Beneficiados del trabajo de ONG serán los más afectados por ley

Organizaciones defensoras de derechos humanos explican que de aprobarse este proyecto de ley, las ONG tendrían que enfrentar medidas abusivas o procesos penales, poniendo en riesgo de criminalización y represalias a los integrantes de estas y sus beneficiarios. Urgen a la Asamblea Nacional electa en 2020 poner fin a esta propuesta y que cesen los ataques a la sociedad civil

Tras un año de la aprobación en primera discusión de la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», la Asamblea Nacional de mayoría oficialista ordenó iniciar una consulta pública «con el pueblo y las organizaciones involucradas en los alcances y los elementos necesarios para comenzar la segunda discusión», pese a las abundantes objeciones que este documento ha recibido tanto de ONG nacionales como de instancias internacionales.

El documento de ley para regular las organizaciones no gubernamentales no se ha dado a conocer por la Asamblea Nacional porque ni siquiera está publicado en su portal, solo circula un documento extraoficial; para diversas organizaciones forma parte de una política sistemática del Estado venezolano que pretende criminalizar, restringir y perseguir el trabajo de las ONG. 

El nuevo coordinador general de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), Oscar Murillo, considera que «este instrumento puede llevar al camino de la destrucción de las organizaciones tristemente transitado por Nicaragua, con terribles consecuencias para las personas, entre ellas las víctimas que son receptores de su labor».

Los defensores de derechos humanos concuerdan en afirmar que tras la aprobación de esa ley los afectados serían los beneficiarios de estas organizaciones, es decir, las víctimas o posibles víctimas que se quedarían sin instancias donde acudir para solicitar ayuda.

«(La aprobación de este proyecto de ley) pone en riesgo a toda esta red de sociedad civil y a las personas que están sufriendo en Venezuela una emergencia humanitaria compleja», principalmente, a los beneficiarios de distintos programas, expone Valentina Ballesta, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Indica que estos quedan expuestos a «grave riesgo de criminalización y represalias».

«La ley se extiende de manera totalizante, ambigua y desproporcionada a todas las fundaciones y asociaciones civiles de derecho privado sin fines de lucro», sentencia el Centro de DDHH de la UCAB.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, más de cuatro millones de personas tienen necesidad de asistencia en Venezuela. Si se eliminan las organizaciones de asistencia humanitaria, esto podría traducirse en que quienes necesitan ayuda para acceder a alimentos no los reciban o quienes necesitan apoyo para atender temas de salud queden desamparados; lo que también puede conllevar a un aumento de la migración, advierte la máxima representante de Amnistía Internacional.

Este proyecto de 17 artículos fue presentado al Parlamento por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien advierte: «Se acabó la mamadera de gallo con las ONG en este país» y esta ley para regular las ONG será «muy severa». 

El también diputado Cabello acusa a las organizaciones no gubernamentales de conspirar y dice que una vez aprobado este proyecto de ley, «tendrán que registrarse», pese a que todas las organizaciones -tanto las nacionales como las internacionales- ya están inscritas ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y cumplen con la normativa del país. Afirma que las oenegés que se dedican a la labor humanitaria «no tienen nada qué temer».

Eduardo Trujillo, quien hasta esta semana fue director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostiene que el proyecto «limita el derecho a la libre asociación, la criminaliza y, potencialmente, puede servir como arma de persecución selectiva”.

Por su parte, Oscar Murillo expone que este proyecto de ley «viene a patentar y materializar la ya evidente criminalización y persecución de todas aquellas organizaciones que hacen vida en el espacio público».

Con la aprobación de este proyecto de ley también se verían afectadas las organizaciones que defienden los derechos de la mujer, las que impulsan los derechos sexuales y reproductivos, las que promueven el aborto seguro, ambientalistas, educadores, en fin, todas las que defienden y promueven algún derecho humano, incluso organizaciones vecinales.

En una entrevista con Vladimir Villegas, la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional señaló que este proyecto de ley los tiene con «altas alertas» porque «coloca un nivel de arbitrariedad extra al funcionamiento y existencia de las organizaciones que protegen derechos humanos, que prestan asistencia humanitaria, que trabajan sobre el medio ambiente». 

«Los requisitos que se exigen son extenuantes, muy difíciles de cumplir, con altos niveles de arbitrariedad que muchas veces quedan a merced de interpretaciones de la autoridad», enfatiza Amnistía Internacional.

El proyecto presentado por el oficialismo es objeto de permanentes críticas. Human Rights Watch (HRW), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son algunas de las organizaciones internacionales que han rechazado la iniciativa parlamentaria porque afirman que «el texto contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos».

El Centro de Derechos Humanos de la UCAB detalla que la ley persigue propósitos inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales en materia de DDHH y que en específico viola el artículo 5 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Sociales, Económicos y Culturales que prohíbe la destrucción de derechos o su restricción excesiva. 

En 2019 se prohibió el registró de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones ante el Saren, ente adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en el país. En ese entonces, las organizaciones denunciaron la medida y alertaron de un posible escalamiento de restricciones por órdenes que dejaban a muchas ONG en situación de ilegalidad. 

*Lea también: En Claves | ¿Qué establece el Proyecto de Ley para Fiscalizar a las ONG y Afines?

