(EFE).- Un tribunal de segunda instancia de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a pagar una indemnización de 150.000 reales (unos 27.160 dólares) por daños morales colectivos, en un proceso en el que se le juzgó por comentarios con connotación sexual sobre unas adolescentes venezolanas.
El Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasilia, según la sentencia publicada este jueves, consideró que el líder ultraderechista violó los derechos de niños y adolescentes al sexualizar adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La Quinta Sala Civil del tribunal acogió parcialmente la acusación de la Fiscalía en el sentido de que el expresidente provocó un daño colectivo con sus comentarios.
El proceso, abierto por la Fiscalía durante la campaña presidencial de 2022, empezó cuando el líder ultraderechista, en una transmisión en vivo por internet, hizo unas declaraciones despectivas sobre un encuentro que tuvo con adolescentes venezolanas.
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El entonces presidente dijo que durante un paseo en moto por una comunidad vecina de Brasilia vio a unas niñas venezolanas de 14 y 15 años, y que cuando percibió que «pintou um clima» (surgió una atracción en lenguaje popular), les pidió que lo invitaran a su casa.
«Detuve la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas, tres, cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladitas un sábado en una comunidad. Vi que eran bien parecidas. Pinto un clima, volví. ‘¿Puedo entrar en su casa?’, entré», aseguró el mandatario, acusado en la época de estimular la pedofilia.
«Había unas 15, 20 chicas en la mañana de ese sábado arreglándose. Todas venezolanas. Y yo pregunto: niñas bonitas de 14, 15 años arreglándose un sábado, ¿para qué? ¿Para ganarse la vida? ¿Quieren eso para sus hijas?», agregó.
En una decisión de noviembre del año pasado, el juez civil de primera instancia Evandro Neiva de Amorim rechazó las acusaciones y la petición de indemnización, pero, ante un recurso de la Fiscalía, los miembros de la Quinta Sala Civil, pese a rechazar gran parte de los argumentos de la acusación, consideraron que sí se produjo un daño colectivo al derecho de los menores.
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