Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:
La deportación es el proceso por el que se remueve (o se expulsa) a un extranjero de los Estados Unidos.
Un extranjero puede ser detenido y deportado si ingresó al país ilegalmente, cometió un delito, está involucrado en actos criminales o si las autoridades consideran que representa una amenaza para la seguridad pública.
Expertos explicaron que la deportación es un proceso complejo, que se debe respetar el debido proceso y que requiere coordinación entre agencias del gobierno estadounidense y cooperación de gobiernos de otros países. Además, resaltaron que no hay suficientes jueces de inmigración para manejar la cantidad de casos pendientes.
“Es increíble que una persona cometa delito tras delito y no sea deportado… este gobierno no pone mano dura”. “Las autoridades son débiles porque no los encarcelan y los deportan”.
“No entiendo a la policía si cometen varios delitos por qué no los deportan”. Esos son algunos comentarios que vimos en este video de TikTok.
Comentarios similares circulan con regularidad en redes sociales cada vez que se publica una noticia de algún crimen en el que el sospechoso es una persona migrante.
Sin embargo, la deportación puede ser un proceso complejo, donde se debe respetar el debido proceso y que requiere coordinación entre agencias del gobierno estadounidense y cooperación de gobiernos de otros países (aunque esto último no siempre ocurre).
Aquí te explicamos qué es la deportación y cómo funciona de acuerdo con las leyes estadounidenses.
La deportación es el proceso por el que se remueve (o se expulsa) a un extranjero de los Estados Unidos.
USA.gov, la página web de información y servicios del gobierno estadounidense, indica que un extranjero puede ser detenido y deportado si:
Ingresó al país ilegalmente.
Cometió un delito o violó las leyes de Estados Unidos.
Desobedeció repetidamente las leyes de inmigración (no cumplió con los permisos o condiciones para estar en el país) y es buscado por autoridades de inmigración.
Está involucrado en actos criminales o representa, de acuerdo con las autoridades, una amenaza para la seguridad pública.
El Servicio de Investigación del Congreso explica que la deportación puede ser formal o expedita: en la formal el extranjero tiene el derecho a buscar un abogado y a ser escuchado por un juez de inmigración en una audiencia. La expedita típicamente ocurre sin audiencia ante un juez y sin derecho a apelar la determinación de las autoridades migratorias.
El American Immigration Council (organización sin fines de lucro que promueve reformas del sistema migratorio) indica que la deportación expedita es aplicable a aquellos extranjeros que intentan ingresar a EE. UU. por puertos de entrada, pero sin documentos válidos o con documentos fraudulentos. También aplica para quienes cruzan la frontera irregularmente y sean arrestados dentro de las 2 semanas siguientes y dentro de 100 millas de distancia de la frontera.
No obstante, en cualquiera de los 2 escenarios (deportación formal o expedita), la persona tiene el derecho a solicitar asilo, según la ley vigente desde 1972.
Imagen por Factchequeado
“Estados Unidos no puede simplemente deportar [unilateralmente] a una persona hacia otro país. Hay muchos elementos que deben tomarse en consideración para poder realizar una deportación”, explicó en entrevista telefónica con Factchequeado Colleen Putzel, analista de políticas públicas del Migration Policy Institute, organización sin fines de lucro que impulsa soluciones a problemas migratorios basadas en datos e investigación.
De acuerdo con Putzel, el proceso de deportación es como un rompecabezas en el que distintos actores deben ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto para que se pueda ejecutar una orden de deportación. Estos actores incluyen a agencias del gobierno estadounidense (como ICE y CBP) y a gobiernos extranjeros. ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) y CBP es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection).
Putzel nos dió un ejemplo de cómo funciona este rompecabezas: “Digamos que llegan 4,000 personas de distintas nacionalidades diariamente a la frontera.
Eso significa que cualquiera que vaya a ser deportado primero debe ser detenido por las autoridades migratorias, y después ICE debe coordinar con el país de origen de cada una.
