Capriles denuncia que el fin del TPS priva a 250.000 venezolanos de su derecho a vivir sin miedo en EE.UU.

(EFE).- El diputado opositor electo Henrique Capriles consideró que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), que este viernes dejó desprotegidos a unos 250.000 venezolanos en EE.UU., arrebata a sus compatriotas el «derecho a vivir sin miedo», al afirmar que estas personas huyeron de la «crisis, de la persecución y del fracaso de una falsa ‘revolución’» que, aseguró, «destruyó» a Venezuela.

En su cuenta de X, Capriles defendió que «la inmensa mayoría de los venezolanos no han cometido ningún delito o falta» en Estados Unidos y lo que «unos pocos hicieron», añadió, «no debería nunca afectar a toda una comunidad que desde el día uno ha puesto todo para salir adelante y contribuir al desarrollo de una nación».

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Para el opositor, el fin del TPS -que protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo- deja a los venezolanos en riesgo de ser «perseguidos, maltratados y deportados» desde Estados Unidos y calificó de «injusto» y como una violación a sus derechos humanos el hecho de «obligarlos» a volver a Venezuela «sin garantías de libertad, democracia ni condiciones de vida dignas».

«A la comunidad internacional en su diversidad: pedimos su apoyo a un pueblo que sigue luchando por sobrevivir y por reencontrarse con la libertad», expresó el también dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela.

En total son 600.000 venezolanos que desde esta medianoche quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS en la historia del amparo.

En octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la Administración de Donald Trump y permitió, de nuevo, revocar el TPS. Esta decisión dejó a 350.000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata, mientras otros 250.000 venezolanos quedaron desprotegidos a partir de este viernes 7 de noviembre, fecha en que expira el amparo para ese grupo.

La decisión de la Corte es parte de una disputa legal que el Gobierno de Trump inició contra el amparo concedido por el entonces presidente Joe Biden en 2021 y que amplió en 2023 para cobijar a un mayor número de inmigrantes, que ingresaron a EE.UU. de forma irregular.

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