Búsqueda de Presos Políticos Desaparecidos en Venezuela: Un Clamor por Justicia y Respuestas

La justicia venezolana no ha respondido con dilgencia a ninguna de las solicitudes y recursos en favor de presos políticos como Hugo Marino Salas, Juan Hurtado Campos o Víctor Quero Navas, quienes se encuentran en desaparición forzada. Naciones Unidas y el sistema interamericano han increpado al Estado venezolano sobre una decena de casos de desapariciones sin que entregara respuestas antes de su resolución

Los familiares de Luis Alcedo Mora, conocido como «Batería», y los hermanos Esnéider y Eliécer Vergel tienen 11 años sin información sobre su paradero. La familia de Hugo Marino Salas no pudo contactarlo más luego del 20 de abril de 2019. La hermana del teniente coronel Juan Hurtado Campos no sabe de su paradero desde 2018. La madre de Víctor Quero Navas no lo ha visto desde hace un año y cuatro meses.

Estos casos, al igual que decenas de presos políticos, tienen un elemento común: sus familiares desconocen su sitio de reclusión, los delitos que se le acusan o si incluso fueron presentados ante un tribunal luego de que funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, encapuchados o sin identificación, se los llevaran.

Justicia, Encuentro y Perdón registraba, hasta el 13 de abril, a 41 personas que están desaparecidas forzosamente en el país. La organización ha identificado a dos grupos dentro de estas graves violaciones: el primero, aquellas personas que estaban en un lugar de reclusión y son trasladadas a otro recinto «de forma arbitraria» sin proveer información al tribunal, abogados de confianza o sus familiares; la segunda, aquellos detenidos de forma arbitraria por cuerpos de seguridad y que nunca han sido vistos por sus familiares.

«Las desapariciones forzadas son uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos, porque se deja fuera del amparo de la ley a esa persona y, por tanto, en una situación de absoluta vulnerabilidad. Se ha sabido, como lo ha documentado incluso la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que en esos períodos ocurren situaciones de torturas, aislamiento», señala Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

En el caso venezolano, donde el acceso a alimentos, agua potable o medicinas recae mayormente en los familiares de los privados de libertad, al estar desaparecidos se agrava aún más su situación dentro de las cárceles donde, tan solo en la última semana, se registraron nueve muertes: cinco de ellas por un presunto motín y cuatro por enfermedades que no fueron tratadas a tiempo.

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«Además del daño que se comete directamente contra la persona que está en esa situación, se extiende hacia sus familiares y entorno. Hay un quiebre definitivo del Estado de derecho», afirma Tineo.

El rastro de los desaparecidos

El 20 de abril de 2019, la familia del submarinista Hugo Marino Salas perdió comunicación con él tras su llegada a Venezuela, luego de haber sido detenido presuntamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a la salida del aeropuerto internacional de Maiquetía.

El exfiscal general Tarek William Saab lo mencionó una vez durante una entrevista en julio de 2022, pero solo dijo: «Sí, yo abrí una averiguación».

Beatriz Salas, la madre del buzo profesional, todos los días deja un mensaje en la red social X dejando constancia de su reclamo. También ha hecho solicitudes de información ante la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo a través de su abogado.

Italia, de la cual Marino Salas también es ciudadano, al igual que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han solicitado avances en la investigación de su caso, sin respuestas. Cuenta con medidas de protección de la CIDH desde 2019. En 2023 solicitaron a la Corte IDH que también extendiera esas medidas.

El teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos está desaparecido desde el 4 de septiembre de 2018. Dora Hurtado comentó a Infobae que su hermano, según información de terceros, fue sacado del Palacio de Miraflores por el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim, Alexander Granko Arteaga, por su supuesta relación con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ese año.

Pero Hurtado, ha asegurado, estaba de vacaciones cuando ocurrió el hecho. Además, meses antes había regresado de Rusia tras cumplir una comisión de trabajo. Pasaron casi cinco años, entre denuncias públicas y diversas solicitudes de información, hasta que fue mencionado por un alto mando militar.

El exministro y general en Jefe Vladimir Padrino López lo incluyó en una lista de 33 militares, entre activos y retirados, degradados y expulsados de la Fuerza Armada el 24 de enero de 2024.

Recientemente, su hermana dijo al medio argentino que obtuvo un número de expediente: «Tribunal 36 de Control Solicitud, 10 de julio 2019, 1111-19 Nr. AP 02O219000063». En el Palacio de Justicia de Caracas le dijeron que no había documentos relacionados con ese caso.

La situación de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante de 51 años, ha sido una de las más representativas en el último año. Fue detenido el 1 de enero de 2025 por presuntos funcionarios encapuchados y, desde entonces, su madre Carmen Teresa Navas no ha podido verlo.

El 23 de octubre de 2025, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo acudió al Ministerio Público. Allí le fue informada de la existencia de un expediente contra Víctor Quero y que se encontraba recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, imputado por traición a la patria, conspiración y terrorismo.

Sin embargo, su madre se trasladó a ese centro de reclusión al menos en cinco oportunidades. En todas le negaron que estuviera recluido allí. A partir de enero de 2026, tras una serie de excarcelaciones y por información de otros presos políticos, conoció que en el mes de noviembre fue sacado de El Rodeo I supuestamente a un centro de salud y no apareció más.

