EEUU Intensifica la Presión sobre Maduro: Estrategias de Trump y Sugerencias de Dimisión

El conflicto entre ambos países ha escalado en los últimos cuatro meses, tras el despliegue militar de EEUU en el Caribe y el duro discurso que mantiene la administración norteamericana contra Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela atraviesan uno de sus peores momentos. Desde las deportaciones masivas de migrantes venezolanos hasta la incautación de buques petroleros, la administración de Donald Trump utiliza diferentes vías para presionar a Nicolás Maduro y estrechar el cerco.

Trump ha asegurado que su objetivo son los cárteles del narcotráfico, mientras Maduro y su cúpula lo acusan de querer apropiarse del petróleo y otros recursos minerales de Venezuela.

Sin embargo, este lunes 22, en declaraciones desde su casa en Florida, Trump respondió a periodistas que le preguntaron sobre sus intenciones de derrocar a Nicolás Maduro: «Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo», expresó.

Aunque las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos quedaron suspendidas desde 2019, se mantienen contactos puntuales para algunos temas sociales, políticos y comerciales.

El conflicto entre ambos países ha escalado en los últimos cuatro meses, tras el despliegue militar de EEUU en el Caribe y el duro discurso que mantiene la administración norteamericana contra Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles.

Trump, a través de la presión psicológica y las acciones militares o económicas, intenta estrechar cada vez más el cerco a Nicolás Maduro. Algunos hechos puntuales apuntan en esa dirección:

Deportaciones masivas de migrantes venezolanos. La diatriba comenzó en el primer trimestre del año. El 15 de marzo, el gobierno de Donald Trump acusó a 250 connacionales de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua y los envió a El Salvador, a la prisión de máxima seguridad conocida como el Cecot, donde están confinados delincuentes de alta peligroidad y pandilleros. Los señalamientos se hicieron sin presentar pruebas y sin cumplir el debido proceso.

Cuatro meses después, tras un acuerdo entre ambas administraciones, los migrantes fueron enviados a Venezuela.

La política de deportación continúa.

Amenazas a Maduro. El chavista está en la mira de Donald Trump, quien lo considera el líder del llamado Cártel de los Soles. En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto de US$25 millones a US$50 millones al vincularlo con operaciones del narcotráfico.

En noviembre, el Cártel de los Soles fue designado como una organización terrorista extranjera, poniendolo en la misma categoría de grupos criminales como Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa «responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa».

La presión se incrementa.

Despliegue militar en el Caribe. Alrededor de 25 embarcaciones destruidas y un centenar de personas fallecidas que presuntamente transportaban drogas es el saldo a la fecha del despliegue naval ordenado por Donald Trump en el Caribe -luego se extendió al Pacífico- para acabar con el tráfico de drogas. Ya van cuatro meses de operaciones en el Caribe y Trump amenaza con atacar por tierra.

La administración Maduro prometió una investigación de estos hechos en los que varios venezolanos han perdido la vida.

EEUU seguirá hundiendo lanchas hasta que Maduro «se rinda», afirmó Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, en una entrevista.

Aislamiento aéreo. El cerco no solo es marítimo, desde el 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendó a pilotos y aerolíneas no viajar a Venezuela debido a una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo venezolano. La medida fue ratificada este 16 de diciembre al destacar el «empeoramiento de la situación de seguridad» al sobrevolar Venezuela.

Pocas aerolíneas están aterrizando en Caracas.

Bloqueo y confiscaciones. A la destrucción de las «narcolanchas», EEUU sumó una presión más fuerte que tendrá implicaciones directas en la economía venezolana: el bloqueo de los barcos petroleros sancionados con los que la administración Maduro burlaba las medidas impuestas por Trump.

La primera incautación se realizó el 10 de diciembre. EEUU interceptó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Las autoridades estadounidenses aseguran que los buques detenidos son parte de «la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro».

Este lunes, Donald Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con el petróleo confiscado en los cargueros interceptados.

Tres tanqueros han sido confiscados por EEUU, de acuerdo al reporte de medios.

Reactivación de sanciones. Mientras ataca a «narcolanchas» y confisca buques petroleros, la administración de Donald Trump también apunta los intereses económicos del entorno de Maduro.

El Departamento del Tesoro señaló el pasado 10 de diciembre que Estados Unidos debe continuar «presionando a quienes están vinculados al régimen de Maduro», tras el anuncio de un grupo de sanciones contra varias empresas y personas ligadas su círculo íntimo.

Entre los sancionados están tres sobrinos de Cilia Flores (Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores) y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, así como seis empresas navieras que transportan petróleo venezolano.

Posteriormente, EEUU anunció nuevas sanciones contra siete personas de la familia y el entorno de Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de «narcocorrupción» que sostiene al oficialismo.

Estas medidas prohíben a individuos o empresas estadounidenses hacer transacciones con las personas sancionadas y congela los activos o propiedades que puedan tener en Estados Unidos.

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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