Caso Rosemont salpica a un banco de José María Nogueroles

09 / NOV / 2009 — 10:38 AM | Secuelas del caso Rosemont se ventilan en cortes estadounidenses y arriesgan la liquidez del Caracas International Banking Corporation (Cibc) en Puerto Rico. La defensa sostiene que la confiscación es ilegal y que los impregna con sospechas de actividades criminales.

Así lo cuenta un reportaje de Andrea Daza Tapia publicado en El Mundo Economía & Negocios:

El 2 de noviembre agentes del Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se presentaron en las oficinas del Caracas International Banking Corporation (Cibc), en Puerto Rico, para ejecutar cuatro órdenes de investigación (congelamiento de fondos) a 49 cuentas de sus clientes, que en su mayoría son casas de bolsa y personas naturales de Venezuela.

La medida afecta los fondos depositados en el banco, así como en el JP Morgan Chase Manhattan Bank y en el Standard Chartered Bank. La orden impide realizar cualquier transacción durante 10 días, como mínimo.

De inmediato, el banco que José María Nogueroles fundó el 11 de agosto de 1989, en San Juan, reaccionó: dos días más tarde introdujo una petición contra los Estados Unidos y la DEA, ante una corte distrital de Puerto Rico, para anular la medida y solicitar el retorno de los fondos.

El documento dice que el banco tiene más de 1.000 clientes que mantienen sus depósitos ahí y que esta situación pone en riesgo la liquidez de la entidad y les impide operar con normalidad.

“Esta delicada situación expone al banco al riesgo de una corrida de sus ahorristas y a gastos innecesarios de litigación”, se lee en la petición. En realidad, el Banco pide que respeten el debido proceso y el derecho de sus clientes.

A la sombra de Rosemont Nogueroles responde con preocupación: “Esos son los coletazos del caso Rosemont y el banco no tiene nada que ver con eso. Nunca tuvimos una cuenta de ellos”.

El 25 de marzo de 2009, la DEA congeló los fondos que en el Bank of America mantenía Rosemont P Financial, del indo-venezolano Rama K. Vyasulu. La medida afectó a otras 25 cuentas de Rosemont y a casi 50 operadores cambiarios que los utilizaban como una suerte de “caja de compensación”, para permitir el flujo de las transacciones financieras entre Venezuela y Estados Unidos. Rosemont fue la solución para quienes no tenían cuenta en el norte.

En noviembre de 2008, la DEA empezó una operación encubierta y le puso un “peine” a Vyasulu.

Realizó transacciones “de dudoso origen” que sumaron cerca de $900.000, y Vyasulu aceptó. El 25 de marzo lo detuvieron con una acusación de blanqueo de capitales: lavado de dinero.

“El señor Vyasulu no tiene ninguna relación con nosotros”, insiste Nogueroles. “Nunca con la administración actual. En 1994 estuvo seis meses cuando se fundó el banco, como empleado. No tiene nada que ver el señor Vysaulu, ni lo conozco ni se quien es”.

En las láminas Power Point que Vyasulu utilizaba para promocionarse en el país dice que fue vicepresidente corporativo del Dresdner Bank, que fue oficial de regulación y supervisión para América Latina de la Reserva Federal de Atlanta, que fue vicepresidente ejecutivo del Banco Caracas y que participó en la creación de Bancaracas International Banking Corporation, el de Puerto Rico.

Nogueroles replica: “Congelan unos fondos en el Bank of America, y las cuentas que tenían esas casas de bolsa manchan todo lo que tocan”. Pero a sus clientes los defiende: “Las casas de bolsa son tan inocentes como puedo ser yo, porque en definitiva, las casas de bolsa lo que hacen son operaciones legítimas en Venezuela, que es la permuta y es por ahí por donde van los tiros”.

El extraño caso de los Makled Pero quizás, los tiros van por otra parte. Entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, la DEA envió 10 citaciones, cuatro órdenes de captura y una orden de allanamiento, que según la defensa del banco, “no cumple con los requerimientos de la cuarta enmienda”, a la Constitución de Estados Unidos.

El pasado 11 de mayo hubo más

La DEA solicitó una orden de allanamiento a “todas las redes, servidores, datos electrónicos, así como computadoras de escritorio y portátiles asignadas o utilizadas por Gregorio D´Andrea, Eduardo Villanueva y Javier Rosario”, vicepresidente de operaciones, contralor y encargado de banca privada, respectivamente.

También solicitaron “cualquier registro electrónico o físico de todas las transacciones entre el 6 de octubre de 2008 hasta el presente, y todos los reportes de transacciones suspendidas desde el 1° de septiembre de 2008 hasta el presente, así como la carta fechada el 11 de noviembre de 2008, de Abdalá Makled-Al Chaer al banco, solicitando la cancelación de un certificado de depósito de $3,4 millones y la aplicación de la totalidad de dichos recursos en deudas contraídas por Basel MakledAl Chaer en el Banco Nacional de Crédito”.

En esa época, a Abdalá Makled, aspirante a la alcaldía de Valencia, lo detuvieron por estar “presuntamente involucrado en la posesión de 392 kilos de cocaína encontrados en una finca de la entidad”, según reportes de prensa.

Un par de meses después la Fiscalía presentó una acusación formal contra los hermanos Abdalá, Alex y Basel Makled, detenidos tras el allanamiento.

Walid Makled, otro de los hermanos acusados, se encuentra en la lista de “Nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos: la lista de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de ese país.