Son 195 los aspirantes a senado y cámara los identificados por la Fundación Paz y Reconciliación identificó como candidatos cuestionados. Buena parte de ellos tienen investigaciones abiertas, penales, disciplinarias o fiscales y que una reelección les daría gabela para defenderse mejor. La sombra del paramilitarismo en algunas regiones del país ronda a otros, así como el cacicazgo, las sucesiones y el favoritismo burocrático gracias a su vinculación con viejos clanes políticos que han construido aparatos para controlar los votos en las regiones.
En el caso de la Cámara fueron identificados 30 candidatos de los distintos partidos, con el Partido de la U y Liberal a la cabeza por el número de nominados. Dentro del liberalismo está presente la facción que se dejó tentar por las mieles del poder de la Casa de Nariño y han votado a favor del gobierno muchas iniciativas. Igualmente, dentro del Partido Conservador aspirará repetir uno de los representantes que más se ha beneficiado burocráticamente de las prebendas del gobierno, convertido en una figura clave para las votaciones parlamentarias como es el vallenato Ape Cuello, quien además carga con un pesado dosier judicial.
Que cargan historial judicial y están claramente identificados con prácticas 195 candidatos cuestionados, especialmente por su historial judicial.
La investigación de Pares permite identificar los partidos además de las responsabilidades individuales, también la de los partidos que se encargan de otorgar los avales. Estos no tuvieron en consideración situaciones judiciales o factores relevantes a la hora de conformar las listas. Aquí se presentan los candidatos a la Cámara con pasado judicial e integrantes de la clase política que en algunas regiones tienen comportamiento de clan con relaciones de parentesco y privilegios por cuenta de contratos y cargos públicos.
PARTIDO CONSERVADOR|
Alfredo Ape Cuello Baute
Quiere mantener su curul como Representante a la Cámara. Ha sido aliado del gobierno Petro. Es uno de los candidatos más cuestionados del escenario nacional. En su haber ha sido investigado por parapolítica en relación con la estructura de Jorge 40, investigación que fue archivada en 2010. Tiene una investigación en la corte por el desvío de fondos de los OCAD paz, la cual no se conoce su estado final.
Es un operador político que se ha sabido mover entre los diferentes poderes de la región, entre esos la cuestionada casa Gnecco.
Tipos de cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal; otros cuestionamientos (parapolítica, relación con presuntos hechos de corrupción)
Juan Loreto Gómez Soto
Busca repetir en la Cámara por el Departamento de la Guajira, Juan Loreto ha sido miembro de la Comisión Cuarta, la cual se encarga de temas presupuestales. Hijo de la exrepresentante María Cristina Gómez de Soto quien está acusada por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal en el marco de su campaña para la Cámara en 2018.
Los señalamientos de la Corte hacia ella son graves, como artífice de la construcción de una red de corrupción y compra de votos, la cual fue descubierta por denuncias regionales. En medio del proceso, la exrepresentante no pudo probar lo que algunos de sus testigos dijeron, lo que configuró un nuevo delito por falsedad documental.
Según la Revista Semana, está mencionado por la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, como uno de los congresistas que recibió dineros que iban dirigidos a asistir la emergencia en el departamento de La Guajira. Ahora, Según la W Radio en marzo de 2025 la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra 28 congresistas por el escándalo del Invías, el cual entregó medio billón de pesos a municipios en el departamento de La Guajira, los cuales son de la corriente política conservadora que dirige Gómez.
En 2023 la procuraduría le abrió una investigación disciplinaria en la que pudo incurrir por el hallazgo en Maicao, La Guajira, de más 175 cartuchos de munición en el vehículo que tiene asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En la actualidad, la estructura política del clan Soto hace campaña de la mano de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el hombre Marlboro”. Lopesierra es un narcotraficante y contrabandista que intentó hacer política en 2023 cuando aspiró a la alcaldía de Maicao. La vida del “Hombre Marlboro” ha estado marcada por los escándalos y la criminalidad. Fue mencionado en justicia y paz por sus relaciones con “Jorge 40”, estuvo mencionado en el famoso “proceso 8000” mediante la revelación de unas conversaciones entre Elizabeth Montoya y Ernesto Samper donde esta prometía presentarles a personajes importantes del engranaje de La Guajira y que le realizarían un gran aporte. Elizabeth Montoya, conocida con el alias de “la monita retrechera” fue una empresaria que presuntamente habría gestionado una donación de medio millón de dólares a la campaña presidencial de Ernesto Samper, producto de la mafia.
Recientemente terminó vinculado en el caso de Nicolas Petro, donde se le acusó de entregar 600 millones de pesos a la campaña “Petro Presidente” en 2022.
