Cadenas Ejemplarizantes: La Represión del Sistema Judicial Venezolano en Casos de Oposición Política

Las más recientes condenas del adolescente Gabriel Rodríguez, Rafael Tudares, quien desde su arresto permanece en aislamiento, y el dirigente político Luis Istúriz reitera la «instrumentalización» de la justicia para la represión, señalan desde la organización Justicia, Encuentro y Perdón. En estos casos se repiten varias variables: imposición de defensa pública, audiencias telemáticas, negativa de acceso al expediente y procesos expeditos.

En diciembre, el sistema judicial venezolano, señalado por organizaciones internacionales de ser un “brazo” de la represión ejercida por Nicolás Maduro, adelantó condenas en tres casos particulares: uno de los adolescentes detenidos en enero de este año, el yerno de Edmundo González Urrutia y un coordinador de Vente Venezuela.

El sistema de justicia, advierte la abogada Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, ha sido “instrumentalizado” para perseguir y castigar a la disidencia. “Es urgente recuperar la separación de poderes en Venezuela, eso es lo único que evitará que el sistema de justicia siga siendo instrumentalizado para perseguir y castigar a opositores, disidentes o así percibidos”.

Recuerda que tanto la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como otros mecanismos internacionales de protección de DDHH han determinado que el sistema de justicia venezolano “no solo no cumple con su deber de hacer justicia y condenar estas atrocidades, al contrario es copartícipe en la ejecución de crímenes contra los derechos humanos”.

En 2021, la Misión de Determinación señaló que “la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada” por las actuaciones y presiones del Ejecutivo sobre los magistrados y jueces. Cuatro años después, los expertos destacaron que “ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”.

La última sentencia respecto a un caso político fue la de Gabriel José Rodríguez, de 17 años. El joven, apresado el 9 de enero en Cabudare (estado Lara) por “tener pinta de guarimbero” -según han dicho sus familiares- fue condenado por “terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas” a la pena máxima de prisión por su edad: 10 años (seis en prisión y cuatro en régimen comunitario).

Esta es la primera sentencia contra un adolescente arrestado tras las protestas poselectorales, ha señalado la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna). Asimismo, han dicho que esta condena muestra una «peligrosa deriva punitiva» y un «patrón» de criminalización contra adolescentes por motivos políticos, por medio de «tipos penales desproporcionados, incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de justicia penal juvenil».

Los familiares han insistido en que Gabriel, quien salía de su trabajo en una panadería artesanal para buscar atención médica, no estaba involucrado en protestas o hechos delictivos. También han señalado que no había pruebas concretas que lo vincularan a algún delito y los relatos presentados por los funcionarios de la Guardia Nacional que lo detuvieron eran “discordantes”.

Lamentablemente, destaca la abogada Martha Tineo, “hay precedentes en casos de presos políticos en Venezuela que dejan registro de condenas sin pruebas o pruebas manipuladas que no demostraron la responsabilidad penal de los condenados en la participación en hechos punibles señalados en estos procesos viciados”.

Redhnna ha puntualizado que «la protección de la niñez no admite ambigüedades ni retrocesos. Un Estado que insiste en afectar a la niñez con los conflictos sociopolíticos y trata a un adolescente como terrorista renuncia a su función protectora y convierte el castigo en una forma de violencia institucional».

Condenas particulares

Según el Foro Penal, en base a datos hasta el 8 de diciembre, apenas 18,14% de los presos políticos está condenado por un tribunal. La organización, al igual que diversos abogados, han advertido del mal uso de la “condena anticipada”, es decir, las detenciones arbitrarias que no tienen una resolución judicial definitiva.

Dentro de la nueva estadística también entraron Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, y Luis Istúriz, coordinador político de Vente Venezuela en el estado Miranda.

Ambos fueron sentenciados en la misma causa, el mismo día y no tuvieron acceso a un defensor privado. Sin embargo, Istúriz fue detenido de forma arbitraria en agosto de 2024, mientras que Tudares fue apresado el 7 de enero de este año.

Rafael Tudares junto a su esposa Mariana González

Luis Istúriz

En ambos casos, ni los familiares o abogados pudieron tener acceso al expediente porque fue clasificado como «reserva del Estado». Entre los delitos imputados se señalan forjamiento de documentos públicos, usurpación e instigación a la desobediencia de las leyes.

Otra particularidad del caso ha sido el aislamiento permanente de Tudares Bracho. Desde el momento de su detención arbitraria, su esposa Mariana González no ha podido verlo, mantener comunicación por escrito o telefónica. Las autoridades tampoco le han confirmado oficialmente el sitio de reclusión, aunque le han dicho que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I (estado Miranda).

Martha Tineo refiere que Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado suficientemente que presos políticos ya condenados “son permanentemente incomunicados, aislados e incluso trasladados de forma arbitraria quedando nuevamente en situación de desaparición y en tanto en extrema vulnerabilidad y su famila en medio del profundo sufrimiento que causa no saber dónde y cómo están sus parientes presos”.

Entre esa dimensión de sufrimiento, los familiares también quedan sin la posibilidad de suministrarles alimentos y medicamentos que necesitan, “lo cual los coloca en peor situación”.

Afectaciones en todo ámbito

Martha Tineo menciona que la familia de Gabriel Rodríguez tiene la posibilidad de apelar la sentencia, cuestión que será transmitida al defensor público que le asignaron tras su detención arbitraria.

“Hay que recordar además que en este como en la mayoría de los casos de presos por razones políticas, se les ha impedido designar abogados de confianza, así que dependen de las gestiones judiciales de estos funcionarios cuyas acciones han sido muy controversiales por omisivas o descuidadas en la labor de demostrar la inocencia de los acusados, hacen poco o nada a favor de sus defendidos, en todo caso esperamos que se ejerza el recurso de apelación y conforme a derecho esta condena sea anulada”, puntualiza la abogada.

Sobre las afectaciones que produce este tipo de sentencias a un adolescente, Tineo afirma que es “inmensas” pues no solo se compromete su libertad e integridad física, “sino que además causa daños trascendentales que van desde lo psicoemocional, económico y en general a todo su proyecto de vida. Su familia, junto a él igualmente fractura, dañada en todos los aspectos de la vida, de tal manera que esta condena no solo lo lesiona a él sino también a toda su familia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.