Campaña estuvo marcada por detenciones y abuso de poder para restringir a la población

En Acceso a la Justicia y Laboratorio de Paz coinciden en el cierre del espacio cívico, tal como lo ha expresado la plataforma Civicus, por las continuas restricciones y violaciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión. Casi 100 personas, relacionadas a la campaña o que prestaron sus servicios, fueron detenidas de forma arbitraria desde su inicio el pasado 4 de julio. De registrarse denuncias de fraude el domingo 28, no se descarta un escenario de mayor represión

La campaña por las presidenciales, en la que compiten 10 candidatos por la silla de Miraflores, mostró las desigualdades que enfrentan los opositores frente al gobierno-Estado manejado por Nicolás Maduro, sin contrapesos institucionales eficientes. 

Detenciones arbitrarias y amenazas a personas opositoras o percibidas como tal, retención o decomiso de propiedad privada, cierre de locales comerciales, intimidación a miembros de partidos y estructuras organizativas electorales o el cierre de vías públicas fueron alguno de los sucesos que marcaron los 21 días de campaña pautados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Laura Louza, abogada y directora de Acceso a la Justicia, señala que las autoridades han sido más recursivas para bloquear la libertad de expresión, reunión y asociación, tres de los indicadores sobre el estado del espacio cívico. 

Según la ONG Laboratorio de Paz, desde el 4 al 19 de julio se registraron 76 detenciones arbitrarias, 20 casos de represalias por prestar bienes o servicios al candidato opositor Edmundo González y seis casos de agresiones físicas o psicológicas contra los arrestados. Esto sin contar al menos otras 25 personas arrestadas sólo el 23 de julio en los estados Zulia y Apure.  

«Efectivamente, vemos que el patrón se repite pero va empeorando. El año pasado no hubo tantas detenciones arbitrarias de personas vinculadas a la oposición, tampoco hubo otras situaciones como la suspensión de licencias de conducir por haber trasladado a un dirigente, el cierre de locales, cierre de vías públicas, incluso rompiendo calles. Este nivel es peor», afirma Louza. 

Para el sociólogo Rafael Uzcátegui, la actuación del oficialismo durante la campaña ha sido «antidemocrática, ilegal y caracterizada por el abuso de poder». Destaca los intentos por deslegitimar la candidatura unitaria de la oposición «mediante campañas de estigmatización y desprestigio». 

«Luego se buscaba que sus esfuerzos proselitistas fueran ineficaces, con la detención de elementos logísticos importantes del equipo de campaña de Vente Venezuela. Finalmente, las autoridades intentan atemorizar a los votantes para inhibir los votos en contra. En las dictaduras del siglo XXI, obligadas a realizar elecciones no competitivas, las autoridades han usado todas las maniobras posibles para ganar elecciones siendo minoría», afirma el codirector de Laboratorio de Paz. 

Resalta que, frente a un espacio cívico cerrado, «ha sido el músculo democrático de la sociedad venezolana el que mantiene abierto algunas rendijas, a pesar de la represión, la persecución, censura y hostigamiento». 

Menciona además «episodios de desafío a la autoridad protagonizados por ciudadanos comunes y corrientes, ante la expectativa de un cambio en el estado de cosas el próximo 28 de julio. Desde el año 1958 la situación de las libertades civiles y políticas de los venezolanos no había estado tan restringida como en el día de hoy». 

Espacio cívico cerrado en campaña

La directora de Acceso a la Justicia subraya que, además de las detenciones arbitrarias, han habido casos importantes de desapariciones forzadas. «En el patrón que se hacen y al ser sistemáticas, estamos al nivel de los crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional». 

Recuerda que el año pasado la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela indicó que el aparato represivo estaba activo, pero los crímenes de lesa humanidad habían disminuido. 

Sin embargo, considera que el informe que debe ser presentado en septiembre de este año no va a tener el mismo tono. «El sistema represivo está tan despierto que hemos visto las detenciones de Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Javier Tarazona sigue encarcelado. No se les respeta el debido proceso». 