Entre sus aliados políticos está la estructura política de Wadith Manzur, vinculado al caso de la UNGRD y congresista cuestionado en el departamento de Córdoba. Y para esta elección, Daniel Restrepo, heredero de Carlos Trujillo al Senado, quien ya no aspirará en medio del ruido que hubo por el escándalo de la UNGRD y por sus relaciones con el cuestionado Olmedo López.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal y relacionamiento según documentos de prensa con la parapolítica. Ha fortalecido junto a su mamá el ya conocido clan Soto.
Andrés Guillermo Montes Celedón
Busca ser elegido para un tercer período como Representante a la Cámara por el departamento de Bolívar. Forma parte del influyente clan Montes-Curi: primo de Miguel Alfonso Montes Curi, sobrino del exsenador William Montes y de la línea del exalcalde Nicolás Curi Vergara. También es sobrino de Emeterio José Montes de Castro. Heredero de la estructura política de William Montes, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por suscribir el Pacto de Ralito.
Andrés Montes es uno de los 14 diputados de Bolívar citados a audiencia pública por la Procuraduría en 2018, por su posible responsabilidad disciplinaria al ordenar la creación de cargos en la planta de personal de la Contraloría Departamental durante una sesión celebrada el 22 de junio de 2015.
Cuestionamiento: Pertenencia o cercanía al clan heredado de su suegro, el exalcalde de Cartagena Nicolás Curi.
Franklin Lozano de la Ossa
Fue su esposa, Sandra Ramírez Caviedesa, la que Franklin Lozano le cedió su curul para que fuera Representante a la Cámara mientras él se lanzaba a la gobernación del Magdalena en 2023, pero fue derrotado por Rafael Martínez, el candidato de Fuerza Ciudadana. Lozano está mencionado en investigaciones por su padre, Franklin Lozano, que está condenado por su participación en el Pacto de Chivolo, el sonado acuerdo con los paramilitares del Magdalena.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria y tiene encima la sombra de la parapolítica.
PARTIDO DE LA U
Laureano Augusto Acuña Díaz
Conocido popularmente como “el gato volador”, el barranquillero Laureano Acuña busca regresar al Congreso por la vía de la Cámara, a pesar de haber sido senador por el partido conservador hasta el 2022 y se quemó a pesar de haber obtenido más de 60 mil votos. Su aspiración ahora es por la U.
Acuña ha sido socio político de la casa Gerlein, la casa Char y demás estructuras que han visto en él siempre un operador político efectivo y su nombre fue protagónico en el escándalo de la compra de votos que tiene a Aida Merlano en la cárcel.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.
Milene Jarava Díaz
Entró a la política de la mano de su exesposo Yahir Acuña y sirvió de comodín en varias movidas para asegurar el poder del clan político. Milene Jarava busca repetir Cámara por Sucre. Llegó como fórmula de Julio Alberto Elías, hermano del condenado Bernardo “El Ñoño” Elías, quien logró la curul.
En febrero de 2025, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, compulsó copias ante la sala de instrucción de ese alto Tribunal, contra Jarava y otros 27 congresistas que presuntamente estarían salpicados en un caso de corrupción en el INVIAS.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria y tiene cercanía al clan político de Jahir Acuña.
José Oliver Moreno
Fue alcalde de Medio San Juan en del departamento del Chocó en el periodo 2020-2023. No terminó el período porque en abril de 2022 Moreno fue capturado y judicializado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento mineros, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.
Adicionalmente, en junio de 2023 la Procuraduría profirió pliego de cargos contra Moreno por la presunta omisión de sus funciones al no realizar la reubicación un tubo del acueducto que cruza el río San Juan, lo que pudo afectar la seguridad y convivencia ciudadana al obstruir el ingreso de la patrulla fluvial de la Armada Nacional del Ejército.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.
Buanerges Rosero Peña
Fue primero alcalde de Puerto Caicedo y luego gobernador del Putumayo entre 2020-2023. En noviembre de 2025, la Procuraduría le formuló cargos por hechos presuntamente cometidos durante su gobernación por haber omitido la adopción de medidas orientadas a salvaguardar los dineros del municipio, lo que habría podido conducir a desvío o sustracción de recursos de la cuenta del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación.
En mayo de 2020, la Procuraduría ya había abierto una investigación disciplinaria contra Rosero por presuntos sobrecostos y posible vulneración al principio de planeación en la compra de 10 ambulancias para el departamento por valor de $3.460 millones de pesos. Por este mismo caso, en noviembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva en domicilio. No obstante, el 12 de agosto de 2021 un magistrado en función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá determinó dejarlo en libertad por vencimiento de términos.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria y pertenece o tienen cercanía a un clan político de los Rosero.
Carolina Hurtado Barrera
Fue alcaldesa del municipio de Lérida, Tolima, para el periodo 2016-2019 y ha participado en cargos públicos en la alcaldía de Ibagué Johana Aranda, en representación del grupo político de su hermano Andrés Hurtado quien también fue alcalde de la capital del Tolima.
