En otro de mis espacios de opinión dije, poco antes de las elecciones presidenciales, que la oposición venezolana a lo largo de estos 25 años se ha movido pendularmente entre dos polos estratégicos. Uno consiste en acciones dentro del sistema de instituciones alineadas con la élite gobernante y el otro consiste en acciones fuera del sistema. En el primero de estos, la participación en elecciones es un componente básico. Entonces, la oposición, tanto en el ámbito de la dirigencia como de las bases, ha tenido una relación intermitente con las urnas. Entre participar y abstenerse.
El último movimiento fuerte hacia la abstención fue en 2017, luego de que a la Asamblea Nacional controlada por la oposición le confiscaran todas sus funciones y el liderazgo disidente no supiera cómo plantear a las masas una forma de hacer valer su voto en comicios subsiguientes. Siguió una estrategia anti sistema cuya cúspide fue el ascenso del “gobierno interino” en 2019. El fracaso del susodicho contribuyó a que el péndulo se moviera de nuevo hacia la participación electoral, de la mano de la conducción de María Corina Machado. Fue un momento de muchísima expectativa sobre el voto como herramienta para el cambio político. Hasta que…
Hasta que se dio el anuncio del Consejo Nacional Electoral hacia la medianoche del 29 de julio, junto con todas sus dramáticas secuelas. Aunque no haya estudios estadísticos que lo confirmen, pareciera que la base opositora en prácticamente su totalidad avala la denuncia de la dirigencia sobre el desenlace. Mi impresión es que, mientras tal situación persista, el péndulo habrá vuelto al polo de la abstención y ahí se quedará.
Si antes la discusión sobre participar o no fue un motivo a gran escala de disputas viscerales en el seno de la oposición, esta vez a duras penas lo será. Les será muy difícil a los promotores del voto bajo cualquier circunstancia persuadir a la ciudadanía de que acuda a los puntos de sufragio. No habrá advertencia sobre las consecuencias del “abstencionismo” que valga. Antes pudieron (y de hecho lo hicieron) recurrir al ejemplo de las presidenciales de 2018, alegando que “la oposición le regaló seis años más al chavismo por forfeit”. Pudieron (y de hecho lo hicieron) esgrimir el mantra de que “si votamos, ganamos”, como si fuera un apotegma irrebatible. Ya no. Hubo participación y fue masiva. El resto es historia. Muy triste historia.
Todo esto lo digo porque, mientras tanto, para la élite gobernante, citando a Hugo Chávez tras la explosión de 2012 en la refinería de Amuay, “el show debe continuar”. En su versión de los hechos, el statu quo debe seguir como si nada, con todos sus elementos. Incluyendo por supuesto las elecciones regionales y municipales programadas para el próximo año. Los jerarcas del oficialismo, siempre avispados y laboriosos para tales menesteres, vieron en la presente situación de sus adversarios una oportunidad para lanzar, cual Eris del siglo XXI, entre ellos la manzana de la discordia. Así, desde la Asamblea Nacional cocinan una reforma a la ley para vetar de las venideras elecciones a todo aquel partido o coalición que no se ciña al dictamen del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados del 28 de julio.
De más está decir que saben que para María Corina Machado y sus aliados más próximos pasa lo contrario que con la oferta de Vito Corleone: no la pueden aceptar. Hacerlo sería acabar en un dos por tres la causa en torno suyo. Una causa en la que, como ya dije, la base opositora cree firmemente. Sería, por lo tanto, destruir todo su capital político. Toda su base de apoyo. Ah, pero, ¿qué hay de aquellos elementos que se sumaron a la actual coalición opositora pese a sus rencillas previas con Machado y el resto de la disidencia que fuera el rostro del “abstencionismo” entre 2017 y 2022? Rencillas que se deben, precisamente, en buena parte por su insistencia en que siempre hay que participar.
Debo decir que hasta ahora esos elementos, que incluyen a Un Nuevo Tiempo y la facción de Primero Justicia cercana al exgobernador Henrique Capriles, se han mantenido adheridos al resto de la dirigencia en su reclamo posterior al 28 de julio. Pero si tal alianza no cumple su objetivo, a medida que pase el tiempo y se acerquen las elecciones regionales y municipales, la presión sobre ellos aumentará.
Hablamos de alcaldes y gobernadores que pudieran aspirar a la reelección. Entre los segundos, no veo razones para asumir que Morel Rodríguez, en Nueva Esparta, no se lance otra vez. Llegó de la mano de Fuerza Vecinal, un partido que no es parte de la coalición opositora. En cambio, me pregunto sinceramente qué harán Manuel Rosales, Alfredo Galíndez y Sergio Garrido, en Zulia, Cojedes y Barinas, respectivamente.
Si saben identificar las señales, verán que cualquier pretensión de reelección estará condenada en estas circunstancias. La base opositora, insisto, tendrá cero motivaciones para votar. Y sin embargo, ya hay algunos comentaristas que se identifican como opositores pensando en regionales y municipales. Al parecer no se han dado cuenta del daño extremo que acaba de sufrir el voto en términos de expectativa de cambio político. Pero la realidad siempre termina imponiéndose.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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