En Venezuela, una gran parte de la producción mineral se recoge primero en centros operados por la estatal Corporación Venozolana de Minería (CVM). Los centros de recolección de casiterita y coltán en Los Pijiguaos y Morichalito, dos poblaciones vecinas en el noroccidente del estado Bolívar, se establecieron apenas en 2023, y solo después de que el gobierno venezolano designara la casiterita, el níquel, el rodio, el titanio y otros minerales relacionados con las tierras raras como recursos estratégicos para la exploración, la extracción y la comercialización.
Un poco más al oeste de Los Pijiguaos, en Morichalito, siguen activos diez centros de recolección identificados con el logotipo de la CVM. Dos de ellos tienen registros de exportación a China y Estados Unidos.
Según la información proporcionada por la plataforma de comercio Sicex y la empresa de transparencia Sayari, también se han exportado grandes cantidades de concentrado de estaño a través del puerto de La Guaira, cerca de Caracas. Así mismo, en 2023 se registró un envío significativo de 120 toneladas de concentrado de niobio, tantalio y vanadio desde Maracaibo, capital del estado Zulia, en el extremo noroeste del país, a India.
De los centros de recolección registrados en la CVM se identificaron algunas exportaciones a China. El Grupo Orinoco Global, registrado en Puerto Ordaz, la ciudad industrial y comercial del norte del estado Bolívar, envió minerales a Ganzhou Ainuodeng Electronic, en China; por su parte, Inv. Mineral & Lab C.A. exportó casiterita a China C&D Logistics, en Qingdao, y a Traxys Europe S.A.
Grupos guerrilleros también compran y transportan estos minerales, a menudo trabajando de la mano con quienes son descritos por mineros venezolanos como “compradores chinos”.
Un minero joven lo asegura: “Cuando estuve allá trabajé con estaño. Ahí también están los compradores: los mismos grupos irregulares, la guerrilla, y los chinos”.
Testimonios semejantes se oyeron de otros mineros. “Los chinos están comprando piedras también, están juntos entre ellos, los chinos, y los elenos [en referencia a los militantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupo armado irregular de Colombia], para nadie es un secreto porque nosotros somos mineros. Están ahí metidos con ellos. Supongo que son la misma gente porque comen juntos, compran material juntos, bajan del helicóptero juntos”, explica un hombre que ha sido minero toda su vida y trabaja en el municipio Cedeño del estado Bolívar, que abarca a Morichalito y Los Pijiguaos.
La República Popular China posee actualmente 91 % de la capacidad de procesamiento de elementos de tierras raras. Las tierras raras se encuentran en muchos países, pero procesarlas es técnicamente difícil, costoso y contaminante. China invirtió décadas en desarrollar esta capacidad de refinación que le otorga al país un poder geopolítico enorme: incluso si otros países extraen las tierras raras, necesitan enviarlas a China para procesarlas.
“Yo sé que por Carlos Lata lo están llevando por toneladas”, continúa el minero, refiriéndose a una aldea colombiana sobre la ribera izquierda del Orinoco, vecina a la venezolana Isla Ratón, en el estado Amazonas. También admitió que ha trabajado para el ELN, transportando minerales a través de la frontera. “A Colombia. Yo lo he visto, lo he visto todo, lo he trabajado, he ayudado a cargar en el hombro o con guaya, a montar las canoas. Toneladas. He llenado las canoas con toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas en una canoa. He ganado dinero. Por los momentos y cuando hay…hay que hacerlo”.
En territorio venezolano, las fuerzas estatales venezolanas, según múltiples testimonios, supuestamente cooperan con la guerrilla colombiana y cobran su parte del negocio ilegal.
“Ahí levantan la mano todos porque hay militares de la Guardia [Nacional Bolivariana] involucrados”, asegura uno de los mineros.
“Ahí están la Guardia o el Ejército, la Armada venezolana y la guerrilla están ahí… como si trabajaran para los mismos, ¿me entiendes? Entonces nadie persigue al otro. Es como que si la guerrilla le pagara un porcentaje a ellos. Eso es lo que pasa”, dice un habitante del sector.