Controles y prohibiciones

El proyecto de Ley de las ONG tiene una serie de regulaciones, controles y prohibiciones. Los integrantes de las organizaciones deben presentar declaración jurada ante la Contraloría de la República, así como toda persona que trabaje en ella; inscribirse en el Registro de Defensa Integral, establecido en la Ley de Alistamiento Militar; registrar la organización y a su representante legal ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento de Terrorismo.

El artículo 15 establece que las ONG deben presentar la relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes. Destacan como prohibiciones el recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, realizar actividades políticas (sin especificar cuáles son), promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones del país y cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.

Eduardo Trujillo recuerda que el ordenamiento jurídico venezolano establece regulaciones para la formación y el funcionamiento de las asociaciones civiles no lucrativas, sean de derechos humanos, educación o temas sociales. Reitera que las regulaciones y los procesos de rendición de cuentas existen en la Constitución, el Código Civil, regulación tributaria, entre otros.

Suponiendo que sea aprobada, la ley da un año a todas las organizaciones no gubernamentales para inscribirse y declarar todo lo que indica el documento. De no hacerlo, las organizaciones dejarán de existir; pero si operan sin registrase, no rinden cuenta de actos y hechos como lo establece el documento e incumplen con las actividades de control y fiscalización del Estado, deberán cancelar multas que van desde los 50 hasta los 200 petros,  es decir, entre los $3.000 y $12.000.

El documento también advierte que si las organizaciones omiten información sobre donaciones recibidas, se les impondrán multas equivalentes al doble de la cantidad percibida, «sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales».

*Lea también: Relator especial de la ONU pide garantizar libre funcionamiento de las ONG en Venezuela

En cuanto a la declaración jurada de patrimonio, que se solicitaría a quienes sean parte de la organización, Trujillo asegura que «no tiene sentido porque equipara a los activistas con funcionarios públicos» y estima que «busca disuadir a las personas de tener activismo en causas sociales».

Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Con relación a la información de los donantes de las organizaciones no gubernamentales, los defensores de derechos humanos enfatizan que «el Estado ya tiene la posibilidad de conocer al financista, ya que el Seniat tiene la facultad (en caso de omisión de tributos) de realizar fiscalizaciones para determinar impuestos omitidos. El Estado no necesita una ley para conocer eso».

La directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional explica que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), enfocado en combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, también ha dicho que este proyecto de ley es desproporcional, que Venezuela no estaría cumpliendo con los estándares en materia de combate de terrorismo y que con estas restricciones no se prohíbe lavado de dinero o el desvío de fondos hacia fines ilícitos.

«Provea va a seguir trabajando»

El diputado Diosdado Cabello dice que las ONG que se dedican a la labor humanitaria «no tienen nada qué temer», pero afirma manejar una lista de 62 ONG que -según él- operan con fines políticos y reciben financiamiento de organismos internacionales con el objetivo de «imponer» lo que éstas consideran como democracia. 

Una de las organizaciones más señaladas en el discurso oficial es Provea. Cabello le advirtió a la ONG que va a tener que rendir cuentas «hasta el último centavo». 

«No digan que no se lo estamos advirtiendo, y desde ahí atacan, montan conspiraciones, reciben dinero por escribir mal contra su propio país», dijo Cabello.

Oscar Murillo, coordinador general de Provea, le responde al diputado: «Provea va a seguir trabajando, lo vamos a seguir haciendo con todas las dificultades y obstáculos que se nos pudieran presentar». Dice que en un Estado democrático el trabajo de esta organización «debe alentarse» y condena que acá los tilden de «enemigo».

Oscar Murillo, coordinador general de Provea

Afirma que el trabajo de Provea es conocido ampliamente en el país y por instancias internacionales; enfatiza que no tienen «un manejo inescrupuloso de los recursos que son para el trabajo de la defensa y promoción de los derechos humanos».

Murillo recomienda a los voceros del Gobierno leer y repasar los informes que redacta Provea para que implementen cada una de las recomendaciones que se le hacen al Estado venezolano para «reducir la brecha en materia de DDHH».

Poner fin a este proyecto

Este proyecto de ley ha disparado las alarmas de instancias nacionales e internacionales que han solicitado a la Asamblea Nacional ponerle fin debido a los graves riesgos de criminalización y represalias que conlleva.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela desde 2019, dijo desde el año pasado que de sancionarse este proyecto «puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela».

Francisco Cox, experto de la Misión, estima que la regulación impondría a las ONG «un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas».

Desde Amnistía Internacional urgen enfáticamente «a que se ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y cesen todos los ataques a la sociedad civil».

Más de 200 organizaciones venezolanas piden a la Asamblea Nacional no avanzar en el proyecto de ley para regularizar las ONG porque insisten que esta «confisca las libertades de reunión pacífica, expresión, información, participación, defensa de los derechos, así como la denuncia crítica, el cuestionamiento o la disidencia pacífica, el acceso a los sistemas de protección de derechos y a la cooperación internacional para la asistencia humanitaria y el desarrollo, asimilando todos estos derechos con terrorismo, conspiración, desestabilización, injerencia extranjera o simplemente actividades políticas».

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