Casa Grajales: La Historia de la Vinícola de Narcos en el Norte del Valle que Ahora Administra la SAE

La empresa de Iván Urdinola y su esposa Lorena Henao, que hace 20 años se encuentra en manos de la SAE, intensificó el conflicto entre sus presidentes Daniel Rojas y Amelia Pérez.

En Colombia, solo hay un lugar reconocido por el vino: La Unión, un municipio en el norte del Valle donde se cultivan uvas que son procesadas y embotelladas con marca propia: Casa Grajales. Alberga la célebre Feria del Vino y la Cerveza, y además cuenta con un Museo de la Uva y el Vino fundado por quienes dominaron la región durante años: los Grajales. Estuvieron en la cúspide con presencia en Bogotá, pero el mal que ha azotado a Colombia desde la segunda mitad del siglo pasado, el narcotráfico, los llevó a perder su emporio agroindustrial.

A finales de los años 70, Gerardo Grajales y sus hermanos invirtieron sus ahorros de toda la vida y mucho esfuerzo en sembrar uva, a pesar de que era un negocio arriesgado en un país sin tradición y con condiciones geográficas poco favorables. Adquirieron tierras, establecieron contactos empresariales y, para la década de los 80, ya era un emporio ampliamente conocido no solo a nivel nacional, sino también en países de la región y hasta en Europa.

El vendaval del narcotráfico llegó a ellos, y un proyecto prometedor a nivel productivo y de desarrollo regional terminó contaminado por los dineros ilegales. La justicia demostró que habían entrado recursos provenientes del narcotráfico debido a la relación cercana y familiar con uno de los capos del Cartel del Norte del Valle, Iván Urdinola Grajales.

Iván Urdinola era sobrino del fundador, Gerardo Grajales.

Su esposa Lorena Henao Montoya, hermana de otro capo del mismo grupo, Orlando Henao, conocido como el hombre del overol, continuó con el negocio tras la muerte de Iván Urdinola, quien falleció por intoxicación según el dictamen de Medicina Legal, en la cárcel de Itagüí, donde cumplía una condena de 17 años, acusado de haber participado en la masacre de Trujillo.

Tenía poco más de cuarenta años y disfrutaba de un gran poder en el Dovio, donde nació y fue sepultado con un gran funeral, y en Zarzal, vecino a la región agroindustrial del Valle, donde fue capturado en febrero de 2002. Su esposa, más dura que él, continuó con actividades ilegales hasta su detención en 2010, incrementando su poder al punto de haber logrado quedar libre gracias a la infiltración en el aparato judicial regional.

La Corte Suprema de Justicia identificó y condenó a tres exfiscales que la habrían favorecido. Fue asesinada dos años después cuando se movilizaba en un carro en la ciudad de Cali, desde donde manejaba su emporio narco.

Con recursos del narcotráfico, el proyecto agroindustrial creció de forma exponencial y se convirtió en un polo de desarrollo en el norte del Valle, además de ser un gran empleador en la zona, que terminó controlado por Iván Urdinola y su esposa Lorena Henao.

A Lorena Henao la apodaban como ‘La viuda de la mafia’.

Raúl Alberto Grajales confesó que en los 90s Iván Urdinola le había hecho un préstamo de $10 mil millones a Gerardo Grajales, el cual sirvió como preludio para hacerse con el 60% de la compañía y, con otra inyección de recursos, se apoderó del remaining 40%, obteniendo así el control total. Delegó el manejo a su esposa, quien aprovechó para legalizar grandes sumas de dinero a través del negocio de Casa Grajales.

El gobierno había estado siguiendo esta operación de lavado de activos hasta que, en 2005, durante la administración de Álvaro Uribe, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tomó control de los negocios del Grupo Grajales. Cuatro años después, ya en el gobierno de Santos, con Juan Carlos Restrepo en la DNE, se entregó la administración de los bienes a una sociedad de carácter privado, conocedora de la agroindustria, para garantizar el funcionamiento empresarial y asegurar los 14 mil empleos.

La Dirección Nacional de Estupefacientes se transformó en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se convirtió en una entidad clave durante el gobierno de Gustavo Petro. Daniel Rojas, quien era el director programático de la campaña, fue nombrado para dirigirla, y desde el primer día se propuso descongelar la mayor cantidad de predios posibles para destinarlos a diferentes usos sociales, además de las tierras rurales para la reforma agraria.

Rojas formó una Junta Directiva para vigilar la valiosa inversión vinícola y empresarial, la cual genera importantes réditos para el Estado, presidida por el entonces Vicepresidente Jurídico, el abogado Sebastián Caballero, quien ahora dirige el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa en el Ministerio de Educación. La junta también incluía a Eric Salazar, Santiago Castaño, Juan Carlos Lezama, Jhair Medina y María Camila Lerma.

Asimismo, la nueva presidenta de la SAE, Amelia Pérez, quien asumió el cargo a finales del año pasado, consideró prioritario atender este bien productivo que reportó ventas en el 2022, al inicio del gobierno de Petro, por $45 mil millones, porque además de la inversión agroindustrial, Casa Grajales realiza actividades de turismo.

Así como valiosos activos inmobiliaros.

En la Asamblea Ordinaria del 31 de marzo se presentó una modificación en la Junta Directiva, la cual consistió en remover el nombre de Sebastián Caballero, uno de los funcionarios de confianza de Rojas, sin afectar ninguno de los otros renglones.

La decisión no fue bien recibida por parte de Daniel Rojas, quien deseaba, aunque la mayoría de su equipo directivo se había trasladado a trabajar con él en el Ministerio de Educación, tener continuidad en el funcionamiento de la SAE.

Tan es así que en el pasado Consejo de Ministros televisado, el anterior vicepresidente administrativo y financiero de la SAE, Sebastián Rivera, solicitó desde su nuevo cargo –de director de la Unidad de Alimentos para Aprender– que se hiciera efectivo el traspaso de algunos de los bienes del Grupo Grajales a la entidad bajo su dirección, que es un ente autónomo adscrito al Ministerio, algo de lo que no está muy convencida de hacer la actual presidenta de la SAE, Amelia Pérez, quien además solicitó una auditoría independiente en la compañía.

-.