Otro minero describe el transporte, donde participan agentes de los cuerpos de seguridad e inteligencia venezolanos: “El mismo gobierno lleva eso en carro. El Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, policía política del régimen chavista] usa un carro blanco sin placa que dice ‘Solo para uso oficial’. Hay transporte para todo: coltán, estaño, oro”.
Si bien es cierto que una porción de los minerales estratégicos extraídos en Venezuela pasa por los puertos de salida oficiales, como La Guaira o Maracaibo ya citados, donde el negocio lo manejan empresas estatales venezolanas e inversionistas extranjeros, también es cierto que quienes buscan una tajada mayor del comercio mineral prefieren contrabandear los minerales por los caminos verdes a Colombia, o a través de otras rutas alternativas que transitan por las redes de transporte aéreo.
Desde Venezuela, la ruta cruza por el río Orinoco, entra en los ríos de su cuenca en territorio colombiano, y desde ahí toma la ruta terrestre, pasando por Santa Rita, en el municipio de Cumaribo —un área del departamento de Vichada más grande que los Países Bajos—, para finalmente conectar con una carretera llamada “la 48” hacia Puerto Gaitán, en el departamento de Meta, antes de ascender al altiplano de Bogotá.
La ruta puede tener desvíos, desde luego. En Colombia, los métodos de transporte de los minerales varían significativamente según las condiciones estacionales y la geografía. Por ejemplo, durante las temporadas de lluvias se mueven principalmente por río, a través de vías fluviales interiores que conectan con carreteras sin pavimentar hacia pueblos más grandes.
Los traficantes y comerciantes emplean métodos de ocultamiento a lo largo de estas rutas terrestres. Las arenas pesadas que contienen minerales se esconden bajo gruesas capas de arena regular en camiones, con lo que dificultan la detección durante las inspecciones de rutina.
En una reciente operación conjunta, las fuerzas policiales colombianas lograron la incautación de más de 400 kilos de metales fundidos en Santa Rita. Encontraron 29 lingotes de estaño, 36 bolsas con material con alto contenido de estaño e instrumentos de fundición. Según las pruebas realizadas en el sitio, el material incautado tendría entre 80% y 90% de pureza de estaño. Los capturados, presuntos integrantes de la red de apoyo del Frente José Daniel Pérez Carrero del grupo armado organizado GAO-ELN, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Antes de su exportación definitiva, los minerales de origen venezolano se procesan en varios lugares de Colombia. Bogotá alberga varias operaciones que producen tantalio y estaño en barras fundidas, transformando piedras crudas en metales refinados que son más fáciles de exportar y más difíciles de rastrear hasta sus orígenes ilegales.
En un caso investigado en el departamento de Vichada, las autoridades incautaron una barra que contenía 80 % de estaño y 20 % de elementos de tierras raras. Pues Puerto Carreño, la capital de Vichada, ha surgido como otro centro significativo de procesamiento. Como señaló un inversionista minero: «Vas a encontrar un fenómeno ahorita en Puerto Carreño, que van a aparecer fundidoras, fundiendo estaño, y sacan metal y la policía no hace nada».
La etapa final involucra a exportadores en los puertos marítimos internacionales de Colombia, principalmente los de Santa Marta o Cartagena, en la costa Caribe, y Buenaventura, en la costa del océano Pacífico. Allí, en lugar de declarar los materiales bajo las clasificaciones arancelarias apropiadas, los exportadores que procesan minerales los despachan como ferro-tantalio, por ejemplo, cambiando efectivamente la clasificación de mineral crudo a material procesado. Esta transformación aumenta el valor y reduce el escrutinio. Un funcionario colombiano de aplicación de la ley se quejó de que más de 40 códigos aduaneros oficiales se prestan para estas maniobras.
“Esto nos va a reventar en la cara, porque es grande”, advirtió el funcionario. “La fiscalización de esto en la DIAN [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el ente tributario de Colombia]) es ridícula”, dijo, refiriéndose a la falta de conocimiento y capacidad para reconocer minerales críticos en los puertos de salida de Colombia.
