El exalcalde de Medellín está acusado por la Fiscalía por presunta corrupción en el caso de Aguas Vivas, el proceso más avanzado que está ya en etapa de juicio.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nombrado superintendente de Salud por el Gobierno Petro, llega al cargo enfrentando 43 investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría por presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrucpión durante su mandato en la capital antioqueña.
Uno de los casos más sonados es el de Aguas Vivas, en el que las autoridades analizan cambios realizados en el uso del suelo de un predio que habrían incrementado su valor y generado beneficios a terceros.
Al exmandatario le imputaron tres delitos por presunta corrupción en el lote de Aguas Vivas. El proceso, que se encuentra en etapa de juicio, tiene en la mira a Quintero y a 10 personas más. Según la información recabada, el lote Aguas Vivas, ubicado en el sector de Las Palmas y que se entregó por un valor de $2.711 millones, pasó a costar $48.234 millones, lo que implica una valorización del 1.000 %.
La investigación del ente acusador señaló que Quintero Calle y algunos exfuncionarios habrían realizado cambios en la asignación del uso del suelo para el predio de 146 mil metros cuadrados, firmando decretos que lo validaron, e intentaron restituir ilegalmente la propiedad, alterando su avalúo.
El entramado de presunta corrupción en Metroparques, una de las entidades más cuestionadas en la administración de Quintero, fue denunciada ante la Fiscalía por la veeduría ciudadana ‘Todos x Medellín’, que argumentó la denuncia como un macrocaso de corrupción, respaldada por una investigación que mostraría cómo la administración pública de la capital antioqueña se habría aliado con particulares para direcionar la contratación y acceder a recursos públicos por esa vía.
La directora de la veeduría Piedad Patricia Restrepo afirmó que la investigación de su equipo “destapó un cartel de la contratación” que creció entre los años 2020 y 2023, precisamente durante la administración de Quintero.
Otro de los temas que ha llamado la atención es el mantenimiento de jardines y zonas verdes, pues la Procuraduría puso la lupa en el retiro de contratos al Jardín Botánico para entregarlos a Metroparques, entidad que luego los subcontrató a empresas vinculadas entre sí.
La Procuraduría ya impuso inhabilidades por este presunto direccionamiento ilegal de recursos: Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, fueron sancionados con nueve años sin poder ejercer cargos públicos.
En otro caso que ya tiene avances y testigos, el señalado es Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde, quien supuestamente habría tenido acceso y poder de injerencia en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
Los casos a los que el ente de control departamental hace referencia son contratos firmados por el AMVA entre 2020 y 2023. Allí se presume un caso de corrupción entre AMVA y los Bomberos de Itagüí que involucra al ex director Juan David Palacio, quien habría influido en el direcionamiento de contratos y en maniobras que generaron sobrecostos y desvío de recursos públicos. Miguel Quintero sería el articulador de presuntas conductas ilegales allí.
El proceso judicial por el escándalo de presunta corrupción en contratos que suman cerca de 18.000 mil millones de pesos retomará su curso luego de un mes en el que las autoridades no avanzaron.
Otro escándalo es el del programa Buen Comienzo, donde ya la Fiscalía señaló a la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y a la exdirectora del programa, Lina Gil, ambas funcionarias en la administración de Quintero, como las principales responsables de direcionar ilegalmente contratos hacia la Corporación Colombia Avanza.
Lo que ha trascendido por medios locales y la misma indagación formal es que dicha entidad privada recibió millonarios recursos públicos sin cumplir con los criterios de trasparencia necesarios. Presuntamente, habría un detrimento patrimonial estimado en $2.333 millones.
La Fiscalía les ha imputado a Gil y Agudelo los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Ya el ente acusador radicó el escrito de acusación formal y se encuentra en etapa de juicio.
Las autoridades también indagan el uso de fondos públicos para cubrir cuentas en restaurantes de lujo ubicados en sectores exclusivos de Medellín. Las facturas incluyen cortes de carne costosos, pulpo y vinos, gastos que no cumplirían con los criterios legales de necesidad y urgencia establecidos por la administración pública.
La Contraloría ha alertado sobre gastos por cerca de $117 millones relacionados con viajes oficiales del exmandatario. La entidad sospecha que hubo un doble reporte de gastos, donde algunos cobros por viáticos y viajes habrían sido cargados simultáneamente a la caja menor sin cumplir los trámites exigidos por la ley.
Respecto al caso, la Procuraduría y la Contraloría adelantan investigaciones formales contra Daniel Quintero Calle y su exsecretaria privada, María Camila Villamizar, además de otros funcionarios administrativos del período.
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