En ese proceso puede que el próximo vuelo hacia ese país de origen no ocurra hasta dentro de semana y media, y eso quiere decir que esa persona tendría que permanecer detenida por esa semana y media, pero el número de camas disponibles en los centros de detención de ICE son limitadas, especialmente comparados con el número de migrantes llegando a la frontera”.
Entonces, considerando todas estas variables (incluyendo la capacidad limitada de los centros de detención), las autoridades migratorias deben decidir quiénes quedan detenidos y quiénes, en libertad condicional.
Putzel explica que en la frontera cuando agentes de CBP encuentran a familias con niños o a otras poblaciones vulnerables y saben que el proceso de deportación puede tomar demasiado tiempo, suelen procesarlos y liberarlos con un notice to appear (aviso de comparecencia).
Algunas personas con notice to appear son monitoreadas por ICE a través de dispositivos con GPS y aplicaciones móviles, entre otras modalidades.
Dato: de acuerdo con el reporte anual más reciente de ICE, en el FY 2023 (año fiscal 2023, que comenzó en octubre de 2022 y terminó en septiembre de 2023), estuvieron en sus centros de detención personas provenientes de más de 170 países, que permanecieron en promedio 37.5 días detenidos.
Para octubre de 2023 casi 37,000 individuos estaban en un centro de detención. La cifra para febrero de 2024 era de más de 39,000 detenidos (67% de ellos sin antecedentes criminales), de acuerdo con el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, que monitorea los datos oficiales del sistema migratorio de EEUU.
En la solicitud de presupuesto para el año fiscal que viene (FY 2025, que arranca en octubre de 2024) el Departamento de Seguridad Nacional busca que ICE tenga fondos para albergar hasta 43,000 detenidos.
Putzel destaca que antes de que alguien sea deportado, el gobierno del país hacia donde será enviado debe asegurarse de que esa persona sea realmente un nacional del país. También se debe tomar en consideración cuántos vuelos de repatriación puede aceptar ese país.
También, añade Putzel, si el país de origen no tiene un “gobierno funcional”(que esté atravesando problemas de gobernabilidad, por ejemplo), puede ser complicado realizar deportaciones porque no se podría verificar la identidad del individuo.
Otra dificultad para el proceso de deportación ocurre cuando un gobierno se niega a recibir vuelos de repatriación de sus connacionales.
Por ejemplo, el régimen de Venezuela dejó de aceptar vuelos de repatriación durante la administración de Donald Trump.
Eso cambió en octubre de 2023, cuando comenzaron a recibir vuelos de venezolanos deportados en el marco de un acuerdo con la administración de Joe Biden.
Pero en enero de 2024, ante la amenaza de Estados Unidos de reimponer sanciones a la industria petrolera y gasífera de Venezuela, el régimen liderado por Nicolás Maduro anunció que, como represalia, dejaría de autorizar la llegada de vuelos de repatriación.
The New York Times informó en febrero de 2024 que el régimen venezolano ya había comenzado a negarse a recibir a sus connacionales deportados de Estados Unidos.
Ese mismo mes, The Wall Street Journal informó que el régimen de Venezuela también se estaba negando a recibir a los venezolanos deportados desde México.
“La política juega un rol central cuando nos referimos a qué países podemos deportar personas y eso tiene que ver completamente con cómo Estados Unidos opera en este hemisferio.
Es un asunto de relaciones internacionales”, dijo en entrevista con Factchequeado Rebekah Wolf, experta en temas fronterizos y detención de migrantes del American Immigration Council.
En entrevista telefónica con Factchequeado, Kelli Stump, abogada de inmigración especializada en casos de deportaciones y presidenta electa de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), resaltó que otro motivo que puede dificultar un proceso de deportación es la escasa cantidad de jueces de inmigración que hay en comparación con la cantidad de casos pendientes.
