Cancelación del contrato del abogado Altus Baquero: Consecuencias de su voto a favor de Iván Cepeda

El Gobierno De la Espriella le habria pasado factura por haver votado a favor de la intervención del excandidato Iván Cepeda en dos consultas internas.

El abogado Altus Baquero, graduado con honores en la Universidad del Rosario y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, está acostumbrao a capotear crisis complejas con éxito.

Cuando se movia en altos círculos de la organización electoral, su magistratura estuvo en juego por cuenta de un proceso disciplinario en la Procuraduría que inicialmente puso en dudas sus calidades asociadas a la experiencia laboral y que forzó inicialmente su suspensión temporal.

Salió adelante tanto en el Ministerio Público como en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que, luego de valorar las pruebas, respaldaron sus calidades.

Sin embargo, ahora poco o nada puede hacer ante la orden inapelable impartida por el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, al Ministerio del Interior de cancelarle -cuando apenas llevaba siete días de ejecución- un contrato de asesoría por $60 millones.

Ese tipo de decisiones son potestativas del mandatario y por eso rara vez se hacen públicas las razones que hay detrás de ella. Aun así, fuentes de la Casa de Nariño aseguran que en el gobierno actual no han sido bien vistas algunas de las decisiones que tomó mientras se desempañaba como magistrado del Consejo. Entre ellas estarían su voto a favor de que el entonces candidato presidencial Iván Cepeda participara en dos consultas internas de los partidos antes de los comicios.

Tampoco habría gustado que hubiera votado con salvedades la sanción impuesta a la campaña Petro Presidente por violación a los topes de gastos de la campaña, un caso que ahora podría tener consecuencias penales para los implicados.

El abogado Altus Baquero fue también magistrado del CNE.

El acuerdo CD-2071-2026, que ahora será cancelado, fue firmado el 29 de septiembre de 2026 y registrado en la plataforma oficial SECOP II. Se dio por contratación directa, con un plazo de 91 días y vigencia hasta el 31 de diciembre. La ejecución arrancó el 30 de septiembre. El 7 de octubre se dio por terminado.

El objeto era prestar asesoría jurídicas al despacho del ministro Rodrigo Lara en la formulación de decisiones y estrategias de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.

Debía elaborar conceptos en derecho administrativo, revisar viabilidad legal de decisiones, analizar jurisprudencia y preparar insumos para la gestión ministerial.

El ministerio certificó que su planta era insuficiente y que el perfil exigía 66 meses de experiencia. Baquero acreditó 106 meses, con títulos de abogado de la Universidad del Rosario, magíster y doctor en Derecho de la Sergio Arboleda.

Las normas vigentes establecen que, en caso de terminación anticipada, el pago debe ser proporcional a lo efectivamente prestado. Es una decisión inusual porque la contratación de cada cartera suele ser potestad de su ministro. Esta vez intervinó directamente la Presidencia.

Tres años de litigio por cinco días

La contratación cobra relevancia por el litigio que Baquero enfrentó entre 2023 y 2026. En agosto de 2023, la Procuraduría le profirió pliego de cargos. La denuncia del ciudadano Walter Ortegón Bolívar señalaba que no cumplía los 15 años de experiencia profesional exigidos para ser magistrado del CNE.

Según consideraciones iniciales del órgano de control, solo demostraba 14 años, 11 meses y 25 días contados desde su título como abogado el 23 de agosto de 2007. Le faltaban cinco días al cierre de las postulaciones. El segundo cargo era por no haberse declarado impedido para celebrar y supervisar un contrato con Fortaleza Legal S.A.S. entre 2020 y 2022, cuando era Secretario General de la Defensoría del Pueblo.

Esa firma había sido contratista de la misma entidad y, según la Procuraduría, debía pasar al menos un año entre un vínculo y otro, pero solo pasaron seis meses. Baquero, cuota liberal en el CNE, con respaldo del exregistrador Carlos Ariel Sánchez y del entonces defensor Carlos Camargo, se defendió a fondo.

El Consejo de Estado anuló inicialmente su elección. La Corte Constitucional revocó esa nulidad, amparó sus derechos fundamentales y lo reintegró provisionalmente, al considerar que la experiencia debía contarse hasta la elección y no hasta el cierre de postulaciones.

El 22 de agosto de 2025, dentro del expediente IUS-E-2021-437952, la Procuraduría profirió fallo absolutorio de primera instancia, ejecutoriado el 18 de septiembre de 2025. Acogió los argumentos de la Corte y concluyó que sí cumplía requisitos al momento de la posesión y que no se acreditó conflicto de interés real con Fortaleza Legal.

No hubo falta disciplinaria. El 22 de junio de 2026 ratificó el fallo absolutorio. Días después, el Consejo de Estado negó definitivamente las demandas de nulidad y concluyó que acreditaba 15 años y 7 meses.

Baquero terminó su periodo el 31 de agosto de 2026. En ese lapso acompañó decisiones sensibles, entre ellas la que sancionó la campaña presidencial de 2022 por violación de topes.

De magistrado sancionador de campañas a contratista asesor del Gobienro, y de contratista a excontratista en una semana, es el ciclo que ahora protagoniza. El caso muestra la fragilidad de la frontera entre el tribunal electoral y el Ejecutivo que debe ejecutar las políticas de seguridad que antes evaluaba jurídicamente desde el CNE. El Ministerio del Interior no ha informado si contratará a otro asesor para las mismas funciones ni si los conceptos que alcanzó a elaborar Baquero entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre serán utilizados.