A estas operaciones de contrabando las respaldan sofisticadas redes financieras, diseñadas para evitar la detección. Los pequeños movimientos de dinero entre ciudades como Medellín, Bogotá y Villavicencio, se mantienen deliberadamente por debajo de 10 millones de pesos colombianos (equivalente a unos 2.500 dólares) para permanecer bajo los umbrales de escrutinio de las autoridades. Un funcionario de inteligencia colombiano estima márgenes de ganancia de entre 5.000% a 10.000%, comparando el margen de esta actividad con “comprar un iPhone en 100.000 pesos”, o unos 25 dólares.
Funcionarios de aplicación de la ley, representantes comunitarios, mineros y comerciantes de minerales identifican consistentemente a Gracor como uno de los facilitadores corporativos involucrados en orquestar este comercio ilegal. Según las fuentes, que por razones de seguridad solicitaron el anonimato, la compañía mantiene relaciones directas con toda la red criminal, desde el ELN y la Segunda Marquetalia (una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) hasta mineros individuales y funcionarios estatales venezolanos.
Según aseguró un traficante de minerales venezolano al hablar con Amazon Underworld, “los ilegales compran y venden a esta gente… Gracor no financia el recurso, son los grupos irregulares quienes manejan el dinero y negocian con ellos. Lo que hacemos nosotros es llevar la mercancía a estos grupos y ellos se encargan de negociar con la empresa colombiana”.
Para legitimar minerales provenientes de Venezuela, los comerciantes emplean refinados esquemas de fraude documental. Utilizan documentación de mineros de subsistencia —a menudo de comunidades indígenas— haciendo parecer que los materiales fueron extraídos dentro de Colombia. Esta práctica explota el suelo y recursos venezolanos, los derechos mineros tradicionales de los pueblos indígenas y los esfuerzos del gobierno colombiano por formalizar la minería a pequeña escala.
A pesar de las frecuentes incautaciones, numerosos cargamentos de minerales confiscados por las autoridades han permanecido en un limbo procesal durante meses y acaban por ser devueltos a los comerciantes, debido a supuestas irregularidades procedimentales y errores administrativos. Funcionarios de cuatro agencias estatales citaron tanto la sospecha de corrupción como la capacitación insuficiente del personal de campo como factores que contribuyen a estos fracasos. Lina Beatriz Franco, presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), responsable de administrar los recursos minerales en Colombia, admitió, en términos generales, la falta de capacidad para diferenciar lo que se extrae de forma legal de lo ilegal, refiriéndose a las arenas negras.
Gracor registró una utilidad neta de más de 311 millones de pesos (unos 81.000 dólares) en 2024, según documentos presentados ante la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que representa un incremento en sus ganancias de 257 millones de pesos (67.000 dólares), o de 479,62%, entre 2022 y2024. A la vez aumentó sus márgenes de rentabilidad neta. Además, en ese mismo período consiguió una expansión de sus ventas a más de 14.700 millones de pesos (3,8 millones de dólares), siempre según lo que reportó a la Cámara de Comercio.
En 2023, International Company Gracor SAS realizó dos operaciones de exportación de concentrado de estaño, totalizando 45.890 kilogramos, según la plataforma de comercio Sicex. En 2024, la empresa ejecutó nueve transacciones de exportación por un monto de 248.342,7 kilogramos. Y nada más durante los primeros dos meses de 2025, se completaron tres operaciones de exportación adicionales, por un total de 81.479 kilogramos.
Durante este período de tres años, todas las exportaciones de Gracor se dirigieron a Bluequest Resources AG en China. Cabe señalar que, aunque la empresa receptora opera en China, Bluequest en realidad tiene sus cuarteles generales en Baar, Suiza, a la par que dispone de oficinas en Shanghái. Según el sitio web corporativo de la compañía, Bluequest Resources AG es un grupo líder en comercio de materias primas especializado en el comercio físico global de metales refinados, minerales y concentrados de metales no ferrosos y preciosos.
Gracor niega todas las alegaciones. Según Alfonso Graffe, su representante legal, quien recibió a Amazon Underworld en un salón comunal en un edificio del norte de Bogotá, los minerales que compra la empresa (óxido de estaño, básicamente) provienen de resguardos indígenas y son producto de minería de subsistencia. Sin embargo, Idárraga reconoce que “eso no es de subsistencia”, refiriéndose al estaño.