Louza y Uzcátegui señalan que este escenario no es similar al de otras presidenciales venezolanas, debido al aumento de las detenciones arbitrarias que se registraron, por ejemplo, en comparación al año 2023. 

Foto: Twitter Remigio Ceballos Ichaso

El sociólogo detalla que «las detenciones registradas a partir del inicio formal de la campaña superan ampliamente las detenciones por razones políticas documentadas en el primer semestre del año. Un escenario probable es que continúen incrementándose antes y durante el 28 de julio, por lo que las organizaciones de DDHH estamos trabajando en un operativo de emergencia».

Por su parte, la abogada explica que las restricciones al espacio cívico siempre se han registrado, especialmente a partir del año 2005. «Estas elecciones tienen una particularidad por la dinámica de país que se está dando, una importancia que ha trascendido fronteras porque se ve como una oportunidad de que se acabe el autoritarismo, y por eso ha ido aumentado la represión. Independientemente se han registrado algunos resquicios no registrados en años pasados como la participación opositora». 

Por un lado son agresivas, señala la abogada, «pero por otro lado hay un poco de mayor apertura para que la oposición participe y haga su campaña. Hay una ambivalencia por la presión internacional y las negociaciones instaladas. El madurismo se dio cuenta que necesita los recursos porque tiene la gobernabilidad complicada y necesita abrirse a estas negociaciones».

Bloqueo informativo

Desde el inicio de la campaña, según los datos recogidos por la organización VE Sin Filtro, 10 medios digitales –entre ellos TalCual– han sido bloqueados por distintas operadoras de internet. 

60 de ellos han sufrido distintos tipos de bloqueos desde hace unos años. Cofavic destacó, en un comunicado, que «el filtrado genérico de los servicios de Internet se consideran violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por carecer de base jurídica o por no cumplir los criterios de necesidad y proporcionalidad».

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también se pronunció y dijo que «conforme se acercan las elecciones presidenciales, se retrocede e incumple con las garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. La CIDH y la RELE reiteran que estos ataques, sumados a la ausencia de instituciones independientes e imparciales, forman parte de un patrón del gobierno para perpetuarse en el poder, por medio de arbitrariedades, violaciones de derechos humanos y sin rendición de cuentas».

En Laboratorio de Paz consideran que la elección del domingo «ocurrirá dentro de la mayor restricción conocida en el acceso a la información. Esto hace que las redes de diseminación de información, como WhatsApp aumenten aún más su relevancia. El gran desafío será mantener esos canales lo más limpios posibles de noticias no verificadas y desinformación».

Acceso a la Justicia asegura que la libertad de expresión ha sido sumamente amedrentada. Con el bloqueo de medios y ONG, básicamente se juega a la «desinformación y confusión, buscan que la gente no se entere. En Caracas la gente habla del VPN, los servicios de Proton que estarán gratuitos, pero en las regiones se complica. Ese es el juego creado con los desiertos informativos, como los denomina el Instituto de Prensa y Sociedad. Al final del día la gente no se entera o tiene una verdad parcializada, lo que no permite actuar conforme a eso». 

El escenario a futuro, para los especialistas, depende de los resultados del domingo. Laura Louza afirma que «si gana Maduro creemos que va a continuar con este tipo de prácticas represivas. En 2025 vienen las elecciones regionales, municipales y de la Asamblea, se han hablado de megaelecciones. A escala municipal hemos visto una presión muy importante por parte del madurismo, hay alcaldes y concejales destituidos de hecho, los han obligado a manifestar su apoyo, es decir, se ve que están preparando ese terreno». 

Rafael Uzcátegui reitera que «todo dependerá de la transparencia y veracidad de los resultados que se anuncien por las autoridades electorales. En caso de la materialización de un fraude, que ignore la expresión de la voluntad popular, estaremos en un momento crítico de privaciones arbitrarias de libertad. Un fraude que ignore millones de votos a favor del cambio es el anuncio de la nicaraguización del país. Como sociólogo opino que el mejor resultado que podamos tener es alcanzar una brecha de dos millones de votos a favor de Edmundo González, porque ese resultado permitirá el inicio de una transición y evitará la mayoría de las situaciones potenciales de violencia».

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