Caso Tancol: Detenciones Arbitrarias y Torturas en el Contexto del Conflicto entre Guerrilla y Estado en Venezuela

Surgentes ha agrupado a 67 personas bajo la denominación «caso Tancol» para referirse a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ejecutadas por organismos de seguridad por «pertenecer» a grupos guerrilleros. «Más del 80% de las personas detenidas fueron torturadas, muchas de ellas obligadas a autoinculparse, no se les permitió la defensa privada (…) no se les garantiza un juicio justo, fueron privadas en centros de reclusión lejanos a su lugar de residencia»

En marzo de 2021 se registraron enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional y grupos guerrilleros en poblaciones fronterizas del estado Apure con Colombia. Seis meses después, Nicolás Maduro dijo que los «Tancol se han infiltrado poco a poco en territorio venezolano. Pido a toda la fuerza militar de Venezuela, a los jefes militares, declararle la guerra a los Tancol, ir por ellos y sacarlos del país, capturarlos, y juzgarlos». 

Ese llamado de Maduro contra los «Tancol» (el acrónimo de terroristas armados narcotraficantes colombianos) propició una serie de «falsos positivos», ha dicho la organización Surgentes. Entre 2021 y 2023, decenas de personas fueron detenidas de forma arbitraria por funcionarios de la Dgcim, el Sebin, la Guardia Nacional o la PNB en poblaciones pobres, fronterizas con Colombia, y desaparecidas forzosamente por periodos de tiempo entre los cuatro y 30 días bajo acusaciones de supuesto terrorismo, traición a la patria o asociación para delinquir, entre otros delitos. 

Surgentes ha identificado a 67 personas detenidas –aunque creen que hay más de 200– por presuntamente pertenecer a estos grupos. Recientemente, dos salieron en libertad bajo restricciones por medidas humanitarias, entre esos un joven que fue detenido mientras era menor de edad y, debido a las torturas, quedó con discapacidad cognitiva. 

«Más del 80% de las personas detenidas fueron torturadas, muchas de ellas obligadas a autoinculparse, no se les permitió la defensa privada (…) no se les garantiza un juicio justo, fueron privadas en centros de reclusión lejanos a su lugar de residencia», ha explicado Antonio González Plessman, de Surgentes. 

Estas personas están siendo procesadas por tribunales con competencia en terrorismo. 10 de los 67 ya fueron condenados a pena máxima. Asimismo, dentro del grupo hay 19 ciudadanos extranjeros (colombianos) o con doble nacionalidad y 17 personas con graves problemas de salud que no han recibido atención médica especializada. 

Esta es la primera entrega de una serie de notas para exponer las historias personales de los detenidos por el «caso Tancol». 

Jeancarlos Seguerís, de agricultor cafetero a terrorista

El 1 de marzo de 2022, Jeancarlos Seguerís iba junto a su familia en la carretera que comunica Altamira de Cáceres, donde había celebrado los carnavales, a la ciudad de Barinas cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), encapuchados y con armas largas, los detuvieron en una alcabala. 

A Jeancarlos, un agricultor de 34 años dedicado a la siembra de café –asegura su hija Yenimar Seguerís– lo bajaron del vehículo «a golpes». 

«Estábamos muchos menores de edad, mi mamá y mi papá. A nosotros nos bajaron y nos metieron en un cuarto dentro de ese cuartel policial y a mí me desnudaron y me hicieron saltar, no sé por qué razón, sin el consentimiento de mi mamá y mi papá. A él lo metieron de nuevo en el carro y lo agarraron a golpes, yo veía como se movía el carro cuando eso pasaba. Incluso mi tía cuando llegó fue hacia el carro y abrió donde estaba mi papá, lo vio todo golpeado, con una bolsa en la cabeza. Lo estaban asfixiando», denuncia Yenimar.  

En ese momento empezó el calvario de la familia. Los funcionarios de la Dgcim les decomisaron sus celulares. «Hacíamos preguntas, no nos daban respuestas, no nos dicen nada. Después de eso se llevan el carro y a mi papá». 