En marzo de 2021, el Ejército colombiano incautó 6.176 kilogramos de minerales estratégicos en el río Guaviare, departamento de Guainía -vecino al Amazonas venezolano-, transportados a bordo de una embarcación de nombre José Abel. El material incluía 196 sacos con coltán y 51 sacos con concentrado de estaño. Los análisis realizados por el Servicio Geológico Colombiano también detectaron uranio en las muestras, un elemento utilizado en componentes electrónicos y armamento nuclear.
El mineral pertenecía a Camave SAS, una empresa registrada en Bogotá en 2018, dedicada a la importación y comercio de minerales. La compañía movía minerales sin licencias legales de extracción, utilizando de manera fraudulenta una solicitud de formalización de minería tradicional que había sido rechazada en 2019 y cuyo titular, para colmo, había fallecido. Las autoridades, aún usando sobrevuelos y análisis satelitales en el área, no pudieron confirmar actividad minera visible en las zonas de extracción declaradas por la empresa.
El operador logístico de Camave SAS recolectaba minerales de comunidades indígenas (Huecitos, Guamirza, San José, Vaquiro, Berrocal y Maimachí) a lo largo de los ríos Inírida y Guainía, donde el material probablemente era comprado con pagos irrisorios y sin garantías laborales. Las autoridades determinaron que el mineral, con una alta probabilidad, provenía del ELN y del frente disidente de las FARC, el Acacio Medina, que operan en la zona de triple frontera entre los departamentos colombianos de Vaupés, Guainía, Vichada, y el estado Amazonas de Venezuela.
La operación fue financiada por una empresa con sede en Miami, Florida (Estados Unidos), propiedad de un ciudadano estadounidense, quien proporcionó una inversión inicial de 300.000 dólares. El acuerdo establecía una distribución de las ganancias de 80 % para el inversionista de Miami y 20 % para Camave SAS. A pesar de la incautación de 2021, Camave SAS continuó exportando minerales hasta 2023, con China como destino principal.
En mayo de 2025 se declaró la extinción de dominio sobre las seis toneladas de minerales y la embarcación incautadas. Ricardo Barrantes Balcázar, representante legal suplente, fue condenado en marzo de 2025 a 14 años de prisión por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, falsedad en documento, explotación ilícita de yacimiento minero, lavado de activos y cohecho. El proceso contra Carolina Vargas Godoy, representante legal principal, se encuentra en etapa de indagación.
A diferencia de los laberintos legales de Colombia y del panorama de informalidad conflictiva en la explotación de minerales críticos en Venezuela, un vecino de ambas naciones, Brasil, donde también abundan las comunidades indígenas desplazadas o afectadas por la minería y los grupos armados, es un país que cuenta con amplia información geológica.
Con el espíritu propio de la dictadura nacional-desarrollista del momento, en 1970 surgió el Proyecto Radam, bajo el lema de “Integrar Para Não Entregar”. En ese contexto se utilizó tecnología militar de radar para mapear sistemáticamente los depósitos minerales y recursos naturales de la Amazonía brasileña. Ese mapeo abrió la región para prospectores e inversionistas, dotando a Brasil de los mapas metalúrgicos detallados que lo distinguen, en buena medida, de sus otros países vecinos de la cuenca amazónica.
A 100 kilómetros de Belém, la capital del estado de Pará que hoy es sede de la COP30, está Barcarena. La ciudad se ha caracterizado en las últimas cuatro décadas por la expansión del polo industrial del aluminio y por el desarrollo del complejo portuario de Vila do Conde. Esta transformación ha remodelado el paisaje urbano y ha hecho que la ciudad gire en torno al puerto y la minería. En tres décadas, la población se ha multiplicado por más de siete: de 17.000 habitantes en 1970 a unos 127.000 en 2020. El cambio es visible para quienes llegan: el tráfico de camiones es intenso y atraviesa barrios donde las señales de “ruta de evacuación” alertan del riesgo de presas que pudieran desbordarse o romperse, reflejo de la presencia cercana de las empresas mineras.