La Contraloría Departamental del Tolima le abrió una investigación de responsabilidad fiscal y ordenó práctica de pruebas en abril de 2025 para esclarecer un posible daño patrimonial en la ejecución de un contrato de alumbrado público en el municipio de Lérida durante su período como alcaldesa.
Cuestionamiento: Pertenenece al clan Hurtado, con familiares en estructuras burocráticas.
Víctor Manuel Salcedo
Busca repetir Cámara para el período 2022-2026 por el partido de la U y Víctor Manuel Salcedo irá en fórmula presidencial la senadora Norma Hurtado. Ambos cercanos a la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro quien ha consolidado un gran poder regional y dentro del partido de la U. Ha sido asesor de despacho de la Gobernación del Valle Dilian Francisca Toro (2016-2019) y Clara Luz Roldan (2020-2023).
Cuestionamiento: Forma parte del grupo político de la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, que opera como un clan político en el suroccidente.
Partido liberal
Kelyn Johana González
Esposa de Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño, quien fue representante a la Cámara por el departamento de Magdalena entre 2006 y 201, quien terminó judicializado por haber firmado el Pacto de Chivolo cuando era alcalde de Tenerife. Kelyn González heredó su curul y es congresista desde 2014.
A pesar de ser liberal ha desobedecido las directrices del Presidente de la colectividad Cesar Gaviria y forma parte del bloque de mujeres liberales que ha apoyado las iniciativas del gobierno Petro, conocidas como “Las Sin Piedad”.
González está siendo investigada por el caso del INVIAS donde presuntamente estos congresistas mencionados por la exasesora de Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, recibieron millonarios contratos de la entidad para aprobar las reformas sociales del gobierno Petro.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.
Germán Rogelio Rozo Anis
Busca repetir Cámara por el departamento de Arauca, una curul que ocupa desde 2018. Ha sido apoyado por el grupo del exgobernador destituido, Facundo Castillo.
En julio de 2024, la Procuraduría le abrió una indagación previa por su presunta participación en los hechos de corrupción que se presentaron en el escándalo de la UNGRD. De igual forma, estuvo entre los representantes mencionados en el escándalo del Fondo Nacional del Ahorro, donde presuntamente, los congresistas entregaron hojas de vida para obtener cupos dentro de la entidad a cambio de votos favorables a las reformas sociales del gobierno Petro.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.
Silvio José Carrasquilla Torres
Después de haber ocupado distintos cargos públicos, Silvio Carrasquilla entró a la política de Bolívar tras la muerte de su papá y empezó con su elección para la alcaldía de Turbaco en 2004. Brincó a la Cámara donde ha estado por dos períodos, el último como parte de la bancada Afrocolombiana, aunque afiliado al Partido Liberal.
Está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia desde 2025 por su presunta participación en el entramado de corrupción del Invías, donde se redireccionaron contratos de manera irregular.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; otros.
Dairo José Bustillo Gómez
Dairo Bustillo es cuestionado, según W Radio en 2018, debido a sus vínculos históricos con el clan de la empresaria Enilce López, implicada con grupos paramilitares. Este cuestionamiento se remonta a 2006, cuando Bustillo Gómez, entonces presidente del Directorio Conservador en Bolívar, fue expulsado del partido por negarse a retirar de la lista a Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López, con quien luego se alió para llegar al Congreso bajo la bancada del partido Aportes Liberales.
Tras la curul obtenida, Alfonso López se retiró al surgir los procesos judiciales contra su madre, siendo reemplazado directamente por Bustillo Gómez, quien completó el periodo y posteriormente migró a otros partidos cuestionados por vínculos con el paramilitarismo (partido PIN).
Cuestionamiento: Ha pertenecido al clan de Enilce López «La Gata».
José Santos “Mello” Castro
Nieto de José «Pepe» Castro, líder político tradicional liberal del Cesar, ha hecho todo el recorrido en la política local e incluso fue alcalde de Valledupar (2020-2023) y ahora encabeza la lista liberal para la Cámara del Cesar.
En julio del 2025, la procuraduría abrió pliego de cargos a él y dos funcionarios de su gabinete por su presunta responsabilidad en un detrimento patrimonial que supera los $258 millones durante la ejecución de la primera etapa del parque turístico ‘Casa en el Aire’.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; pertenencia o cercanía a un clan político, forma parte del Clan Gnecco.
Luis Carlos Álvarez Morales
Luis Carlos Álvarez es cuñado de alias «Gochornea», jefe de finanzas del Frente 16 de las extintas FARC. Aspira a llegar a la Cámara de representantes por el Vichada, después de haber sido gobernador durante el periodo 2016-2019. En noviembre de 2018 la Procuraduría abrió indagación en contra de Álvarez bajo su estatus de gobernador de Vichada (2016 – 2019), por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE.