A su mamá también se la llevaron detenida. «La tuvieron cinco días secuestrada. A ella la dejan en una carretera, cree que es por la vía de Quebrada Seca-Barinitas, la dejaron amarrada y con una cinta en los ojos. La dejaron a la deriva», afirma Yenimar. 

Sin embargo, Jeancarlos apareció días después en una sede del Dgcim en Alto Barinas. De allí lo trasladaron a Caracas y lo recluyeron en la sede principal de Boleíta (municipio Sucre, estado Miranda). Allí estuvo unos meses hasta su traslado al Internado Judicial Rodeo III, donde se mantiene actualmente recluido. 

En ese lugar, dice la familia, ha desarrollado ansiedad, además de brotes continuo de la dermatitis que sufre desde hace años y para la cual necesita unas cremas que a veces los custodios impiden pasar. Lo que sí dejan ingresar son los medicamentos para la diabetes tipo 1 que también padece.  

Yenimar Seguerís comenta que desde 2022 el caso está en juicio aunque cree que está por finalizar. «Los llevan a audiencias pero no finaliza porque los funcionarios del Dgcim nunca se presentan o no hay pruebas suficientes». 

«Ellos dicen que agarraron a mi papá un 28 de febrero, pero yo tengo fotos que comprueban que el 28 de febrero estábamos en Altamira de Cáceres. Todo fue viciado, un mal procedimiento, nos violentaron a los niños. Yo pasé dos años en el sicólogo porque nunca había pasado algo así en mi vida», dice Yenimar. 

En el expediente que maneja el Tribunal 1 de Juicio con competencia en terrorismo, donde Jeancarlos Seguerís está involucrado junto a otras cuatro personas, dice que los agarraron por la vía de Socopó y había testigos. «Estos testigos hablaron en favor del Dgcim pero hace un año dijeron la verdad, testificaron en favor de mi papá y el resto. Después de eso los metieron presos (…) Ese día que nos detienen el carro estaba cargado de plátano, de naranjas y limones porque eran de la finca». 

Inés Rodríguez, presa por relacionarse con un Dgcim

Inés Fabiola Rodríguez Peña, una abogada y licenciada en educación agropecuaria de 45 años, fue detenida el 10 de enero de 2024 en San Fernando, estado Apure. Una comisión del Dgcim fue a su vivienda y la detuvo sin mostrar ninguna orden judicial. Al día siguiente fue trasladada a Caracas. El 12 de febrero de ese año fue presentada en tribunales. 

«No supimos nada de ella hasta el 20 de marzo cuando logra hacer una llamada y decir que estaba en Boleíta. Cuando la vimos había sufrido una parálisis facial. Pasó otro mes y la trasladaron a La Crisálida y hace casi un año la trasladaron al INOF, donde está actualmente», relata su hermano Norman Guevara. 

Inés Fabiola fue acusada de terrorismo, traición a la patria, revelación de secretos militares y asociación para delinquir. «A ella la detuvieron junto a un funcionario de la Dgcim, tenían una especie de romance, y por eso le pusieron los mismos delitos que a él». 

Pero el juicio no ha comenzado, afirma Guevara. Mensualmente hacen llamados para la primera audiencia de juicio «pero siempre se suspende. Ya tenemos casi dos años en eso. Solicitamos un abogado privado, nada». 

En cada traslado siempre ha pasado un mes en el que dejan de tener noticias de Rodríguez Peña. Durante el allanamiento a la vivienda, también se llevaron su expediente médico por lo que no han podido entregarlo en tribunales para solicitar su libertad inmediata o una medida por razones humanitarias. 

En el INOF, la abogada ha sufrido dos parálisis faciales. Ella también es diabética y tiene un tumor hipofisiario, pero su familia desconoce desde hace dos años su evolución.

«Sí la han atendido, pero solo cosas agudas, es decir, atienden una molestia y ya, no la atención especializada que ella debería tener. Cada vez que la veo está un poco más demacrada, los recursos siempre son limitados, no es la misma atención. Sufre de dolores de cabeza, de mareo, por eso he pedido que la revisen pero estamos esperando. La última vez que le dio una parálisis fue hace seis meses», señala Norman Guevara. 

