medida de publicar la sentencia de forma parcial. Las otras seis reparaciones referentes al deber de investigar, establecer responsabilidades y sancionar a los responsables por las muertes de los hermanos Landaeta Mejías; brindar apoyo psicológico gratuito a las víctimas; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; al igual que pagar las indemnizaciones correspondientes no han sido cumplidas.

Este caso forma parte de uno de los 33 fallos que el Estado venezolano está obligado a cumplir al formar parte de la Convención Americana y otros instrumentos internacionales que, como lo dicta la Constitución venezolana, tienen estatus legal dentro del país.

De estas sentencias, 17 casos están en etapa de supervisión, se ha aplicado el artículo 65 de la Convención –se presentó un informe a la Asamblea General de la OEA– y la situación constatada no ha variado. Otros 14 casos están en etapa de supervisión, de los cuales en nueve ya la Corte IDH ha emitido una resolución dejando constancia sobre las fallas del Estado.

¿Qué pasó con los hermanos Landaeta?

El 17 de noviembre de 1996, Igmar Alexander Landaeta Mejías estaba en una calle de Turmero hablando con una familia a la que vendía apuestas de caballos. Su padre recuerda que para esos años esa actividad se consideraba ilegal. Personas vestidas de civil, que luego fueron identificadas como funcionarios adscritos al Cuerpo de Seguridad y Orden Público, le dieron la voz de alto y se bajaron de un vehículo Corolla blanco.

Igmar intentó escapar pues «seguro creyó que lo iban a robar», pero «empezaron a dispararle y más adelante cae herido por un disparo en la espalda». El joven cayó al suelo boca abajo, pero un funcionario se acercó, le dio una patada en la cara, lo volteó y le propinó un último disparo en la nariz.

«Ese fue el tiro de gracia. De ahí lo trasladaron a un ambulatorio y bueno…», deja sin completar Ignacio.

Pero el 29 de diciembre de ese año, su otro hijo Eduardo José –quien apenas tenía 17 años– fue detenido en una redada por no cargar su cédula de identidad. Según cuenta su padre, funcionarios se lo llevaron detenido hasta el cuartel central ubicado en la ciudad de Maracay. Ese mismo día se trasladó y pudo conocer al final de la tarde que habían decidido arrestarlo por supuestamente omitir una voz de alto.

«Antes de eso ya me habían llamado pidiendo 30 mil bolívares para darle su libertad. Yo me presenté con el dinero, pero una funcionaria me dijo que ya no se podía hacer nada porque el comando central se había enterado que estaba detenido. Me mandaron a hablar con un sargento, al que le conté que ya me habían matado un hijo y me tenían amenazado al otro. Me dijo que me quedara tranquilo, que no lo iban a trasladar y le llevara comida», recuerda.

Junto a su esposa y otros familiares estuvieron hasta las 11 de la noche del 30 de diciembre esperando en esa comandancia. Otro funcionario se acercó en la tarde, les preguntó si eran los familiares de Eduardo y les dijo que no se retiraran «porque veía movimientos raros con ese menor de edad».

Sin embargo, el 31 de diciembre se concretó el traslado de Eduardo José a una dependencia de la Policía Técnica Judicial (hoy Cicpc). «Antes de llegar a la entrada de Turmero para ir a esa comisaría, veo un movimiento de vehículos sin imaginar que en ese sitio estaba mi hijo, que ya me lo habían matado. Cuando llegué (a la PTJ), le pregunté a los funcionarios y me dijeron que no había llegado un traslado».

Según la versión policial, el carro donde trasladaban a Eduardo fue impactado por otro vehículo. Cinco hombres descendieron y abrieron fuego en contra de los funcionarios. Solo el joven Landaeta fue la única víctima, pero la autopsia reveló que su cuerpo presentaba signos de tortura y 13 impactos de bala.

Buscando respuestas en esa dependencia de la PTJ, a las horas un comisario le confesó que a su hijo «lamentablemente lo habían matado. Yo les reclamé porque habían matado a mi hijo, cómo iban a hacer eso con un menor de edad». Esas preguntas aún no han sido resueltas para Ignacio Landaeta.

