El super policía mexicano está acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva y otras en su negocio de traficar drogas a EE. UU.
Hoy lunes, la fiscalía y la defensa del caso de Genaro García Luna, exzar antidrogas mexicano, entregarán al jurado los argumentos de apertura del juicio por cargos de narcotráfico, haber participado en una empresa criminal continua y por mentirle a los agentes federales de EE. UU. El proceso se ha convertido en una bomba mediática para explotar las fortalezas y debilidades de la clase política mexicana, y es usado como herramienta electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El juicio de García Luna, que se realiza en la Corte del Distrito Este de Nueva York, contará con un jurado, cuyos nombres no se harán públicos por la naturaleza de las acusaciones y las posibilidades que puedan haber retaliaciones de los carteles.
Según los fiscales federales de EE. UU., el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente mexicano, Felipe Calderón quien gobernó al país desde 2006-2012.
En la audiencia de apertura del juicio se procederá con la juramentación e instrucciones al jurado por parte del juez de la causa, Brian Cogan, para luego presentar los argumentos iniciales por parte del fiscal federal, Philip Pilmar.
García Luna está acusado de los siguientes delitos:
1)Participar en una Empresa Criminal Continua,
2) Conspiración de Distribución Internacional de Cocaína,
3) Conspiración de Distribución y Posesión de Cocaína,
4) Conspiración de Importación de Cocaína
5) Hacer una declaración falsa al Departamento de Seguridad Nacional.
El fiscal Pilmar señalará al acusado, quien fue uno de los principales actores en el diseño de la política de la lucha contra el crimen organizado en México, abusó de su posición para supuestamente aliarse con los criminales de los carteles con el objetivo de enriquecerse, gracias a los cobros de sobornos a cambio de seguridad e información de los narcos del cártel de Sinaloa y de sus rivales.
En el marco de la acusación se sostiene que cuando era funcionario público, García Luna hizo acuerdos con narcotraficantes violentos para ganar dinero y mayor poder. La causa del acusado se inició cuando aún estaba en su cargo en 2012, en Houston Texas, pero no logró concretarse la acusación sino hasta 2019, a través de los fiscales de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
El nombre de Genaro García Luna salió a relucir durante el juicio del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo» cuando Jesús “El Rey” Zambada un testigo cooperante de la fiscalía aseguró frente al jurado que había pagado del exsecretario de Seguridad Nacional de México, más de $6 millones en efectivo en sobornos.
De acuerdo a los fiscales estadounidenses, García Luna participó en una empresa criminal continua. De hecho, dos de sus cercanos colaboradores fueron acusados por delitos similares: Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García e Iván Reyes Arzate alias La Reina. Los dos primeros no han sido extraditados a los Estados Unidos ni aparecen en las listas de testigos del gobierno y el último, Reyes Alzate se declaró culpable por delitos de narcotráfico en asociación al cartel El Seguimiento 39, vinculado con el Cártel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva y otros carteles con sede en México Y fue sentenciado por el juez Brian Cogan a 10 años de prisión.
Según la acusación de alias La Reina, oficial de la Policía Federal de 2003 a 2016, cuando Reyes Alzate ascendió de rango en 2008 (ascendido a comandante de la Unidad de Investigaciones Delicadas de la Policía Federal, SIU), García Luna era su jefe inmediato.
En la década de los 90, García Luna sirvió en los Servicios de Inteligencia Civil de México, luego pasó a ocupar el cargo de jefe en el proyecto para reorganizar la policía federal mexicana en cooperación con el gobierno de Estados Unidos. El plan macro era disminuir los niveles de corrupción y elevar la eficiencia en la lucha contra los carteles de la droga.
Posteriormente, García Luna ejerció como director de la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente, en 2006, fue designado por el presidente Felipe Calderón como secretario de seguridad pública, con la función de combatir el crimen organizado en México y transformar el sistema de justicia penal. Ese cargo lo ocupó hasta 2012.
