El secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile dejó de ser un crimen aislado. Las recientes detenciones realizadas por la Fiscalía chilena, entre ellas la de Alfredo Enríquez, alias “el Gordo Alex”, y las declaraciones de los responsables de la investigación confirman “que no hablamos de un delito común, sino de una operación política cuidadosamente planificada, financiada y ejecutada por una estructura transnacional que apunta directamente a las más altas cúpulas del régimen de Nicolás Maduro”.
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en voz del fiscal Héctor Barros, ha sostenido que este crimen no fue motivado por dinero ni por territorio o disputa de negocios entre bandas comunes. La tesis es clara: fue un crimen político, con encargo e instrucción desde Venezuela. El propio nombre de Diosdado Cabello, número dos del chavismo y mano derecha de Maduro, aparece mencionado en los antecedentes de la investigación como posible autor intelectual.
Según la investigación, al menos 16 personas participaron en distintas fases: desde falsos policías que sacaron a Ojeda de su departamento en Independencia (región metropolitana) hasta quienes aseguraron vehículos, casas de seguridad y logística de comunicación. Se hace visible la indumentaria policial falsificada, cambio de autos en puntos ciegos sin cámaras y hasta el uso de organizaciones criminales y conexiones con el Tren de Aragua.
“Esta no es la improvisación de delincuentes de barrio. Es una operación de inteligencia, con financiamiento millonario, compartimentación de roles y planificación a nivel militar”. Señalan fuentes oficiales.
Las palabras del exfiscal Luis Toledo, en entrevista con TVN, son categóricas: “si se logra trazar la línea del financiamiento, se llegará inevitablemente a los autores intelectuales”. El régimen de Nicolás Maduro, ya señalado reiteradamente por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y corrupción, enfrenta ahora una acusación aún más grave: la Fiscalía chilena le imputa un crimen político ejecutado en pleno territorio soberano de otro Estado.
En la misma entrevista para el canal 24 Horas se advierte que “es cierto que resulta improbable ver a Diosdado Cabello, o a cualquier alto jerarca chavista, sentado en un tribunal chileno. No saldrán de Venezuela ni pondrán un pie en países con tratados de extradición. Pero eso no le resta fuerza al proceso: la presentación de los antecedentes ante la Corte Penal Internacional constituye un paso histórico”.
La captura de Alfredo Enríquez, alias “el Gordo Alex”, cerca de la medianoche del jueves 14 de agosto, señalado por la Fiscalía como uno de los sujetos que aparece en los videos del secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, disfrazado con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile mientras lo sacaban de su departamento la madrugada del 21 de febrero de 2024, marca un nuevo hito en la investigación.
A ello se suma la detención de al menos una docena de cómplices en distintos países, confirmando que no se trata de un crimen común, sino de una red criminal sofisticaada, con respaldo y financiamiento de estructuras estatales, según han subrayado las autoridades chilenas, incluido el propio gobierno del presidente Gabriel Boric.
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