Por Maibort Petit
Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta fue acusado en abril de 2019 cuando se lo señaló de diseñar el esquema corrupto encabezado por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios y exfuncionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que fueron lavados mediante una refinada trama internacional que incluyó el sistema financiero de los Estados Unidos.
Es uno de los pocos sujetos que se libró de la causa criminal que cursaba en su contra en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas-División de Houston. Los papeles de la fiscalía señalaban que Murta y el resto de sus socios, eran responsables de conspiración, lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que lo harían merecedor de una severa y larga pena de prisión. Murta residía en Portugal, país del que es oriundo —también es ciudadano suizo— durante el tiempo en que transcurrieron los hechos demandados, pero habría viajado a Estados Unidos en febrero de 2012 para concretar acciones de la trama. Hoy en día goza de libertad absoluta.
Un poco de historia
Desde que se supo acusado, Murta inició una batalla que, en primer término, buscó librarse de la ser extraditado a los Estados Unidos, una lucha que se extendió por casi dos años hasta que, finalmente el 9 de julio de 2021 fue llevado a territorio estadounidense luego de que la justicia portuguesa denegó su apelación final para evitarlo.
Acciones importantes
El 29 de septiembre de 2021, el gobierno pidió al Tribunal para el Distrito Sur de Texas, rechazar la solicitud de revisión de la orden de detención dictada contra Paulo Murta por el juez magistrado, Sam S. Sheldon. En tal sentido se pidió a la Corte, mantener al acusado detenido en espera de juicio, pues existía un riesgo significativo de que se fugara si lo dejaban en libertad, máxime al ser ciudadano de un país que no extradita, poseer activos en el extranjero, y carecer de vínculos con los Estados Unidos.
La respuesta gubernamental recordó todos los esfuerzos de Murta desde el inicio del proceso para no enfrentar la justicia de los EE. UU., primero luchando contra su extradición y ahora, desde el 15 de septiembre de 2021, cuando presentó una moción para revertir la orden del juez Sheldon. Alega que si bien la Corte evaluó correctamente su falta de vínculos con el Distrito Sur de Texas y sus vínculos significativos fuera de EE. UU., se determinó erróneamente que no tenía estatus en los Estados Unidos; que no hizo varias declaraciones que se le atribuyen; que no tuvo tiempo para prepararse para la entrevista; que fue engañado; que es un error legal asociar la huida de su coacusada, Daisy Rafoi, pues se le ésta considerando culpable por asociación; que se ignoró su condición médica grave; entre otros alegatos.
Para el gobierno fue insuficiente la fianza que Murta ofrecía pagar —USD 875.000— pues no brindaba garantías adecuadas de que comparecería para el juicio; que la orden de detención establecía claramente que el peso de la evidencia contra Murta era supuestamente fuerte; que el acusado ignoraba la abundante evidencia documental y el testimonio anticipado directo de los propios coconspitradores.
Destacaba el gobierno que las declaraciones de Murta ante las fuerzas del orden en 2018 en su audiencia de detención fueron por escrito, por lo que él y su abogado tuvieron la oportunidad de revisar y corregir y, sin embargo, firmaron.
La fiscalía sostuvo que era falso que Murta haya sido engañado durante su entrevista, toda vez que la misma fue realizada un año antes de que fuera acusado formalmente en el caso. Recordaron que el acusado no fue testigo del gran jurado y su entrevista en Portugal fue absolutamente voluntaria.
Sobre el estatus legal de Murta eb EE. UU., el gobierno recordó que su traslado fue en base a una concesión de libertad condicional que solamente le confiere el derecho de estar presente en el país para confrontar los cargos que se le imputan.
El gobierno aseguró que la condición médica del Murta fue tratada adecuadamente en un centro de detención preventiva.
Murta pidió a la Corte obligar el descubrimiento
El 21 de febrero de 2022, Samy Khalil, abogado de Paulo Murta, presentó ante el Tribunal para el Distrito Sur de Texas una moción para obligar al descubrimiento.
El acusado reclamaba la entrega de una serie de comunicaciones informales intercambiadas entre el gobierno de los EE. UU. y varios países extranjeros con los que, basados en el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT), se formularon peticiones a Suiza y a Portugal que fueron respondidas con la entrega de la documentación requerida que constituyen parte de las pruebas del caso.
Los abogados de Murta refirieron que el gobierno envió una solicitud MLAT a Suiza el 7 de noviembre de 2016 y dijo que «continuó recibiendo materiales de las autoridades suizas en respuesta a este MLAT al menos hasta el 20 de agosto de 2018». También pidieron a Portugal la programación de una entrevista con Murta a cargo de agentes estadounidenses sin que esta fuera grabada.
Dado que el gobierno entregó como parte del descubrimiento, copias de las comunicaciones formales de MLAT entre los países, se estaban ahora pidiendo también la entrega de las comunicaciones informales.