García Luna logró establecer en sus años de servidor público lazos importantes con agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, políticos y servidores públicos, particularmente durante el gobierno de George W. Bush y el primero de Barack Obama. De hecho, muchos funcionarios norteamericanos le rindieron elogios públicamente.
Desde el 2012, García Luna se retiró del servicio público y entró a la actividad privada haciendo consultorías entre México y EE. UU. Una empresa en Miami, cuyo principales clientes eran del gobierno mexicano es parte de las evidencias que buscan exponer los fiscales para probar, más allá de la duda razonable, que García Luna es culpable de los cargos por los cuales fue acusado.
Según a lista presentada en corte, los fiscales presentarán más de 60 posibles testigos, y cientos de evidencias con pruebas documentales que incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y otros elementos supuestamente cuilpatorios contra García Luna.
Entre los testigos más importante que presentará la fiscalía estarán los siguientes:
1) Jesús «El Rey» Zambada, testigo del juicio del Chapo, exmiembro del cártel de Sinaloa. Fue quien mencionó a Genaro García
2)El expolicía, Sergio Villarreal Barragán, alias, «El Grande», un narco de alto rango de la Organización Beltrán Leyva,.
3) El narco colombiano, Álex Cifuentes, vinculado al cártel de Sinaloa y que sirvió en el juicio del Chapo Guzmán,
4) Édgar Veytia, el exfiscal del Estado mexicano de Nayarit, conocido como El Diablo o La Bestia, sentenciado a 20 años por delitos de narcotráfico.
Según el testimonio judicial del juicio de El Chapo, durante el tiempo, que García Luna estaba sirviendo en sus cargos públicos, el acusado supuestamente estaba recibiendo sobornos del cártel de Sinaloa y de la Organización Beltrán Leyva, que supuestamente le habría dado $50 millones.
El juez Cogan autorizó a la defensa de García Luna plantear en los interrogatorios de los testigos de la fiscalía las inconsistencias en las declaraciones que han ofrecido los narcotraficantes en los que los fiscales apoyan sus versiones.
La defensa ha anunciado que buscará desacreditar a los testigos cooperantes de la fiscalía bajo el argumento que son unos narcos que mienten para lograr una sentencia menos severa.
El juez Cogan también autorizó a la defensa a mostrarle cinco al jurado fotografías del expresidente, Barack Obama, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, el excandidato republicano a la presidencia John McCain; tres exdirectores de la CIA, jefes del FBI y la DEA, entre otros con quienes sirvieron de enlace durante el tiempo en que el acusado ejercía su función pública, o aquellos que elogiaron su gestión pero sin hacer referencia a los comentarios positivos que hicieron sobre García Luna.
El juez prohibió a la defensa referirse al caso contra el general mexicano, Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que fue detenido en EE UU en octubre de 2020 y luego que el presidente, Andrés Manuel López Obrador amenazara con echar del territorio mexicano a los agentes de la DEA, el Departamento de Justicia desestimó los cargos y lo envió a México donde goza de impunidad.
La defensa de García Luna planeaba usar el caso del general Salvador Cienfuegos para explicarle al jurado lo que a su juicio es un modelo de procesamiento judicial selectivo, pero el juez ha dicho en un fallo que esos argumentos no serán presentados.
El magistrado Cogan también prohibió hablar de lo que aparece descrito como «teorías conspirativas», tales como los Iluminatis, la existencia de extraterrestres, y otros temas referidos por uno de los testigos de la fiscalía porque eso no aportaría nada al juicio y generaría confusión o distracción en el jurado.
El juicio de Genaro García Luna se extenderá por unas ocho semanas apróximadamente con audiencias de lunes a jueves de 9:AM a 5 PM, que incluye un receso para el almuerzo.
La presentación de los alegatos ante el jurado por las dos partes tomará una jornada, lo que indica que la fiscalía y la defensa harán exposiciones de dos o tres horas.
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