Un patrón suele repetirse en una serie de detenciones de opositores al régimen de Nicolás Maduro, de disidentes militares y de sus familiares: un período inicial de desaparición forzada que podía durar un día o semanas, durante el cual los aprehendidos eran conducidos a sitios clandestinos ubicados en distintos lugares de Caracas, donde fueron sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El organismo al que se responsabiliza en particular de incurrir en esta práctica es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aunque también se ha señalado de operar estos sitios de tortura al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana).
Este equipo de investigación documentó 14 testimonios de víctimas y familiares de víctimas de detenciones irregulares practicadas por organismos de seguridad del Estado venezolano, a quienes desaparecieron por unos días para recluirlos en casas clandestinas de tortura en cuatro zonas de Caracas. Un abogado penalista que ha defendido varios de estos casos, y que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad, asegura que ha recolectado información sobre más de una decena de otros casos. «No me atrevo a dar un número, pero sí puedo decir con responsabilidad que ha sido una conducta repetida».
La existencia de estos centros clandestinos de detención figura en los informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como en otras investigaciones presentadas por otros organismos internacionales y por organizaciones no gubernamentales.
A pesar de que operan desde al menos hace casi una década -la primera referencia a ese tipo de instalaciones data del caso del detenido José Daniel Stekman-, el uso de las casas clandestinas de tortura se acentuó a partir de 2018, coincidiendo con un incremento de las desapariciones forzadas en el país y de la persecución a militares, de acuerdo con instancias internacionales, abogados y defensores de derechos humanos.
14 víctimas y familiares coincidieron para esta investigación en que el órgano responsable de las detenciones y traslado a las casas de tortura es la Dgcim. Crédito: Instagram Dgcim
El más reciente informe de la misión de la ONU enumera 17 referencias de casas de seguridad, como también suelen denominarse estos centros clandestinos, y las ubican en sectores de Las Mercedes, Prados del Este, La Trinidad, San Bernardino, Bello Monte, Los Naranjos, Fuerte Tiuna, Alto Prado, La Carlota, además de La Mariposa y zonas montañosas de El Hatillo y Guarenas.
Los testimonios de 14 víctimas y de familiares de víctimas, la información aportada por fuentes dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y de abogados que han trabajado en los casos de tortura denunciados ante instancias nacionales e internacionales, así como la revisión de los tres informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, de otros informes y comunicaciones realizados por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Naciones Unidas, del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, de la Organización de Estados Americanos y de ONG locales e internacionales, junto a documentos oficiales sobre la administración estatal de bienes decomisados y confiscados, han permitido reconstruir la información sobre la aparición y consolidación del uso de casas en zonas residenciales, que fueron destinadas a centros clandestinos de tortura, y establecer que se convirtió en una práctica de los cuerpos de seguridad, en especial de la inteligencia militar, y más en particular de la Dgcim, durante los años en que ha gobernado Nicolás Maduro. El uso de estas casas es claro: desaparecer a opositores del régimen, actuar fuera del marco legal y aplicar tortura a sus familiares con el objetivo de obtener información bajo coacción.
Quienes han denunciado su traslado a estos lugares refieren que les taparon la cara con una capucha o les vendaron los ojos para que no pudieran reconocer ni el sitio al que fueron conducidos ni a los funcionarios que los sometieron, quienes, además, no proporcionaban ninguna identificación y se presentaban bajo el nombre de un alias.
Contrario a lo que la lógica convencional haría suponer, la mayoría de los lugares no están aislados, sino que se ubican en el corazón de zonas residenciales.
Algunas víctimas cuentan que, mientras permanecían en el centro de detención, podían escuchar la actividad de la calle, a niños jugando o a vecinos en sus actividades cotidianas, como el riego de los jardines. Hay quienes recuerdan el paso del camión del aseo o la vista del cerro El Ávila -la montaña de la Cordillera Central que domina el valle de Caracas- desde una de las ventanas. Sin embargo, puertas adentro, “los gritos son desesperantes”, describe Gilberto Martínez Daza, antiguo agente de la disuelta Policía Metropolitana de Caracas, detenido en 2018 y quien fue trasladado a uno de estos centros clandestinos en San Bernardino.
Los funcionarios a cargo de ejecutar las torturas cubrían los gritos de sus víctimas con música o programas de televisión a todo volumen. También ponían a funcionar aparatos electrodomésticos para evitar que en el exterior se escuchara lo que sucedía.
