El caso del salvadoreño Kilmar Abrego García enfrenta una nueva encrucijada debido al cierre del gobierno de Estados Unidos. Sus abogados argumentan que el proceso legal debe continuar o, en su defecto, él debería ser liberado bajo arresto domiciliario. Esta sistuación añade tensión a una batalla legal ya compleja y cargada de implicaciones políticas.
Ante la paralización gubernamental, los abogados del Departamento de Justicia solicitaron una suspensión de todos los aspectos del caso. En su petición del miércoles, afirmaron que los abogados del gobierno “tienen prohibido trabajar, incluso de forma voluntaria, excepto en circunstancias muy limitadas, como ‘emergencias que involucren la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad’”.
Sin embargo, la defensa de Abrego García respondió con una moción el jueves por la noche. Sus abogados sostienen que la ley de hábeas corpus obliga a la corte a seguir adelante. Argumentaron que la ley “instruye expresamente que, en caso de un lapso en las asignaciones, esta Corte continuará ‘escuchando y resolviendo los casos pendientes’”. Mientras tanto, la jueza de distrito Paula Xinis aún no ha decidido si la audiencia probatoria programada para el 6 de octubre procederá.
Con el futuro inmediato del caso en el aire, los abogados de Abrego García también recuerdan que el gobierno no puede detenerlo indefinidamente. Por ello, proponen una solución alternativa: su liberación bajo estrictas condiciones. Sugieren que la jueza Xinis imponga las mismas medidas que un juez de Tennessee ordenó previamente: custodia de terceros, monitoreo electrócnico, arresto domiciliario y reportes regulares a los Servicios Previos al Juicio.
“Si esta Corte ordena la liberación del Peticionario de la custodia de inmigración, él permanecerá bajo estos estrictos requisitos de supervisión, asegurando tanto su comparecencia en futuros procedimientos como abordando cualquier supuesta preocupación de seguridad pública, por muy fuera de lugar que esté”, escribieron los abogados en su moción.
El panorama legal de Abrego García se complicó aún más esta semana. Un juez de inmigración en Baltimore negó su solicitud de asilo al rechazar reabrir su caso de 2019. Abrego García tiene ahora 30 días para apelar esta decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Paralelamente, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump han señalado públicamente a Abrego García como miembro de la pandilla MS-13, a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito. Su equipo legal ha denunciado estas declaracione como perjudiciales e incendiarias.
Hasta el momento, los abogados del gobierno no han respondido a la última moción de la defensa, que insiste en que el caso debe avanzar y que Abrego García debe esperar la resolución en arresto domiciliario. La incertidumbre sobre la audiencia del 6 de octubre y la reciente negativa de asilo mantienen el futuro del salvadoreño en un delicado equilibrio.
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