Entre enero y junio de este año, el Complejo Portuario de Vila do Conde movió 11,5 millones de toneladas de carga, principalmente productos químicos inorgánicos (27 %), lo que incluye minerales como bauxita y soya. Fuera del perímetro del puerto, en cambio, la realidad es más dura. La sensación es que el polvo rojizo de la bauxita, mineral del que se extrae el aluminio, cubre las calles y las casas; y en los días de lluvia, el agua llega a quemar la piel.
Según Moisés Sousa Lopes, presidente del Setemep (Sindicato de Estibadores y Trabajadores de Estiba de Minerales de Pará), el complejo portuario emplea a unas 10.000 personas, entre las que se encuentran 350 estibadores. “Nuestro trabajo consiste en cargar y descargar en las bodegas de los barcos. Arreglamos la carga que entra y atracamos la que llega. Todo lo que entra y sale por el agua pasa por nuestras manos”, afirmó.
Pero Lopes no parece estar tan interesado por los logros de la “transición energética”. “Lo que entendemos de lo que hacemos aquí es que la minería no solo sirve para el factor energético, sino que también sirve para volver en forma de ingresos para Brasil. Porque el mineral se transporta aquí por los ríos internos y vuelve como aluminio para la exportación. Es bidireccional. Funciona para el sector energético y también para los ingresos, para el gobierno y para Albras [el mayor productor de aluminio primario de Brasil] también, a través de la carga, que es el aluminio que se exporta a China”.
Sin embargo, la extracción ilegal de casiterita dentro del territorio indígena Yanomami, en el estado de Roraima, norte de Brasil limítrofe con Venezuela, se lleva a cabo a través de redes gestionadas por inversores externos, por ejemplo, del estado de Rondônia, que proporcionan documentación falsificada para legitimar el comercio. La escala de las operaciones es considerable, con un volumen estimado de alrededor de seis toneladas métricas por transporte fluvial y envíos en helicóptero de hasta 10.000 kilogramos de mineral. El mineral alcanza precios de entre 60 y 70 reales (alrededor de 13 dólares) por kilo en la ciudad de Manaos.
El comercio se ha normalizado tanto que hasta los conductores de Uber en Roraima son contratados abiertamente para transportar sacos de concentrado de casiterita, lo que ilustra cuán profundas son las raíces de estas actividades ilegales en las economías locales. Según un funcionario de inteligencia brasileño, algunas de las minas se encuentran en zonas controladas por la multinacional del crimen Primeiro Comando da Capital (PCC), originario de la lejana ciudad industrial y financiera de São Paulo, mucho más al sur. “Hay extracción de casiterita en varios puntos del territorio indígena, incluidas las zonas controladas por el PCC en Waikás, Alto Uraricoera”, añade.
La participación de grupos del crimen organizado ha transformado el comercio de casiterita en una operación de seguridad más compleja. Las autoridades brasileñas informaron que las facciones criminales no solo controlan las áreas de extracción, sino que también brindan servicios de protección a los mineros, al tiempo que mantienen la propiedad de áreas, estructuras y armas específicas.
Como señaló un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, “hay áreas y estructuras que pertenecen a los miembros delictivos. Venden seguridad”. También parece haber áreas, estructuras, armas que pertenecerían al grupo delictivo en su conjunto, como si fuera una corporación. Las autoridades federales han respondido con la Operación Ouro Negro, dirigida contra el fraude en la concesión de licencias medioambientales que permite este comercio ilegal. La operación descubrió un plan en el que participaba la Fundación Ambiental del Estado (Femarh) para facilitar la concesión de licencias medioambientales irregulares destinadas a blanquear minerales extraídos ilegalmente. En septiembre de 2025, la Policía Federal brasileña ejecutó 13 órdenes de registro y confiscación en Roraima, Amazonas, São Paulo y Río de Janeiro, lo que dio lugar a la congelación de más de 265 millones de reales en activos y la suspensión de las actividades económicas de las empresas.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la demanda de minerales críticos se cuadruplique para 2040, lo que intensificará la competencia geopolítica. China está aprovechando su dominio en el procesamiento de minerales mediante controles de exportación; Estados Unidos, por su parte, se apresura a reconstruir las cadenas de suministro nacionales tras décadas de abandono; y la Unión Europea ha puesto en marcha su Ley de Materias Primas Críticas para garantizar la independencia estratégica. Estos materiales se han convertido en el centro de una nueva competencia mundial, en la que se cruzan el poder tecnológico, la seguridad económica y la influencia geopolítica.