Así lo refiere el testimonio de Oswaldo García Padilla, hijo del coronel retirado y preso político, Oswaldo García Palomo, que asegura que en febrero de 2018 fue sometido a una desaparición forzada por la que lo llevaron a una casa que ubica en la zona del noreste de la capital venezolana, en la urbanización Los Dos Caminos. Allí permaneció cuatro días encapuchado y sometido a torturas que incluyeron golpizas, patadas y asfixia con gases lacrimógenos. Además de esos tormentos físicos, los agentes de la Dgcim le propinaron dosis de tortura psicológica, como amenazas frecuentes de violar a sus hermanas, a su novia y a su madre.
“Cuando ellos me golpeaban y torturaban prendían una licuadora, le subían el volumen al televisor, y tú sabías que por ahí venía la cosa”, recuerda.
Un antiguo funcionario de la Dgcim, actualmente confinado como preso político en la cárcel militar de Ramo Verde, al suroeste de Caracas, recalcó que el objetivo de estas casas era desaparecer a los capturados para “trabajar bajo coacción a la víctima” y obtener la información necesaria.
En algunos casos, estos sitios, en principio secretos, han pasado a ser sedes semioficiales, reconocidas por la comunidad del entorno y hasta con señas de identificación de la Dgcim en sus fachadas. Tal es el caso de una finca ubicada en La Mariposa, un suburbio de entorno rural al suroeste de Caracas, que funciona como polígono de práctica y entrenamiento de este cuerpo de seguridad, pero al mismo tiempo ha sido uno de los centros clandestinos de tortura más denunciados en el informe de la ONU.
Algunas sedes ya no están ocultas, como es el caso de una finca ubicada en La Mariposa y una casa en San Bernardino, que luego de su remodelación fue identificada con logotipos de la Dgcim. Crédito: Google Maps
Algunas sedes ya no están ocultas, como es el caso de una finca ubicada en La Mariposa y una casa en San Bernardino. Crédito: Armando.Info
Lo mismo ocurre con una casa ubicada en la avenida José Manuel Sanz de San Bernardino, en el centronorte de Caracas, que suele aparecer en los testimonios como “la casa cercana al Crema Paraíso”, en alusión a la conocida heladería que queda a pocos metros de allí. Esta casa, que figura en las denuncias de detención de disidentes desde al menos 2017, fue remodelada en noviembre de 2021 y luce hoy emblemas de la Dgcim.
En otro sector de la ciudad, en la urbanización Los Naranjos, de clase media alta y ubicado sobre las colinas del sureste de la ciudad, víctimas y vecinos identificaron tres avenidas en las que se encuentran otras de estas casas clandestinas: las avenidas Sur 1, 3 y 11. En todas se repite un patrón: están en remodelación y con vigilancia. En la Avenida 3, durante un recorrido en octubre de 2022, se observó un autobús negro estacionado en una de las calles, sin placa de matrícula y con vidrios oscuros y una bandera de Venezuela en uno de sus costados.
Dos residentes del sector Los Naranjos presentaron su queja ante la asociación de vecinos por la música a alto volumen que se escucha en algunas de estas casas en altas horas de la noche, todos los días, y la exagerada cantidad de camionetas grandes que ocupan los puestos de estacionamiento que solían ser utilizados por quienes «viven» allí.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU observó que la Dgcim incrementó desde 2018 -el año en que detuvieron a García Padilla- el uso de centros, tanto oficiales como clandestinos, para la desaparición forzada de opositores, y documentó 24 casos de tortura que tuvieron como escenario esos lugares entre 2018 y 2019.
Sin embargo, hay denuncias del uso de centros no oficiales de detención que se remontan a los primeros años de gobierno de Nicolás Maduro. Uno de los casos es el del capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Nieto Quintero, quien fue objeto de una desaparición forzada entre el 2 y el 4 de abril de 2014 y luego acusado de instigación a la rebelión.
Según una comunicación enviada ese año al gobierno venezolano por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Seguridad de la ONU, el exmilitar fue detenido en el Centro Comercial Plaza Las Américas por tres personas que se identificaron como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, conducido al comando de la GN en Maripérez y luego trasladado a diferentes lugares desconocidos.