Navas fue entrevistada por el Cicpc en marzo debido a sus denuncias de desaparición forzada. Ha entregado junto a sus abogados diversos documentos ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Intentó entregar un recurso de habeas corpus el pasado 7 de abril ante el Tribunal Supremo de Justicia pero no fue recibido.

El 18 de abril 2026, la CIDH aprobó las medidas cautelares para Carmen Teresa Navas y su hijo Víctor Hugo Quero Navas. «Han intentado todas las acciones. Ya la Comisión Interamericana se pronunció y entiendo que el Grupo de Trabajo también habría admitido un trámite en ese sentido», señala Marta Tineo.

Una situación similar, señala la abogada, padece la familia de Henry Alberto Castillo Molero. El productor agrícola está desaparecido desde el 24 de enero de 2025 y es tío del teniente exiliado Christian Hernández.

Pese a que el ministro Diosdado Cabello confirmó que se encontraba bajo custodia del Estado, su familia no ha recibido información oficial sobre su paradero o se le ha facilitado acceso al expediente. La defensora pública de Castillo se negó a interponer un recurso de habeas corpus.

También han entregado al Ministerio Público, la Defensoría y otras instancias las denuncias por su desaparición forzada. En julio de 2025, la CIDH le aprobó medidas cautelares.

Luis Alcedo Mora, Esnéider Vergel y Eliécer Vergel configuran las desapariciones con mayor tiempo.

Mora Márquez desapareció el 27 de febrero de 2015, cuando supuestamente fue detenido al salir de una reunión en la Gobernación de Mérida, donde denunció el contrabando de combustible. Pese a que tuvieron comunicación varios días después y les dijo que «estaba bien», la familia no obtuvo información sobre su estado físico, su ubicación o cualquier dato que le permitiera saber su paradero.

A los hijos del activista social se les dijo que tenía una orden de captura por parte de la Dgcim.

A principios de marzo de 2015 también desaparecieron los hermanos Eliécer y Jesús Esneider Vergel Prado, quienes eran desplazados colombianos y en varias ocasiones realizaban trabajos con Mora.

Dany Vergel, su hermana, ha dicho que a Jesús Esneider se lo llevaron de la finca donde trabajaba. «Fue en una camioneta del Sebin, el 2 de marzo de 2015». A Eliécer lo habrían detenido en el Terminal de Pasajeros de Mérida y «nunca más los volvimos a ver».

En 2020, tras la publicación de un dictamen del Comité de Derechos Humanos sobre el caso de Alcedo Mora, se conoció que el Estado venezolano maneja la hipótesis de que el activista social había sido secuestrado por parte de grupos irregulares que operan en la frontera. Asimismo, se dijo que en sus investigaciones «no ha surgido ningún elemento que permita evidenciar la participación directa o indirecta de agentes del Estado».

¿Quién da respuestas?

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU contabilizó al menos 27 desapariciones forzadas desde el 28 de julio de 2024 hasta 2025 y dio un plazo de 60 días al Estado venezolano para informar sobre el número exacto de personas detenidas, adoptar medidas para garantizar que no hay desapariciones forzadas, permitir que el habeas corpus sea un recurso efectivo, entre otras recomendaciones.

Si bien «jamás debe ocurrir una desaparición forzada», enfatiza la abogada Martha Tineo, en caso de que un cuerpo de seguridad «no de cuenta del paradero de una persona detenida, hay mecanismos en los que la Fiscalía General de la República, los tribunales y la Defensoría del Pueblo deben reaccionar ante esa situación».

En el caso del sistema judicial, el habeas corpus permite que el tribunal ordene a los cuerpos de seguridad del Estado la presentación de la persona detenida en un tiempo perentorio. Sin embargo, recuerda Martha Tineo, esta figura “muchas veces ni siquiera es recibida por los tribunales lo que, en sí mismo, es una grave violación a los derechos humanos”.

«Esto demuestra una vez más que todos los órganos que integran el sistema de justicia (cuerpos de seguridad, Ministerios Público y tribunales) son copartícipes en la ejecución de este tipo de crímenes, por eso es que hablamos de una política de Estado. Pudiese haber un ejercicio arbitrario de un funcionario o cuerpo de seguridad para esos existen los contrapesos y recursos legales para mitigar, hacer cesar esa violación, aunque nada de eso pasa», afirma Tineo.

Una vez agotados los recursos nacionales, solo queda acudir al sistema interamericano (CIDH) y universal (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Oficina del Alto Comisionado para los DDHH). Estas instancias, enumera Tineo, verifican la información, certifican las denuncias, reconocen la desaparición y oficial al Estado venezolano por información y acciones sobre el asunto.

«Sin embargo, el Estado no cumple esos llamados de los mecanismos internacionales de protección a los que está sometido por voluntad porque el Estado, al hacerse parte de esos mecanismos, se somete y se compromete a cumplir las recomendaciones, exhortos y llamamientos que estos hagan… Tenemos un Estado omisivo, no solo hacia las víctimas a lo interno, sino ante estos mecanismos», sentenció la coordinadora de JEP.