En Venezuela, desaparecer a un ser humano se ha convertido en una política de Estado. Esa es la conclusión del más reciente informe de Amnistía Internacional, publicado en julio de 2025, que documenta el uso sistemático de la desaparición forzada como herramienta de persecución política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Un patrón que, junto a otras graves violaciones de derechos humanos, constituye —según el propio informe— un crimen de lesa humanidad.
Amnistía investigó 15 casos concretos, pero la dimensión del problema es mucho mayor. Solo durante la primera semana posterior a las elecciones en las que el régimen de Nicolás Maduro se proclamó ganador por tercera vez consecutiva, 2.229 personas fueron detenidas. La mayoría, sin orden judicial, sin cargos claros y por razones puramente políticas.
Entre los detenidos hubo estudiantes, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes. Algunos permanecieron desaparecidos por horas, días o incluso semanas. Otros aún no han aparecido. Según el informe, al menos 46 personas continúan desaparecidas —posiblemente de forma forzada— y 926 permanecen privadas de libertad por razones políticas, muchas de ellas en condiciones inhumanas, con torturas, incomunicación prolongada y falta de atención médica.
Una política de terror
La represión tuvo nombre: “Operación Tun Tun”, orquestada desde las más altas esferas del poder, con participación directa del SEBIN, la DGCIM, la Guardia Nacional y el SAIME. El propio Maduro, en un discurso del 3 de agosto de 2024, afirmó con euforia: “Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón”, en referencia a la tristemente célebre prisión venezolana.
Las desapariciones forzadas no fueron aisladas. Formaron parte de una campaña sistemática y generalizada, ejecutada por agentes del Estado o con su consentimiento, y orientada a sembrar miedo y silenciar cualquier forma de disidencia. Las víctimas fueron señaladas como “terroristas”, “mercenarios” o “agentes extranjeros” sin pruebas.
Amnistía señala con preocupación el uso de la aplicación estatal VenApp, supuestamente destinada a canalizar reclamos sociales, pero que fue adaptada para promover delaciones contra opositores. Un mecanismo de vigilancia civil digno de regímenes totalitarios.
Vidas desaparecidas
El informe menciona por nombre a 15 personas, entre ellas:
Rory Branker, periodista de La Patilla, desaparecido durante semanas. Fue señalado públicamente por el ministro Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando.
Eduardo Torres, abogado y defensor de derechos humanos ligado a PROVEA. Su detención se dio en medio de una campaña de criminalización contra ONG nacionales.
Alfredo Díaz, exgobernador opositor, detenido tras denunciar fraude electoral.
Andrés Martínez y José María Basoa, turistas españoles acusados sin pruebas de ser espías del CNI, supuestamente ligados a una “conspiración internacional”.
Yevhenii Petrovich Trush, joven ucraniano de 19 años con TEA y TDAH, detenido cuando solicitaba refugio en la frontera con Colombia.
El caso de Trush evidencia otro patrón señalado por Amnistía: la nacionalidad como agravante. Varios extranjeros fueron detenidos bajo acusaciones delirantes, en lo que el informe describe como una estrategia para justificar discursos conspirativos y generar moneda de cambio diplomática. De hecho, en enero de 2025, el propio Maduro anunció que había más de 150 “mercenarios extranjeros” detenidos.
Crimen de lesa humanidad
La desaparición forzada —según el derecho internacional— se configura cuando una persona es privada de libertad por agentes estatales (o con su consentimiento), seguida de la negación de su paradero, con lo cual se la sustrae de la protección de la ley.
La gravedad de este crimen ha llevado a su tipificación como crimen de lesa humanidad en tratados internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), del que Venezuela es parte desde el año 2000. Amnistía Internacional advierte que los hechos documentados en este informe cumplen con los elementos que configuran ese tipo penal: un ataque sistemático, con conocimiento, dirigido contra la población civil, y ejecutado como política de Estado.
Justicia pendiente
Desde 2021, la CPI lleva adelante una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En 2023, esa investigación fue reactivada pese a los intentos del régimen por frenarla invocando el principio de complementariedad. En 2024 y 2025, se sumaron nuevas pruebas, testimonios y remisiones por parte de varios países latinoamericanos, como Uruguay y Ecuador.
Ahora, con este nuevo informe de Amnistía, el mundo tiene más elementos para exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión chavista.
El informe completo puede leerse aquí:
https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/0083/2025/es/
La entrada Desaparecer al disidente: el crimen sistemático que ejecuta la tiranía chavista se publicó primero en La Gran Aldea.
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