El abogado defensor de las víctimas, que pidió reservar su nombre por razones de seguridad, señala que Nieto Quintero identificó la ubicación de uno de esos centros clandestinos en Fila de Mariches, un sector industrial y de barrios populares en el municipio Sucre, al este de Caracas. El punto estaba próximo a un comando de la Guardia Nacional. “Cuando logró salir de la oficina donde estaba encerrado, logró verificar que estaba por los alrededores de Mariches. Ahí, en ese lugar, él fue torturado salvajemente. Posteriormente fue llevado a otro sitio en La Urbina, donde permaneció por algunas horas”.
Otra denuncia se remonta al año anterior. El 15 de agosto de 2013, José Daniel Stekman, presuntamente implicado en el caso de fraude por más de 25 millardos de dólares a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi, el organismo que gestionaba el régimen de control de cambios), fue secuestrado y conducido a una casa ubicada en el sureste de Caracas, cerca de la urbanización La Tahona del distrito Baruta, en unos cerros cercanos a los de Los Naranjos. Según su relato, allí fue golpeado y amenazado de muerte mientras permanecía amordazado y esposado. Al día siguiente fue trasladado a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Stekman, al que un juzgado otorgó una orden de liberación luego de que estuviera más de siete años detenido a la espera de juicio, consignó en tribunales un extenso manuscrito donde relató con detalles su desaparición forzada y cómo fue torturado durante ese tiempo, un documento que ha sido difundido por sus familiares en redes sociales
A diferencia de casos que fueron denunciados con posterioridad, Stekman pudo ver, a través de la venda negra que le pusieron, la ruta que siguió la camioneta a la que fue obligado a abordar, una Toyota Hilux de color blanco y doble cabina, sin placas de identificación. El recorrido comenzó en la urbanización Lomas del Sol, en el municipio El Hatillo de Caracas, continuó hacia el centro comercial Galerías Los Naranjos, y se desvió a la altura de la cuarta redoma hacia una urbanización cerrada con una garita. Allí fue conducido a una quinta de dos plantas con un portón blanco, donde permaneció detenido las siguientes 24 horas.
Las torturas de las que fue objeto Stekman, según su testimonio, tenían la finalidad de que respondiera preguntas como dónde estaban los dólares, las casas, las camionetas o las empresas que su primo, el teniente coronel Francisco Navas Lugo, exgerente de importaciones de Cadivi, habría presuntamente adquirido con divisas desviadas.
El Instituto Casla es una de las organizaciones no gubernamentales que ha referido la existencia de estos centros de tortura clandestinos. En su informe de 2019 señala que estos sitios funcionan en casas o apartamentos incautados a narcotraficantes o a acusados de otros delitos, y que estos inmuebles, en manos del Estado, han sido “entregados a cuerpos policiales y colectivos para delinquir».
El documento habla de secuestros y de extorsiones que se llevan allí a cabo contra “empresarios o comerciantes que se niegan a pagar vacuna, y son llevados a estos lugares, ubicados no solo en la capital, sino en el resto del país, en donde los mantienen por días, semanas o meses, hasta que sus familiares pagan por su liberación”.
En el caso de los inmuebles utilizados como sedes de organismos de inteligencia para ejecutar torturas, el reporte señala la finca Sorocaima, del sector La Mariposa, así como una casa en el sector San Bernardino, que en su informe de 2020 identifica como la Quinta Mis Abuelos, situada en la avenida Agustín Codazzi de esa urbanización.
Otro informe elaborado por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, creada por la presidencia interina de Juan Guaidó, registra tres casos de torturas ejecutadas por funcionarios de la Dgcim en un centro clandestino ubicado en la misma finca Sorocaima de La Mariposa: “En dos casos eran militares de alto nivel jerárquico y en uno la esposa de un militar de alto nivel jerárquico”, dice el texto. A las víctimas las colgaban de un árbol, donde permanecían semidesnudas y esposadas hasta por ocho días. “En al menos un caso, el militar fue amenazado con ser incinerado y desmembrado”, describe.
Presumiblemente, en ese lugar también fue torturado mientras estuvo en desaparición forzada, entre el 21 y el 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien a la postre murió a consecuencia de politraumatismos sufridos por los golpes que recibió en ese cautiverio. En febrero de este año, el tribunal 12 de Juicio del área metropolitana de Caracas condenó a 30 años de prisión al teniente Antonio Ascanio Tarascio y al sargento Estiben Zárate, funcionarios ambos de la Dgcim, por el asesinato de Acosta Arévalo. En el expediente del juicio, reseñado en un informe de la ONG Amnistía Internacional, los acusados se refieren al lugar como “un sótano”.