En marzo, junto al abogado lograron solicitar la amnistía aunque les fue denegada debido a los delitos por los que fue acusada. «Mi hermana es abogado, nunca ha ejercido. Es licenciada en educación agropecuaria y trabaja en una escuela, no hay nada que se relacione a esos delitos que le imputan». 

Norman Guevara también acusa la distancia. De San Fernando al INOF hay 369 kilómetros de distancia que no pueden recorrer cada mes por las limitaciones económicas. «A nosotros nos cuesta y por eso no la visitamos todo el tiempo. La paquetería son 200 o 300 dólares, es complicado en la parte económica. Lo que nos tiene en desesperación es que no pasa nada, cuando uno cree que va avanzar no pasa nada».

A José Acosta Porras «lo desgraciaron»

José Ezequiel Acosta Porras, era funcionario activo de la PNB al momento de su detención el 12 de enero de 2022. Fue arrestado por «un gran grupo» de hombres armados sin identificar en las instalaciones del hotel Flamingo, ubicado en La Victoria, estado Apure. En ese lugar, le explicó a su esposa Glori Moncada, su primer comandante lo envió a retirar unos bidones de combustible. 

Lo acompaña el funcionario Carlos Gallardo y, una vez llegado al lugar, se consiguió a su sobrina Iraima Acosta. «Entablaron una conversación y me cuenta que llegaron las comisiones, como seis camionetas con hombres fuertemente armados, los tiraron boca abajo al piso y luego los montaron en una camioneta donde sintió que rodó como dos horas. Cuando lo bajaron se dio cuenta que era la Dgcim de Guasdualito». 

En ese sitio estuvo cinco días y luego lo trasladaron a Caracas, a la sede principal del Dgcim. Su familia supo donde se encontraba 22 días después de su arresto. «Lo torturaron como quisieron. Él había sido operado varios años antes, pero a raíz de los golpes ya perdió la visión en uno de sus ojos, tiene pérdida parcial de la audición. Él dice que come porque es su deber pero no sabe ni a qué huele o sabe la comida», dice Glori. 

Su esposo le comentó que «lo metieron de cabeza en una lavadora en funcionamiento, lo metían en agua, lo sacaban, lo guindaron de los pies y le metieron corriente tanto en las axilas como en sus partes privadas. Lo desnudaron, lo pusieron boca abajo y se le subieron tres funcionarios encima, pensó que lo iban a violar. También lo torturaron mostrándole cuerpos desmembrados de personas y le decían que ese era su hijo menor de edad, que era su hermano. Fue tanto que lo torturaron que les dijo que era preferible que lo mataran». 

Luego de 22 días fue presentado a tribunales. Allí lo acusaron de terrorismo, asociación para delinquir y porte ilícito de armas pese a que era funcionario activo. «Hasta el día de hoy estamos esperando respuestas». 

José Acosta permanece recluido en el Internado Judicial Rodeo II. Cada 15 días están autorizadas las visitas, «pero mi situación no da porque vivimos muy lejos. No pasan de seis visitas en cuatro años que hayamos hecho tanto a mi sobrina como a mi esposo. Entre priorizar una cosa y otra, él dice que prefiere que luchen por su caso, que no lo dejen morir ahí a que lo visiten». 

— ‘De nada me sirve que me visiten si no hacen nada para sacarme de este lugar’, le dijo a su esposa. «Así lo hemos estado haciendo desde entonces», dice. 

A Glori la amenazaron y le desvalijaron su casa, que terminó vendiendo porque fue amenazada por partida doble: por funcionarios del Sebin que la hostigaban y «por un grupo armado que estaba allá».

«A él lo tenían detenido y fueron supuestamente a allanar la casa buscándolo a él, cuando ya lo tenían detenido. En ese allanamiento por poco violan a mi hija de 13 añitos, a mí me torturaron con bolsas, me asfixiaron en ocho oportunidades para que dijera dónde estaba él cuando ya el gobierno lo tenía desde hace cinco días», denuncia.

*el periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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