Después de la represión, la extorsión

“De mi sector, aquí en mi barrio Petare, unos [funcionarios de la] PNB se llevaron a un chamo a [los calabozos de la PNB en Boleíta] Zona 7, porque le consiguieron en el celular un meme de Maduro, unas fotos que se tomó en las marchas y unos videos de cuando La Dolorita protestó el día después de las elecciones. Le pidieron a la mamá cinco mil dólares para soltarlo y como no los pagó, porque de dónde iba a sacar esa plata, los policías dijeron que el chamo es el jefe de las guarimbas de mi sector y le pusieron [el delito de] terrorismo. Ahí lo tienen en Zona 7 y todo porque los del consejo comunal le echaron esa vaina”, relata María.

A Jesús también lo detuvo la PNB, pero en una alcabala en la avenida Andrés Bello de Caracas. También le revisaron el celular y como tenía videos de María Corina y Edmundo, los funcionarios le pidieron cinco mil dólares. Jesús los pagó y no paró en Zona 7 ni fue procesado.

En cambio, tres jóvenes detenidos por la PNB el 30 de julio en la parroquia 23 de enero de Caracas fueron imputados por resistencia a la autoridad, incitación al odio, terrorismo y asociación para delinquir, y ya fueron trasladados a la cárcel de Yare. A los jóvenes los fue a buscar la PNB a sus casas después de que tres vecinas del consejo comunal denunciaron en la Ven App y al colectivo del sector que los tres habían protestado el 29 de julio. Pese a que los familiares lograron pagar los casi dos mil dólares que pidió la policía, los muchachos no fueron liberados.

Pero estas extorsiones no son prácticas postelectorales: en octubre de 2022, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo a José y a Mario en una alcabala en la urbanización La Florida de Caracas y fueron trasladados al Helicoide. Los funcionarios pidieron cinco mil dólares a cada uno a cambio de liberarlos y sin presentarlos con el delito de terrorismo:

“Recuerdo que había varios casos así en El Helicoide —relata el familiar de José que logró pagar cuatrocientos dólares para que lo soltaran— claro, regateas con miedo y presión, porque te amenazan con que lo van golpear y a condenar por terrorista para que reúnas el dinero en horas. A él le decían que no se iban a acordar de él”. 

En agosto de 2023, tras la sentencia de los seis dirigentes sindicales, dos relatores de derechos humanos de Naciones Unidas advirtieron el abuso crónico de la legislación de terrorismo para perseguir y encarcelar a los ciudadanos. A propósito de esta relatoría, Eduardo Torres, abogado y defensor de derechos humanos y laborales, junto con familiares de detenidos identificaron dos patrones de detención:

“Tenemos ciudadanos víctimas de extorsiones que, al negarse a pagar, fueron trasladados a Caracas, donde están los tribunales de terrorismo; y ciudadanos que son detenidos para dar estadísticas oficiales de las supuestas políticas contra la delincuencia, es decir, ordenan a los funcionarios que tienen que cumplir cuotas de detenidos para luego recibir ascensos. Después de la elección del 28 de julio, estos dos patrones se han intensificado”.

Y Maduro lo admitió el 1 de agosto cuando dijo que ya tenía mil doscientos presos y que serían mil más. Hoy, de acuerdo con Maduro, son más de dos mil y aunque dijo que “todos confiesan porque ha habido un proceso estricto legal con plenas garantías”, la realidad es que cientos de detenidos no cometieron ningún delito, sino que los detuvieron para que los órganos policiales cometan, entre tantos, el delito de extorsión.

Así pasó en una comunidad rural en el estado Portuguesa: el 6 de agosto, José caminaba para ir a su trabajo cuando una comisión de la PNB lo detuvo sin orden de aprehensión. Tiene más de una semana detenido en una de las sedes policiales. Ni su familia ni un abogado lo han visto. Los policías pidieron tres mil dólares a su madre para liberarlo y, por no tener el dinero, José fue presentado vía telemática ante uno de los tribunales de terrorismo, afirma un familiar que desconoce los delitos que se le imputan.

Algunas extorsiones no involucran dinero: “Del barrio La Unión [en Petare], el 29 de julio, cuatro policías se llevaron a un menor de edad. Hasta el 12 de agosto lo tenían incomunicado, que fue cuando la mamá lo pudo ver cinco minutos, porque un policía que ella conoce le hizo la segunda. Ella me dijo que su hijo tiene la cabeza partida y que está manqueando, porque algo le pasó en la pierna. No le pidieron dinero, pero le dijeron que no fuera a poner denuncia en la fiscalía porque le iba a ir peor a su hijo”, cuenta Josefina.

De manera que, así como hay detenidos que son fichas de cambio, también hay detenidos que son dinero en efectivo. Sea en barriadas, en zonas rurales o en urbanizaciones de clase media, la PNB cumple la orden de Maduro y hace sus propios negocios.

“No me quedan dudas de que los cuerpos policiales salieron a cumplir la orden de llenar una estadística —afirma el abogado Torres— sobre todo porque en este momento no hay protestas. Ya esto es grave y después de la detención es gravísimo: he atendido casos en los que piden de 500 dólares en adelante y esos familiares ni sus abogados ni siquiera han podido tener certeza del estado físico y emocional de los detenidos. Ayer un familiar me preguntó qué se puede hacer, a dónde acudir para denunciar estas extorsiones”.

Todos nos hacemos la misma pregunta y no tener respuesta es aún mucho más grave.

Los nombres que aparecen en este texto fueron cambiados por solicitud de los entrevistados. También se omiten los sectores donde viven los detenidos y sus familias.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.