En noviembre de 2021, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal hizo pública la apertura de investigación disciplinaria contra Álvarez, presuntamente asociada al contrato 381 del 16 de marzo de 2017, con el objeto de “realizar la construcción de 75 viviendas para el mejoramiento de la habitabilidad de la población vulnerable del municipio de Puerto Carreño”, por un valor inicial de $4.585 millones; sin embargo, la obra presentó retrasos y no fue terminada en el plazo de ejecución pactado. Dicho contrato fue adjudicado por el departamento de Vichada cuando el hoy candidato ejercía como gobernador del mismo.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.
PACTO HISTÓRICO
Jaime Arturo Santamaría Acosta
Es la llave regional en el departamento del Atlántico, donde hace fórmula del senador Pedro Flórez.
Jaime Santamaría ha reconocido públicamente su alianza con la casa Torres, relación que le ha valido para recibir rechazo interno de un sector del Pacto Histórico en cabeza de Antonio Bohórquez, concejal del Atlántico y cabeza visible del movimiento en el departamento.
Cuestionamiento: Pertenencia o cercanía al clan político de los Torres de Puerto Colombia.
PARTIDO ALIANZA VERDE
Ramiro Barragán Adame
Empezó su carrera política como alcalde de Nobsa y acumuló poder hasta llegar a la gobernación de Boyacá para el período 2020-2023 al que llegó con una coalición liderada por el Partido Verde que en el departamento tiene a Carlos Amaya, actual burgomaestre, como líder. Aspira por ese partido a la Cámara por Boyacá.
Enfrenta actualmente investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General por presuntas irregularidades en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías durante su administración. Los cuestionamientos incluyen deficiencias en la etapa de planeación y ejecución de obras viales (vía Soracá–Siachoque), donde se habrían presentado sobrecostos y recortes injustificados en las metas físicas, así como anomalías en la contratación del parque principal de Cómbita al designar a un ejecutor sin la capacidad técnica y financiera requerida. Es la carta política de Carlos Amaya para la Cámara de Representantes.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria; candidatos con familiares en estructuras burocráticas; otros cuestionamientos (relación con presuntos hechos de corrupción).
PARTIDO CAMBIO RADICAL
Carlos Alberto Cuenca Chaux
Desde el 2008 es representante a la C{amara por el Guainia y con el respaldo de su partido Cambio Radical, Carlos Cuenca formó parte de la Comisión de acusaciones.
En enero de 2025 la Corte Suprema de Justicia lo condenó en primera instancia a 7 años y 8 meses de prisión domiciliaria por presunta corrupción de sufragante. Según la W Radio, la Alta Corte lo encontró responsable de haber ofrecido y entregado productos de construcción como tejas de zinc y bultos de cemento a una comunidad en el departamento de Guainía a cambio de su voto para reelegirse como representante a la Cámara para el periodo 2014-2018.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal o disciplinaria.
Rosalba Joaqui Joaqui
De concejal de Popayán busca saltar a la Cámara, Rosalba Joaqui Joayqui es conocedora de los temas ambientales y ha ocupado cargos influyentes en la política regional en el Cauca.
Tiene un proceso abierto en el Juzgado Penal Quinto de Popayán, en la que es acusada de peculado, debido a su presunta participación en irregularidades en un convenio de cooperación suscrito entre la Alcaldía Municipal, durante la administración de Cesar Cristian Gómez (2016-2019) y la Corporación Latinoamericana Rural, denominado «Popayán Justo y Solidario» o «Justo Pipián», por un valor superior a 330 millones de pesos, ya que ella, en su cargo como directora de la Umata, aparentemente elaboró el estudio previo, supervisó la ejecución, avaló los pagos y liquidó el contrato, debiendo responder presuntamente por la administración de esos 330 millones de pesos. El proceso sigue vigente y continúa.
Cuestionamiento: Investigaciones de índole judicial, fiscal.
Eimy Julieth Suárez González
El condenado político de Santander del sur, Ramiro Suarez Corzo se propone llevar a su hija Eimy Julieth Suarez a la Cámara de representantes.
Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta entre 2003 y 2007, condenado por ser el autor intelectual del asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez a manos de paramilitares el 6 de octubre de 2003. Suárez ha influido en la mayoría de las elecciones a la Alcaldía de Cúcuta desde aquella época y ha sido el principal impulsor de figuras como Alejandro Carlos Chacón y Neftalí Santos, así como al exalcalde César Rojas.
Tipos de cuestionamiento: Pertenencia o cercanía a un clan político; candidatos con familiares en estructuras burocráticas y ‘pertenece a clan de Ramiro Suárez, en reorganización.
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