Captura de alias «El Viejo»: Revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe y vínculos con la Segunda Marquetalia

“Gabriela” fue clave para identificar al presunto articulador del plan que acabó con el precandidato, que estaría vinculado a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez

En menos de cinco meses, la Policía Nacional y la Fiscalía lograron armar completo el rompecabezas de los autores materiales del asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, cometido el 7 de junio en un parque del barrio Modelia de Bogotá.

El logro que cierra por ahora el virtuoso círculo de la investigación se produjo el lunes 27 de octubre de 2025, cuando se llevaron a cabo las capturas en un paraje rural de Puerto López, en el Meta, de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, jefe de una estructura sicarial que aparece también conectada con otro magnicidio: el del líder histórico del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento.

La captura de Pérez es la novena y la más importante dado su perfil criminal que parece conectarlo con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc que sería la determinante de la muerte del joven dirigente del Centro Democrático.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra El Viejo surgió información nueva que lo vincula también con planes de más largo plazo, entre ellos posibles atentados contra otros aspirantes presidenciales, con el propósito de generar un caos capaz de entorpecer la realización de los comicios de 2026.

Durante la audiencia quedó claro que la modelo webcam Katerine Martínez, alias «Gabriela», fue clave para identificar a Simeón Pérez Marroquín, alias Sebastián o El Viejo, como el articulador del atentado.

Según ella, el hombre le pagó para transportar un arma y le ordenó borrar las cámaras de seguridad después del ataque. También eliminar toda evidencia de sus visitas al lugar donde ella vivía cuando fue planeado el complot criminal que segó la vida de Uribe Turbay.

La Fiscalía acreditó la identidad de Simeón Pérez mediante registros de celular y testimonios. La memoria de su teléfono celular dejó rastro y trazabilidad de los mensajes en los que alerta a los integrantes de la red sobre capturas.

Cuando cayó, tenía en su poder un arma de fuego y aunque su abogado pidió concederle su finca en los Llanos como lugar de reclusión, la justicia rechazó de tajo la solicitud por tratarse de alguien con graves antecedentes delictivos y una probada peligrosidad.

Los nueve capturados y su rol en el asesinato de Miguel Turbay

Hasta ahora, han sido capturadas nueve personas en relación con el magnicidio. El primero de ellos fue el joven sicario: autor material del crimen, un adolescente de 15 años que ya fue condenado a siete años de cárcel.

Los demás son Carlos Eduardo Mora “El Veneco”; Katerine Martínez, alias «Gabriela», una modelo webcam y vendedora de tusi que colaboró con la banda. También Elder José Arteaga, alias «El Costeño» o «Chipi», señalado como uno de los coordinadores clave en la estructura criminal.

En operaciones posteriores cayeron William Fernando González, Cristian Camilo González (el motociclista que iba a sacar de la zona al asesino); Harold Barragán, alias «Harold», imputado como el jefe directo del sicario que disparó y vinculado a llamadas que instruyeron el uso del arma.

De esa galería delincuencial hacen parte además Jhorman David Mora, alias “El Caleño”, quien contactó al sicario por videollamada y lo convenció de ejecutar el asesinato.

Los avances en la investigación disminuyen la presión que venía ejerciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a donde acudió el abogado Víctor Mosquera, en representación de la familia Uribe Turbay, para cuestionar una supuesta injerencia del gobierno del presidente Gustavo Petro en la investigación por el magnicidio que afectaría la autonomía e independencia de la que debían gozar los funcionarios destacados por la Fiscalía General de la Nación.

Mosquera no acusó al gobierno del crimen, pero ligó las trágicas consecuencias del ataque con lo que llamó una sucesión de mensajes integrados a un “discurso de odio” originado, según él, desde la Casa de Nariño.

Como parte del soporte de sus denuncias y solicitudes entregó 43 trinos del presidente en uno de los cuales se leía: “Vas a llevar Miguel, como tu abuelo, a diez mil colombianos a la tortura para frenar al pueblo”. De ese mismo hilo hacían parte una sucesión de mensajes alusivos a la época en que Julio César Turbay fue presidente de la República y el país vivía bajo un régimen de estado de sitio y asociados a la “herencia” del precandidato del Centro Democrático.

La Comisión accedió a las medidas cautelares solicitas y anunció preliminarmente a hacer un seguimiento permanente a la manera como se desenvolvería la investigación por el magnicidio, en la que, siempre según Mosquera, han primado las hipótesis del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.

La CIDH exhortó al Estado colombiano a fortalecer las líneas investigativas para identificar a los determinadores del crimen.

La Policía Nacional, que ha merecido amplio reconocimiento por la manera ágil como ha venido capturando a los miembros de las estructuras criminales que planearon la ejecución del ataque, promete llegar pronto a los autores intelectuales y los resultados obtenidos hasta hoy así parecen garantizarlo.

Sin embargo, las hipótesis siguen proliferando. Entre los posibles autores intelectuales han sido mencionados ‘El zarco Aldinever’, ‘Iván Mordisco’, otros integrantes de la disidencia de las Farc denominada ‘Segunda Marquetalia’ y más recientemente la columna ‘Teófilo Forero’, una de las estructuras que no desmovilizó después de la firma de los Acuerdos de La Habana.