El caso SENASA sigue generando repercusiones judiciales y políticas, después de que las autoridades presentaran una solicitud de medidas de coerción contra diez personas presuntamente involucradas en un desfalco que, según las investigaciones, habría causado un daño millonario al sistema nacional de aseguramiento en salud. Entre los imputados se encuentran antiguos directivos, empleados administrativos y proveedores vinculados a procesos de compra y servicio.
La acusación indica que durante varios años se ejecutaron pagos por servicios médicos que no existieron, autorizaciones sin respaldo de operaciones documentales y financieras que no coinciden con los registros internos. También se investiga la adquisición de medicamentos y contrataciones de servicios realizadas mediante procedimientos que no cumplieron con los requisitos legales establecidos, lo que habría permitido la salida irregular de recursos públicos.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, el monto presuntamente malversado supera fácilmente varias millas de millones de pesos, afectando directamente la capacidad operativa del sistema y comprometiendo fondos destinados a la atención de millas de afiliados. Además, auditorías internas ya habían identificado inconsistencias en períodos anteriores, incluyendo diferencias contables, órdenes de pago alteradas y facturación sin soporte.
Como parte del proceso, se ordenó a la entidad afectada actuar como querellante para procurar la recuperación de los recursos desviados. Al mismo tiempo, equipos de auditores forenses trabajan en la revisión detallada de archivos de compras, nóminas, contratos, registros financieros y comunicaciones internas con el objetivo de rastrear cada transacción vinculada a la red investigada.
El Ministerio Público ha señalado que la investigación sigue abierta y que no se descarta que nuevas personas sean incluidas en el expediente según avance el análisis documental. Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles internos en instituciones públicas, especialmente en áreas sensibles como el sistema de salud, donde la correcta administración de los fondos impacta directamente a la población.
Mientras se espera la decisión judicial sobre las medidas de coerción, el proceso se perfila como uno de los más relevantes en materia de administración pública del último año, no solo por la magnitud de los fondos comprometidos, sino también por la importancia estratégica de la institución involucrada. Las autoridades han reiterado que su objetivo es garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia y que los recursos públicos sean protegidos de manera efectiva.
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