A partir de ese año, dice Ignacio, empezó un viacrucis que todavía no culmina. Perdió su trabajo como administrador de empresas, su esposa empezó a manifestar depresion y su hija necesitó años de ayuda psicológica y tratamiento psiquiátrico pues desarrolló agresividad, especialmente contra funcionarios policiales a los que acusaba de la muerte de sus hermanos.

«El proyecto que tenía para mi familia, todo eso se fue al piso, y bueno, gracias a Dios y al tratamiento con un psicólogo privado he superado la cosa, pero no ha sido fácil aunque he podido resistir. Nuestra situación ha sido dura hasta la fecha, esto ha sido difícil y no se lo deseo a nadie pero voy a seguir mi lucha mientras Dios me dé fortaleza. Yo tengo 76 años, me considero saludable y espero seguir así porque voy a continuar mi lucha hasta obtener respuestas. La forma en cómo mataron a mis hijos no es justificable», asegura.

En 2003, se logró introducir el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que luego derivó la situación a la Corte Interamericana al considerar las vulneraciones del derecho a la vida e integridad personal de los hermanos Landaeta Mejías. El 27 de agosto de 2014, la Corte IDH publicó una sentencia donde declara responsable al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial de Igmar Alexander y Eduardo José.

«He continuado, hemos pasado por diferentes tribunales del Circuito Judicial de Aragua y hasta la fecha no ha habido ninguna resulta… Me han violado mis derechos constitucionales como les ha dado la gana, sin importar que hay una sentencia de la Corte Interamericana donde responsabilizan al Estado por la muerte de mis dos hijos. Esto ha sido un viacrucis durante 30 años donde al Estado venezolano no le ha importado mi situación como víctima», asegura Ignacio.

Ignacio Landaeta, con una carpeta amarilla, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En el caso de Igmar se llevó a cabo un proceso penal en contra de dos funcionarios policiales, pero que el 13 de octubre de 2000, el Juzgado Segundo del Régimen Procesal Transitorio absolvió a uno y condenó al otro a 12 años de prisión. La defensa del funcionario apeló la sentencia y en 2001 se decidió el sobreseimiento de la causa. La Fiscalía no apeló la decisión y por falta de dinero y conocimiento, dice su padre Ignacio, nunca pudo reclamar. Tras la sentencia de la Corte IDH se intentó reabrir el caso, pero el expediente nunca apareció.

Respecto al proceso judicial por el asesinato de Eduardo, relata que se iniciaron las investigaciones y se abrió un proceso penal contra tres funcionarios policiales, pero fueron absueltos en 2012 por una supuesta falta de pruebas. El 9 de octubre de 2022 se abrió un nuevo juicio por parte del Tribunal Octavo de Juicio del estado Aragua, a cargo de la jueza Yéssica Sáenz, bajo el expediente N° 8J-0210-2022.

El exfuncionario Carlos Rojas no se ha presentado desde hace tres años, pero nunca se emitió una orden de captura para conducirlo al tribunal. Carlos Requena, quien ahora es comisario, al igual que el otro acusado se mantienen en libertad. Los tres fueron acusados por el presunto delito de «cooperadores» en el homicidio de Eduardo José.

«Le hemos exigido al tribunal que a la hora de tomar una decisión se consideren todos los elementos probatorios que constan en el expediente. Le he hablado que en la reconstrucción de los hechos se evidencia una simulación, pero tenemos que esperar a ver qué decide la jueza. Pero ha habido una burla en contra de toda la familia porque no se ha cumplido con nada de lo que la Corte Interamericana exige», puntualiza Ignacio.

El pasado 10 de septiembre fue suspendida por séptima ocasión la audiencia final del juicio por Eduardo. Su padre Ignacio comenta que, de no cambiarse esa calificación de delito, no podría considerarse justicia. «Yo consideraría justicia si ellos cumplen con todas las exigencias que hace la Corte Interamericana. Nunca lo voy a olvidar porque esto queda marcado para toda la vida, la pérdida de dos hijos no es nada fácil, pero me daría alivio ver que el Estado venezolano cumple con esas peticiones».