La colaboración con naciones como Ecuador, Perú y Bolivia ha producido resultados, dijo Carolina Tohá en la oficina de Bloomberg en Santiago. Chile necesita que Venezuela proporcione información sobre ciudadanos que son sospechosos de delitos localmente, así como ayuda para capturar a sospechosos que han huido al extranjero, agregó.
«Hay estrategias con toda la región y con algunos países ha sido más fácil que con otros», dijo Tohá. «Ha sido complejo con Venezuela».
Tohá, quien es la ministra del Interior de la nación y está sirviendo como presidenta interina esta semana mientras el jefe de Estado, Gabriel Boric, está en un viaje oficial al extranjero, habló mientras el gobierno se preparaba para fuertes lluvias en el centro y sur del país.
Tohá lidera la estrategia del gobierno para combatir el crimen y es una de las ministras más influyentes y experimentadas de Chile. Sus responsabilidades se encuentran entre las más desafiantes en la política local. Las pandillas afiliadas a la organización criminal Tren de Aragua, que se originó en Venezuela, están generando temor entre los votantes de que la violencia se está saliendo de control, lo que pesa mucho en el apoyo a la administración.
«El Tren de Aragua ha afectado a toda América Latina», dijo. «Venezuela tiene una teoría de que desmantelaron la jerarquía de la pandilla. Pero la verdad es que hemos visto cómo el crimen organizado es extremadamente dinámico».
Exdiputada de la cámara baja y portavoz del gobierno bajo Michelle Bachelet, Tohá dijo que Chile mantendrá los canales abiertos y buscará soluciones con el gobierno de Venezuela. Chile también presentará su punto de vista a organismos internacionales.
«Venezuela tiene ciertas obligaciones internacionales con nosotros y a nivel multilateral que debe cumplir», dijo Tohá.
El gobierno de Venezuela no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
El crecimiento del Tren de Aragua está estrechamente ligado al éxodo de más de 7 millones de venezolanos en la última década. Países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile han expresado preocupaciones sobre secuestros, tráfico de drogas y asesinatos que atribuyen al grupo.
La semana pasada, el gobierno envió una nota de protesta a la administración de Nicolás Maduro después de que el Fiscal General Tarek William Saab alegara que funcionarios de inteligencia chilenos estuvieron involucrados en el secuestro y asesinato del refugiado político venezolano Ronald Ojeda a principios de este año. Chile ha dicho que Venezuela no está dispuesta a ayudar con la investigación del asesinato.
La administración de Boric recibió buenas noticias en abril, cuando los datos del gobierno mostraron que los homicidios cayeron un 6% en 2023 después de haber aumentado el año anterior. Las cifras de 2024 hasta ahora muestran una mayor mejora tras el final del verano en el hemisferio sur en marzo, dijo Tohá.
«Los números son mejores que el año pasado, pero aún es temprano», dijo Tohá. «Tenemos que mantener esta inflexión a lo largo del tiempo para poder decir que rompimos la tendencia al alza».
Parte de la estrategia del gobierno se basa en un conjunto de proyectos de ley contra el crimen a los que se les otorgará prioridad legislativa en los próximos meses. Incluye propuestas para crear un Ministerio de Seguridad Pública, proteger la infraestructura crítica y fortalecer las capacidades de los municipios para combatir la violencia.
Tohá dijo que se ha vuelto cada vez más difícil alcanzar consensos debido a las mayores tensiones políticas en la legislatura. «Hoy, el ambiente en el Congreso es muy complejo», dijo. «Es difícil avanzar en los debates».
Complicando aún más las cosas, las encuestas muestran que las percepciones del público sobre la violencia no han mejorado. Las mayores asociaciones empresariales de Chile, incluida Sofofa, también han mantenido la presión sobre el gobierno para frenar el crimen, señalando un impacto negativo en las actividades de las empresas.
Tohá dijo que hay una mayor frecuencia de crímenes violentos en Chile que antes y esa tendencia está alimentando las percepciones negativas del público.
Atribuyó ese cambio a factores que incluyen el creciente fortalecimiento del crimen organizado a partir de la pandemia de Covid-19, el debilitamiento de las instituciones chilenas inmediatamente después de los disturbios sociales de 2019 y los esfuerzos de algunas pandillas para aprovechar las olas de migración regional.
«Para el público, ha sido un gran shock ver crímenes violentos cometidos en Chile que antes solo conocíamos en las películas», dijo Tohá. «Y ahora, los vemos sucediendo en las calles».
Matthew Malinowski, Valentina Fuentes y Crayton Harrison – Bloomberg.
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