Democracias bajo amenaza: Crimen político y sus repercusiones en América Latina

El atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe no solo conmociona: confirma. Confirma que en América Latina, el crimen político no es un exabrupto del pasado, sino un método vigente, un recurso táctico en una guerra que no cesa. Porque en esta región —tan dada al eufemismo como a la sangre— asesinar a un candidato sigue siendo una forma de disputar poder.

Uribe fue baleado en Bogotá por un menor de edad que, según las primeras versiones, podría estar vinculado a estructuras criminales con más conexiones que un político en campaña. ¿La cereza del pastel? La Fiscalía no descarta la participación —activa, pasiva o complaciente— de miembros de la propia fuerza pública. Todo muy latinoamericano: aquí los chalecos antibalas te los vende el mismo que entrega tu ubicacion.

El episodio, por supuesto, nos remite —con escalofriante familiaridad— al asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, a plena luz del día, en un mitin electoral y frente a cámaras. También entonces hubo balas, confusión, conspiraciones, silencios oficiales y la inevitable frase: “no se descarta ninguna hipótesis”. Pero todas sabemos cuáles no se investigan del todo.

Y es que hay un patrón que se repite con la misma puntualidad que los informes de impunidad: el vínculo difuso entre movimientos políticos (en especial aquellos que se autodenominan “progresistas”) y estructuras criminales que operan como brazo armado o como socio financiero. Por supuesto, la izquierda que se dice moral, ética, distinta, patriótica, siempre encuentra una manera de justificar la violencia: o como “reacción de los pueblos”, o como “montaje de la derecha”, o —la favorita— como un “hecho lamentable que debe investigarse”.

Lo cierto es que mientras algunos sectores de esa izquierda juegan a la revolución en Twitter, el crimen organizado hace la verdadera política: impone candidatos, silencia críticos, financia campañas y liquida opositores. Con más eficacia que cualquier comité de base.

En Colombia, el petrismo ha coqueteado con una narrativa que, si no justifica, al menos matiza el accionar criminal. ¿Acaso no se tilda a Uribe —el senador baleado, no el expresidente— de “ultraderechista”, “elitista”, “enemigo de la paz”? Porque en América Latina la palabra “derecha” justifica muchas cosas, incluso una bala.

En Ecuador, el asesinato de Villavicencio sirvió para desmantelar —a medias— una estructura de protección fallida, pero no ha bastado para cambiar las reglas del juego. Los responsables materiales están muertos, los autores intelectuales siguen en el limbo. Y el país, como buen espectador de su propia tragedia, ya pasó la página. Total, hay que seguir hablando del TikTok de los candidatos y de la camisa sin corbata de Noboa.

Y sin embargo, la realidad no se deja silenciar: en esta región el crimen organizado no solo controla rutas de droga o cárceles, sino que penetra alcaldías, financia campañas, gestiona votos y decide candidaturas. Es una forma de poder que ya no necesita encapucharse. Basta una empresa fachada, una estructura de WhatsApp, un par de jueces dóciles y un grupo armado que funcione más como cuerpo de seguridad electoral que como banda.

El resultado es este ecosistema donde la violencia no es excepción, sino lenguaje. Donde cada elección importante viene precedida por un asesinato o un atentado. Donde los partidos hacen política con eufemismos y los narcos con fusiles. Donde el miedo es una herramienta de gobernabilidad, y el silencio, un pacto tácito entre instituciones débiles y criminales con eslóganes.

Claro, siempre queda espacio para el gesto simbólico. Una marcha con velas. Un minuto de silencio en el Congreso. Un post en Instagram con fondo negro y el texto “Ni uno más”. Pero la realidad sigue allí, intacta: el crimen político no está muriendo, está mutando. Y lo hace con la complicidad —por acción o por omisión— de quienes se supone deberían defender la democracia.

Lo dijo Villavicencio: “Si me callan, no callarán la verdad”. Hoy, el balazo en Bogotá suena también en Quito, en Lima, en Tegucigalpa. Y los demócratas —los verdaderos, no los que llevan la palabra como eslogan— deberían entender que el silencio ya no es opción. Que cada atentado no investigado, cada crimen sin justicia, es una carta abierta para que la violencia se vuelva estrategia de campaña.

Así estamos: blindando la democracia con cinta adhesiva. Y esperando que esta vez, al menos, no se caiga antes de las elecciones en Colombia.