Derechos Humanos en Venezuela: La Continuidad de la Represión Tras Nicolás Maduro

El periodo post Nicolás Maduro no ha traído cambios estructurales en la represión que mantiene la administración chavista sobre diversos sectores de la sociedad civil. El viernes 30 de enero anunció una ley de amnistía que, a juicio de activistas de derechos humanos, podría ser usado como instrumento para “garantizar la impunidad”. Las excarcelaciones han sido utilizadas en buena medida como “mecanismo de contención política y comunicacional”, señala la socióloga Lexys Rendón, del Laboratorio de Paz.

Ha transcurrido un mes desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar estadounidense en varios puntos de Caracas, La Guaira y Miranda. Dicha acción, considerada como una violación al derecho internacional, fue solapada por los anuncios de EEUU: el “control total” de la administración de Donald Trump sobre aspectos clave de la política y economía venezolana hasta lograr una transición democrática en el país.

La acción fue atajada por el Ejecutivo venezolano con una acción que presiona más la situación de derechos humanos en el país: la declaratoria de un decreto de Estado de Conmoción que, por ejemplo, en su artículo 5, instruye a los cuerpos de seguridad a detener a «toda persona involucrada en la promoción o apoyo» del ataque de Estados Unidos. También permite la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta.

Sin embargo, el protectorado estadounidense presionó por otras medidas. Desde el pasado 8 de enero, se adelanta un proceso de excarcelaciones que, según el ministro Diosdado Cabello, ha beneficiado a 865 personas. Organizaciones de derechos humanos manejan cifras diferentes, aún si se suma a los liberados bajo cautelares desde el mes de diciembre de 2025.

“La amenaza desde el día uno, desde que se llevaron a Maduro, es que sigue activo el mecanismo de terror y represión”, afirma Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Mientras ocurren las excarcelaciones, un proceso que los familiares consideran se da a “cuentagotas”, el Comité de DDHH de Vente ha tenido conocimiento de 37 personas arrestadas, la mayoría de estas detenciones arbitrarias vinculadas al decreto de Estado de Conmoción Exterior. 16 de ellas han sido excarceladas.

Pedro José González Cavanier, fue secuestrado y sometido a desaparición forzada el 20 de enero de 2026, por funcionarios del DGCIM en su lugar de trabajo, en el estado Bolívar.

González, habria tenido diferencias con un funcionario de este organismo, tras haber emitido una… pic.twitter.com/pqFwmrNKYo

— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 2, 2026

Unas cifras similares ha verificado el Laboratorio de Paz: al menos unas 30 personas, de las cuales 14 personas continúan privadas de libertad.

“Esto confirma que el uso de la detención por razones de persecución política como mecanismo de control y castigo sigue vigente… Podemos derogar todo el andamiaje legal restrictivo, pero si continua el decreto de conmoción y la estructura ideológica y de poder represiva, autoritaria, persecutoria intacta no podemos hablar de la existencia de libertad de opinión o reunión. Todo sigue estando condicionado por ese decreto y su discrecionalidad de aplicación”, señala Lexys Rendón, socióloga y directora del Laboratorio de Paz.

El escenario sin Nicolás Maduro

La socióloga Lexys Rendón puntualiza que, tras los eventos del 3 de enero de 2026, si bien “se perciben algunos ajustes puntuales en el clima político y social, en la práctica persisten patrones sistemáticos de violación de derechos fundamentales”.

En el ámbito de la libertad de expresión, menciona, “se mantiene una fuerte presión y vigilancia sancionatoria sobre la política editorial de los medios. El Seniat continúa siendo utilizado como herramienta de intimidación, se restringe la cobertura de ciertos temas sensibles y persiste el cierre discrecional de emisoras sin justificación transparente ni debido proceso. Esto limita seriamente el derecho de la ciudadanía a estar informada.”

En las últimas semanas se han registrado manifestaciones pacíficas de familiares de presos políticos, en vigilia desde el 8 de enero a las afueras de las cárceles, estudiantes o sectores de trabajadores y jubilados.

Para Rendón, esa “mayor tolerancia” está asociada “a la vigilancia internacional y al rol de Estados Unidos. Sin embargo, esta apertura aún es frágil y condicionada. La estructura represiva no ha sido desmontada: se mantiene prácticamente intacta, con cambios más formales que sustantivos.”

En esto, ubica como figura clave a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, quien fue el impulsor de la “operación Tun Tun” durante todo el periodo pre y post elecciones presidenciales.

Dicha operación aumentó “sin precedentes” las detenciones arbitrarias, desapariciones y persecución política. Además, destaca Rendón, el ministro Cabello “continúa utilizando espacios públicos semanales para promover la delación, la estigmatización y la criminalización de voces críticas.”

“En este contexto, preocupa especialmente que las principales figuras de poder en esta transición tutelada —Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello— hayan intensificado la criminalización del trabajo de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a presos políticos, deslegitimando su labor como defensoras de derechos, en abierta contradicción con los estándares internacionales de protección a la sociedad civil.”

Con todo este escenario, subraya la directora de Laboratorio de Paz, en Venezuela persiste un “esquema de ilegitimidad profunda, se mantiene un gobierno de facto, ahora con un componente de tutelaje externo, sin una restitución plena del orden constitucional ni garantías sólidas para la protección de derechos. Al punto que el liderazgo legítimo y personas que han salido por razones de persecución no pueden retornar al país por falta de condiciones reales para su integridad, libertad y participación.”

