El gobierno de Estados Unidos incautó un avión vinculado a Nicolás Maduro en República Dominicana. El lunes, las autoridades trasladaron el avión a Fort Lauderdale, Florida, según informó CNN y confirmó el Departamento de Seguridad Nacional a NBC News.
Esta acción se alinea con las sanciones estadounidenses contra el régimen venezolano. La compra del Dassault Falcon 900EX, valorado en $13 millones, a través de una empresa fantasma violó estas sanciones, detalló el Departamento de Justicia.
El fiscal general Merrick Garland reveló que el avión se trasladó a Venezuela en abril de 2023 para beneficiar a Maduro y a su círculo íntimo, eludiendo una orden ejecutiva de 2019 emitida por el expresidente Donald Trump. Esta orden prohíbe a los estadounidenses realizar negocios con el régimen venezolano.
El subsecretario para la Aplicación de las Exportaciones, Matthew Axelrod, subrayó: «Que esto envíe un mensaje claro: una aeronave adquirida ilegalmente en Estados Unidos en beneficio de las autoridades venezolanas sancionadas no puede simplemente volar hacia la puesta de sol».
A diferencia del Air Force One del presidente estadounidense, el avión registrado en San Marino había permanecido en República Dominicana durante varios meses. Maduro lo utilizó para varios viajes internacionales, incluyendo visitas a Cuba y Guyana este año.
La aeronave incluso transportó a varios estadounidenses encarcelados desde hace tiempo en Venezuela a la isla caribeña de Canouan el pasado diciembre, a cambio de Alex Saab, un estrecho aliado de Maduro encarcelado en Estados Unidos por cargos de blanqueo de dinero.
Inicialmente, este avión, junto con otro de matrícula venezolana, llegó a República Dominicana para lo que se creyó que era mantenimiento. Ninguno de los dos aviones abandonó el país.
Estados Unidos también anunció una recompensa de $15 millones por información que conduzca a la detención de Maduro, con el objetivo de que se enfrente a cargos federales por narcotráfico.
La crisis socioeconómica de Venezuela se intensificó el 28 de julio cuando el régimen de Maduro se atribuyó la victoria en las elecciones presidenciales, a pesar de las pruebas de la oposición que demostraban que su candidato, Edmundo González, había obtenido la mayoría de los votos.
Negándose a presentar las actas electorales, el Tribunal Supremo, controlado por Maduro, realizó una certificación auditada, reafirmando la victoria de Maduro sin pruebas. Mientras tanto, la Fiscalía General convocó a González y amenazó con su detención.
Estados Unidos ha reconocido a González como presidente electo, basándose en documentos proporcionados por la oposición a principios de agosto. El Secretario de Estado, Antony Blinken, transmitió este reconocimiento.
El Departamento de Estado declaró: «La paciencia de la comunidad internacional se está agotando a la espera de que las autoridades electorales de Venezuela sean transparentes y publiquen datos completos sobre las elecciones para que todo el mundo pueda ver los resultados».
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