El dominio actual de China sobre los elementos de tierras raras se ha convertido en un punto geopolítico álgido. En abril, Beijing impuso restricciones a la exportación en represalia por los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense de Donald Trump, utilizando como arma los recursos críticos para la defensa, los vehículos eléctricos y las energías renovables.
El mercado de las tierras raras y los minerales críticos ha experimentado importantes subidas de precios, impulsado por las restricciones de suministro de China, la demanda de vehículos eléctricos, la escasez de existencias, las restricciones de suministro y los controles de exportación impuestos por China en abril sobre siete elementos críticos.
El mercado ha pasado de ciclos especulativos a una demanda estructural impulsada por la transición energética mundial y la electrificación del transporte. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos pasaron de aproximadamente un millón de unidades en 2017 a 17,1 millones en 2024, lo que generó una demanda sin precedentes de elementos de tierras raras utilizados en los motores y baterías de los vehículos eléctricos.
Esta escalada desencadenó una carrera mundial por la diversificación del suministro y los países occidentales buscaron productores alternativos en África y el sudeste asiático. El acceso a estos materiales se ha convertido en una prioridad geopolítica, así como en una necesidad económica, que afecta a sectores que van desde la electrónica de consumo hasta la producción de defensa.
En medio de la intensificación de la competencia por las cadenas de suministro de minerales estratégicos, la Amazonía se podría convertir pronto en la primera línea de la transición energética, donde los actores ilícitos y las empresas superarían a los gobiernos y los investigadores, lo que agravaría los conflictos entre la demanda de recursos, los derechos de los indígenas y la protección del medio ambiente.
La paradoja es evidente: mientras las naciones compiten por alcanzar sus objetivos de desarrollo y energía limpia, la extracción de minerales esenciales está devastando comunidades y ecosistemas en el Escudo Guayanés y las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Esto conecta la dinámica del mercado global y los consumidores de todo el mundo con el destino de las poblaciones de la región, aborígenes o no, y uno de los reguladores climáticos más importantes de la Tierra.
En su estado actual, la extracción de minerales críticos no solo destruye el medio ambiente natural, sino que también financia la violencia y los grupos armados que figuran en las listas internacionales de terroristas en las zonas donde el sector es más conflictivo, como Venezuela.
Mientras tanto, especialmente en Brasil, las empresas están accediendo a títulos mineros legales en tierras indígenas de las zonas de selva tropical. La magnitud de la presión minera es dramática. Al menos 188 territorios indígenas están impactados por 1.286 procesos mineros críticos o esenciales para la transición energética. De las diez tierras indígenas más presionadas, ocho se ubican en el estado de Pará, una en Amazonas y otra en Roraima.
Zonas de sacrificio en la Amazonía para construir un futuro más sostenible: una paradoja tan irónica que resulta inevitable. Esta historia conecta comunidades remotas amazónicas con consumidores globales a través de los teléfonos inteligentes en sus bolsillos y los vehículos eléctricos en sus garajes.
Mientras que la comunidad de Chorrobocón, en el Guainía colombiano, por ejemplo, se enfrenta ante la encrucijada que representa la explotación del oro y de los minerales críticos, buscando formalizarse pero condenada a operar en la ilegalidad; en Venezuela se agravan las violaciones de derechos humanos; y en Brasil las multinacionales entran con toda su fuerza,
Juan Guillermo García, el inversionista minero detrás de Minastyc -un emprendimiento de tierras raras en Vichada-, resalta con elocuencia lo que está en riesgo: «Acuérdate de que estamos en la Cuarta Revolución Industrial, que es la tecnología ¿Y qué necesitas para la tecnología? Las materias primas para esto». A la pregunta de qué pasará si nadie pone orden en el sector, sonríe levemente y dice entonces: «Bienvenido al nuevo Congo de América Latina».
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