Excarcelaciones: una “contención”

Desde el 8 de enero hasta el lunes 2 de febrero, el Comité de DDHH de Vente Venezuela ha registrado la excarcelación de 102 dirigentes políticos o sociales cercanos al Comando Con Vzla, la estructura de defensa del voto en las presidenciales, así como de 52 dirigentes de cuadros medios y bajos de Vente.

Solo el domingo 1 de febrero, tras el anuncio de amnistía hecho por Delcy Rodríguez, registraron la excarcelación de 29 dirigentes de Vente Venezuela o del Comando Con Vzla.

Lexys Rendón considera que, en buena medida, las excarcelaciones “han sido utilizadas como un mecanismo de contención política y comunicacional, más que como parte de una política genuina de garantía de derechos humanos. En muchos casos, estas excarcelaciones no responden a una voluntad real del Estado, sino a presiones externas y a acuerdos con Estados Unidos.”

“Aunque quieran dar una impresión de garantía de derechos, la realidad es otra. Basta ver las imágenes de la lucha pacífica, incansable de las mujeres y familiares en los centros de detención, de las consecuencias que ellas mismas han vivido, y que siguen padeciendo, son afectaciones graves, revictimizantes que han derivado incluso en la muerte. Escuchar los testimonios de quienes han salido —sobre todo de personas extranjeras— sobre lo que ocurre dentro de las cárceles: es un horror inocultable,” reafirma.

Asimismo, las excarcelaciones también revelaron una situación ya advertida por organizaciones de derechos humanos: el subregistro en el número de presos políticos. El Foro Penal ha registrado más de 700 denuncias de personas que no habían denunciado por temor o presiones. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también ha incluido más de 200 personas a sus registros.

“La estructura criminal del régimen tiene varias cabezas y todos ellos tienen presos políticos que, en algún momento, les permita negociar algún tipo de impunidad… Hay un quiebre de que ya, tanto policías como militares, han decidido reprimir pero siguen estando las estructuras represivas del Dgcim, Sebin y los colectivos. Esos cuerpos deben ser desmontados ya,” dice Orlando Moreno.

Afirma que, si bien continúan exigiendo libertad de todos los presos políticos, también presionan por la investigación de todos los funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos.

“Hay un universo de violaciones a derechos que la gente está esperando que se restablezcan. Deben haber garantías de todos, de los presos políticos y su integridad, y de construir ese país donde nadie sea perseguido o encarcelado por reclamar derechos o pensar distinto,” expresa.

El futuro con la amnistía

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela sentencia que la amnistía, bajo ningún concepto, puede significar impunidad de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país. “Para eso hay que mostrar todo lo que ha ocurrido, identificar responsabilidades en la cadena de mando.”

Insiste en que la vía de la Corte Penal Internacional, el reconocimiento de los responsables de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura o violencia sexual es necesario para dar pasos hacia una justicia para las víctimas, que haya memoria sobre lo ocurrido y, además, se construyan mecanismos para evitar que estos crímenes sean repetidos a futuro.

En este sentido, reitera Orlando Moreno, “es que se transita hacia la reconciliación y la paz. La vía del olvido lo que crea es la renuncia a la justicia, el silenciamiento de las víctimas y la complicidad con los responsables de crímenes de lesa humanidad. Para nosotros, a la paz se llega develando la verdad. Creo que Venezuela puede evitar los errores de otros procesos de transición.”

Por su parte, la directora de Laboratorio de Paz señala que la amnistía representa una “gran oportunidad para que las personas víctimas de persecución política —que no son solo quienes siguen presas, sino también las más de 11.000 que han salido con medidas cautelares— puedan quedar finalmente libres de causas y de delitos que no cometieron. Es una oportunidad real para avanzar hacia la verdad y hacia un proceso de transición auténtico.”

Sin embargo, resalta que los parámetros de dicha amnistía “no pueden ser definidos por los mismos victimarios. No pueden ser diseñados unilateralmente por quienes ejercieron la persecución. Ese proceso requiere la participación de expertos independientes y de las organizaciones que han acompañado durante años a estas víctimas.”

Delcy Rodríguez afirmó que la amnistía abarcará los hechos de violencia política desde 1999 hasta la actualidad, pero no beneficiará a personas procesadas o condenadas por asesinato, narcotráfico, corrupción o violaciones de derechos humanos.

Lexys Rendón destaca que el criterio “no puede ser el tipo de delito que impone el poder autoritario en sus expedientes. No puede ser la narrativa oficial. El criterio debe ser un análisis serio, con base en estándares internacionales de derechos humanos, que permita determinar cuándo una persona, más allá de cómo haya sido calificada por el Estado, es víctima de una acusación fabricada, de una condena injusta y de violaciones graves por razones políticas.”

“Una ley de amnistía puede ser una puerta para la convivencia y para la paz. Pero también puede ser una puerta para más revictimización, más impunidad y más repetición de los abusos. Y eso sería absolutamente inaceptable,” afirma Rendón.

La directora del Laboratorio de Paz recuerda que “las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Las organizaciones de derechos humanos seguimos documentando, igual que las instancias internacionales. Todo lo ocurrido está allí, registrado, y una parte importante de la estructura responsable sigue todavía en el poder.”

“Por eso es tan importante lo que va a ocurrir ahora. Si van a seguir manteniendo una política restrictiva de derechos, de control y de miedo, o si realmente se va a abrir un periodo para la amnistía real de personas perseguidas por razones políticas, de verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por ahora, no parece que estemos en esa transición. Y sin eso, no puede haber reconciliación, porque esta no se decreta. No se construye sin la voz y la verdad de las víctimas,” afirma.