Del mismo modo, la defensa hizo mención a que el 5 de marzo de 2018, el Director Adjunto Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia pidió a las autoridades de Portugal su asistencia para entrevistar a Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, entre otros. También pidieron que se permitiera a dos agentes de Seguridad Nacional de EE. UU. viajar a dicho país “para estar presentes y, en la medida de lo permitido, participar en las entrevistas”. En cuestión de días la autoridades portuguesas programaron las entrevistas.
De este modo, según lo expuesto por los abogados de Murta, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de Portugal notificó a su representado que debía asistir a sus oficinas el 20 de marzo de 2018 con carácter de testigo para ser entrevistado respecto a lo que el sistema portugués llama una “investigación”. Subrayó la defensa que no explicó el fundamento de su demanda ni el tema a tratar. Se advirtió que de no comparecer se enfrentaba la posibilidad de una sanción de una multa o tiempo en prisión.
La entrevista se realizó el 20 de marzo de 2018, cuando Murta se presentó con su abogado y enfrentó durante nueve horas a los agentes de Seguridad Nacional de Estados Unidos con presencia de funcionarios portugueses, entre ellos un fiscal. Aseguraron que al acusado no se le informó que podía dar por terminada la entrevista o negarse a responder las preguntas.
Aunque la entrevista no fue grabada, la defensa ha solicitado cualquier nota o informe escrito por los agentes estadounidenses que llevaron a cabo el interrogatorio. La fiscalía aseguró que nadie tomó notas de la entrevista. Posteriormente, en la audiencia de fianza, el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Brandon Muñoz, aun cuando no estuvo presente, hizo referencia lo ocurrido en la entrevista. Dijo que desconocía si el gobierno para ese entonces tenía a Murta como un testigo o como objeto de investigación. También refirió que por lo general los agentes toman notas de este tipo de entrevistas y agregó que era probable que se hubiera producido un informe.
El pedido de Murta a la corte incluye todas las comunicaciones que se establecieron entre el DOJ y los gobiernos extranjeros, así como todas las comunicaciones internas que expliquen la razón por la cual EE. UU. formuló cada solicitud de MLAT del caso, incluidas las comunicaciones «informales».
Murta pide al gobierno las notas y materiales escritos que los agentes de la ley de EE. UU. presentes en la entrevista en Portugal, hayan podido crear, antes, durante y después de la misma.
La defensa de Paulo Murta califica de desconcertante que los agentes del gobierno viajen a Europa, entrevisten por 9 horas a alguien y no tomen una sola nota.
Finalmente, los abogados de Murta refieren que la fiscalía por correo electrónico habló de la existencia de un único material escrito sobre esa entrevista que, a saber, fue un informe realizado por un funcionario portugués.
Murta insistió en reclamo del descubrimiento
También el 14 de marzo de 2022, Samy Khalil, abogado de Paulo Murta, presentó al tribunal del Distrito Sur de Texas la respuesta de su cliente a la negativa del gobierno a producir tres categorías de elementos detectables dentro de la documentación de descubrimiento que se le insta a entregar al acusado.
El pedido reiterado obedece a la negativa del gobierno a la entrega que exige el acusado, especialmente los documentos y comunicaciones informales intercambiados con los gobiernos de Suiza y Portugal respecto al caso de Paulo Murta.
Murta pidió anular entrevista de Portugal
El 14 de marzo de 2022, Samy Khalil, abogado de Paulo Murta, presentó ante el Tribunal para el Distrito Sur de Texas, un escrito de suplemento y réplica sobre la moción de su cliente para supresión de declaraciones realizadas en violación de la Quinta Enmienda y sus Derechos Miranda. Reclamó que no se le formularon los Derechos Miranda durante el interrogatorio que de conducido por agentes de los Estados Unidos que nunca le advirtieron que que tenía derecho a permanecer en silencio y evitar así autoincriminarse.
La moción fue concedida el 11 de julio de 2022 y de ella damos cuenta en otra entrega de estas páginas.
Juez modificó condiciones de la fianza
El 29 de julio de 2022, Kenneth M. Hoyt, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, concedió a Paulo Murta, una moción para modificar las condiciones de su fianza.
En su decisión, el magistrado anuló algunas de las Condiciones de Liberación establecidas en su mandato anterior, específicamente, las condiciones 2, 3, 4 y 5.
Hoyt a la oficina de Servicios Previos al Juicio retirar el dispositivo de seguimiento electrónico GPS al acusado en razón de que ya no está sujeto a esa condición de libertad.
Acceso a documentos sellados
El 14 de septiembre de 2022, el Tribunal para el Distrito Sur de Texas tomó nota y archivó una decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, dictada el 9 de septiembre de 2022, autorizó el acceso de Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta a documentos sellados relacionados con su causa.
La orden estableció que a menos de que el tribunal conceda acceso a uno solo de los documentos específicos, el abogado de Murta podía obtener todos los documentos ex parte presentados en nombre de su representado, así como también todo el resto de documentación no ex parte en el registro.
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