Su alfil, Rafael Martínez, fue inhabilitado de la Gobernación del Magdalena mientras enfrenta un juicio por irregularidades en la remodelación del Coliseo de Gaira.
La decisión del Consejo de Estado de destituir a su escudero, el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, fue como un baldado de agua fría para Carlos Caicedo, quien incurrió en doble militancia en la época electoral 2023. En ese momento, las elecciones regionales se proyectaban a favor de Martínez y de Fuerza Ciudadana, el movimiento político de Caicedo, quien ha controlado la Alcaldía de Santa Marta durante tres periodos, y ha estado en la Gobernación por un periodo, a pesar de las disputas con la clase política tradicional del departamento.
Carlos Caicedo despojó a la familia Díaz Granados de la Alcaldía de Santa Marta en 2011. Este grupo político ha intentado recuperar el control de la ciudad, pero su movimiento Fuerza Ciudadana también le quitó la Gobernación al clan Cotes en 2019 con la elección de Caicedo, un poder que mantuvo con Rafael Martínez como sucesor. Sin embargo, las cosas no le fueron favorables en las regionales de 2023; aunque Martínez fue electo, perdió la Alcaldía a favor de Carlos Pinedo, quien recibió el respaldo de la clase dirigente tradicional.
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Su comienzo en la Gobernación fue problemático. Desde octubre de 2023, pocos días después de ganar la Gobernación del Magdalena con más de 86,634 votos, se abrió una investigación contra Rafael Martínez. El Consejo de Estado presentó como prueba un video donde Martínez aparecía en una tarima hablando de las virtudes de Miguelina Pacheco y María Charris, candidatas al Concejo de Santa Marta y Asamblea del Magdalena por el Partido de La U. Ese video fue decisivo para la resolución en su contra.
No es la primera ocasión en que Rafael Martínez se encuentra bajo la mirada de la justicia. En 2019, siendo Alcalde de Santa Marta, sufrió una suspensión debido a investigaciones en su administración. Sin embargo, esto no impidió que siguiera defendiendo su alcaldía desde la detención domiciliaria y su popularidad continuara creciendo, como lo reflejaron diversos sondeos nacionales.
Carlos Caicedo tenía aspiraciones de lanzarse a la Presidencia de la República, pero el Consejo de Estado echó por tierra esos planes al revocar la personería jurídica de Fuerza Ciudadana en mayo de 2024. Caicedo argumentó que era víctima de una persecución por parte de la izquierda detrás de esta decisión.
Luego de la decisión del Consejo de Estado, Caicedo buscó una tutela convencido de que tendría éxito, pero no fue así, y se confirmó la caída de su colectividad en noviembre de 2024.
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La magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, oriunda de Sogamoso y graduada de la Universidad Nacional, fue la encargada de la ponencia de la sentencia. Su argumento fue que Fuerza Ciudadana no alcanzó el umbral del 3% en las elecciones legislativas de 2022, lo cual constituía un requisito necesario para obtener la personería. Caicedo alegó que se vulneró su derecho a la igualdad, señalando que movimientos como la Colombia Humana recibieron un trato distinto, pero el alto tribunal aclaró que cada caso es único y que el de Fuerza Ciudadana se fundamentaba en el respeto al Estatuto de Oposición.
Antes de perder la personería jurídica de Fuerza Ciudadana, el grupo político de Caicedo ya enfrentaba problemas internos que se agravaron en las elecciones de 2022. Caicedo y su hermana Patricia habían sido inseparables hasta que los contratiempos electorales los distanciaran.
En las elecciones regionales de ese año ocurrió una primera fisura cuando Rafael Martínez y Patricia Caicedo se presentaron como candidatos a Senado y Cámara. Conocidos como Los Naranjas en Santa Marta, participaron con una lista cerrada encabezada por Gilberto Tobón Sanín. A pesar de obtener una votación de 170 mil, la quinta más alta del Senado, no alcanzaron el umbral y fracasaron.
Este fue el primer trago amargo. Sin embargo, en las elecciones de 2023, Patricia Caicedo se lanzó a la Alcaldía de Santa Marta para reemplazar a Virna Johnson, quien terminó siendo investigada y cuestionada por sus manejos con contratistas con los que Patricia Caicedo trabajó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos Essmar. Este hecho fue un obstáculo impeditivo para que el Consejo Nacional Electoral revocara la candidatura de Patricia.
Patricia Caicedo se quejó de no haber recibido el apoyo financiero que su hermano le había prometido, a pesar del poder que tenía con su alfil Virna Johnson en la alcaldía. Finalmente, Patricia Caicedo renunció a Fuerza Ciudadana y con ella se fueron dos concejales cercanos al círculo de Caicedo.
En julio de 2024, se inició el juicio contra Caicedo por el Coliseo de Gaira y 20 días después por la Ludoteca de Bonda. La Fiscalía lo acusó de presunta corrupción durante su mandato como Alcalde de Santa Marta.
La promesa incumplida del exalcalde Caicedo con las obras de la Ludoteca debían ser entregadas hace siete años. Esa obra es inutilizable debido a inundaciones, no está culminada y carece de servicios de agua; el alcantarillado presenta fallas. El contratista, Unión Temporal por el Desarrollo Infantil, debió entregar en 2017 un Centro de Desarrollo Infantil en Santa Marta con un presupuesto de $ 6.954.619.927; sin embargo, la construcción sigue inconclusa siete años después.
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El contrato del Coliseo de Gaira se firmó el 28 de octubre de 2015 por 2.682 millones de pesos. Su objetivo era mejorar la infraestructura del polideportivo. Según la Fiscalía, podría haber un posible desvío de aproximadamente 690 millones de pesos.
En el escrito de acusación, la Fiscalía insistió en la celebración de contratos sin cumplir requisitos legales y peculado por apropiación. Este y la mayoria de contratos que tienen a Caicedo involucrado los firmó en la recta final de su tiempo como alcalde, en 2015.
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