De acuerdo con la cuenta que lleva el proyecto TRAC, para febrero de 2024 había más de 3,400,000 casos pendientes de personas sujetas a procesos de deportación, mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) tiene aproximadamente 600 jueces de inmigración.
Es decir, que cada juez de inmigración, en promedio, tiene en su lista más de 5,600 casos pendientes.
Stump contó a Factchequeado que, por esta insuficiencia de jueces, en casos que ella maneja ha visto que a sus clientes les fijan fechas de audiencias para 2028.
El acuerdo presupuestario bipartidista del Senado sobre seguridad fronteriza plantea, entre otras cosas, financiamiento adicional para que el DOJ contrate 100 jueces adicionales de inmigración.
Ese acuerdo contaba con el apoyo de senadores de ambos partidos, pero no se convirtió en ley porque Trump se manifestó públicamente en contra del acuerdo y, posteriormente, la mayoría de los republicanos en el Senado votaron en contra (sólo 4 votaron a favor).
Un reporte de 2023 del Servicio de Investigación del Congreso proyectó que se necesitarían al menos de 1,349 jueces de inmigración en total para poder resolver todos los casos pendientes para el año fiscal 2032.
“Las personas tienen derecho a un debido proceso… pero el gobierno no tiene presupuesto para contratar suficientes jueces.
Entonces, Estados Unidos está tratando de remover a algunos de estos individuos, pero toma tiempo hacerlo”, dijo Stump.
“Si un migrante comete un crimen en los Estados Unidos y es declarado culpable de ese delito, eso afecta su proceso migratorio… no obstante, la persona tiene derecho al debido proceso”, dijo Wolf.
Con esto coincide Putzel, quien destaca que es importante establecer una diferencia: alguien puede ser acusado y arrestado por un delito, pero eso no equivale a ser declarado culpable.
“Vivimos en un Estado de Derecho donde las personas tienen que pasar por un debido proceso. La alternativa a eso sería arrestar a alguien antes de que haga algo, lo que es contrario a los principios de los Estados Unidos”, añadió Wolf.
Dato: recuerda que, como ya te hemos informado en Factchequeado, varios estudios han concluido que no hay una relación entre migración y aumento de tasas de criminalidad y que la tasa de arrestos y de condenas de inmigrantes sin documentos es menor a la de los nacidos en Estados Unidos.
Stump explica que cuando un extranjero comete un delito grave en Estados Unidos y es condenado por ello, en muchas ocasiones no es deportado inmediatamente, porque tanto el gobierno federal como cada estado “tienen el derecho de presentar cargos contra individuos que hayan cometido crímenes en este país y castigarlos en este país”.
En eso casos, una vez el individuo cumpla su condena, pasa a custodia de ICE para que comience el proceso de deportación.
No obstante, en ocasiones es posible que un extranjero termine en manos de ICE y en proceso de deportación así haya sido acusado por delitos menores y no haya sido condenado.
El motivo, explica Stump, es que los casos criminales son públicos y las autoridades migratorias (si así lo desean) pueden analizar la lista de detenidos de un lugar en específico y pueden tomar la decisión de comenzar un proceso de deportación contra alguien arrestado que detecten que está en Estados Unidos sin autorización, así esté acusado por un misdemeanor (delito menor).
La abogada Stump nos dió el ejemplo de un delito de DUI (manejar bajo la influencia): si bien un DUI no es necesariamente un delito que motive una deportación, si una persona es arrestada por ello, ICE puede darse cuenta de que la persona está en el país sin autorización y puede proceder a la deportación.
“En ese caso la persona no está siendo deportada por el DUI, sino por no estar en el país legalmente”, añadió Stump.
Stump añadió que los estados tienen derecho a “pelear” una deportación en caso de que quieran que la persona sea juzgada y que cumpla su condena (de ser sentenciada culpable) en Estados Unidos antes de ser repatriada. Pero eso depende de la severidad del delito.
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Esta es una traducción de El Tiempo Latino. Puedes leer el artículo original en Factcheck.org. Escrito…