El expresidente envió una carta a la CIDH en la que afirma que la persecución a los senadores que hundieron la reforma laboral es una estrategia del Gobierno.
Desde 2022, durante la campaña presidencial, el expresidente César Gaviria se presentó como un fuerte opositor de Gustavo Petro. En ese momento, el líder liberal pidió votar por Federico Gutiérrez, lo que dejó entrever cuál sería su comportamiento tras la llegada del dirigente de izquierda a la Presidencia. De hecho, en los dos años y medio de este Gobierno, Gaviria y Petro han protagonizado numerosos rifirrafes, incluido el que actualmente se presenta por la caída virtual de la Reforma Laboral.
Tras la presentación de la ponencia de archivo que hace prácticamente imposible la aprobación del proyecto en la Comisión Séptima del Senado, los 8 senadores que firmaron el documento han sido objeto de críticas de trabajadores de todo el país, quienes los acusan de legislar en contra de los derechos de quienes los eligieron. Mientras tanto, ellos defienden que el proyecto iba a generar desempleo y que no aportaría beneficios reales a los empleados.
El presidente Gustavo Petro ha acusado a estos senadores, especialmente a Miguel Ángel Pinto y a dos senadoras cristianas, de traicionar al pueblo trabajador. Además, el hundimiento de esta reforma es una de las motivaciones de las marchas convocadas para este martes 18 de marzo.
Teniendo en cuenta lo anterior, el expresidente Gaviria decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de una carta dirigida a José Luis Caballero Ochoa. En esta misiva, el liberal acusa al presidente Petro y su gobierno de llevar a cabo ataques, amenazas y actos de persecución contra los senadores en cuestión. Según él, esto no proviene de sectores aislados, sino que es una estrategia orquestada desde arriba. Lo que particularmente solicita es «la intervención de la CIDH para que se pronuncie de manera categórica frente a estos hechos y exija al Estado colombiano garantizar la seguridad de los congresistas afectados y de sus familias».
Una de las críticas que más ha dado de qué hablar en contra de los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo de la Reforma Laboral fue la valla que instaló en Barrancabermeja la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, la empresa más grande e importante del país.
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