El abogado penal y criminalista, y también exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, hoy en el exilio, señala que un incontable número de propiedades incautadas a narcotraficantes y otros delincuentes han sido asignadas a la Dgcim sin que fuera posible obtener información oficial sobre ellas. “Estando en la Fiscalía, hace muchos años, tratamos de solicitar que el Ministerio de Interior y Justicia rindiera cuentas de lo que hace con los bienes. Finalmente no hay forma de saber qué hace con ellos”, señala.
No se trata solo de casas y apartamentos, sino también de terrenos, vehículos, barcos y aviones. Las fechas que Mundaray considera como la de entrega de cada vez más propiedades al organismo de inteligencia militar — entre 2015 y 2016— coinciden con lo que considera un cambio en la actuación de la Dgcim y el tinte cada vez más represivo que fue adquiriendo el régimen de Nicolás Maduro. “La Dgcim rechazaba tener detenidos en sus centros, inclusive solicitaba que fiscales de Derechos Fundamentales fueran a constatar la situación de los detenidos para evitar denuncias, pero con el vuelco represivo del Estado la institucionalidad se fue deteriorando”.
La custodia y asignación de estos inmuebles es responsabilidad del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados, creado en noviembre de 2011 según el decreto 8.013 publicado en la Gaceta Oficial 39.602, como un servicio “desconcentrado, especializado, con autonomía técnica y capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaria, financiera y de disposición”, que debía regirse por la Ley Orgánica de Drogas.
En noviembre de 2013, en la Gaceta Oficial 40.297, se estableció nuevamente la creación del servicio. El decreto 591 dispuso entonces que esa instancia dependería de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y que su coordinación quedaría a cargo del viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
El 16 de febrero de 2018 se dictó una reforma de este decreto, que introduce algunos cambios: se elimina la coordinación que ejercía el viceministro de Investigación Penal de Interiores y Justicia y se le da más relevancia al papel jugado en la administración de los bienes confiscados a la Oncdoft, cuyo jefe pasa a presidir el Consejo Directivo, el órgano de mayor jerarquía dentro del servicio. “La Dgcim empezó a hacerse de muchos bienes que le pedía a la Oncdoft en administración: vehículos, naves, aeronaves, inmuebles”, dice Mundaray.
Estos cambios legales coinciden con un aumento del uso de las casas clandestinas para tortura, una tendencia que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sitúa en 2018 y Mundaray en el periodo de 2017 a 2019.
El teniente de la aviación Ronald Dugarte, un exfuncionario de la Dgcim que desertó de las filas de esa institución en febrero de 2019, ofreció en marzo ese mismo año, en un acto presentado por el Instituto Casla en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, su testimonio sobre las torturas infligidas a presos políticos en la sede de la inteligencia militar en Boleíta Norte.
En esa oportunidad también hizo referencia a las casas de tortura, que se encontraban, señaló, “dentro de unidades militares ubicadas dentro del Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, de los cuales solo tiene conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana y los colectivos”, dijo.
Mundaray asegura que varios testimonios de funcionarios de la Dgcim coinciden en señalar la asesoría de cubanos en la institucionalización de la tortura física y psicológica en el país en años recientes, así como la actuación de civiles armados, llamados colectivos, en las torturas que tuvieron como escenario estos centros clandestinos, algo que también corroboran los testimonios de las víctimas.
“Eso que se hacía empíricamente empieza hacerse ya con otro nivel, con asesoría, y cosas además terribles, no solo del punto de vista físico, por ejemplo someter a las personas al hambre y mostrarles comida para que se dobleguen, someter al aislamiento, usar luces, una cantidad de situaciones, la Dgcim no había traspasado esa línea”, señala.
La División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim ha jugado un papel relevante en estas acciones. De acuerdo con el exfiscal, es la instancia que controla estos recintos. “Decide quién se lleva”, añade. “La DAE tiene muchos recursos y esos recursos están destinados precisamente a la persecución política, ideológica, de cualquier persona que sea enemiga del poder”.
(*) Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
La publicación original de este reportaje, como parte de la serie ‘La tortura es la vecina’, no llevaba ningún tipo de crédito o atribución, en atención a consideraciones de seguridad de las autoras. Sin embargo, en fecha posterior, a petición explícita de estas, se revelaron las firmas de Claudia Smolansky y Carmen Victoria Inojosa. El nombre de una tercera autora y miembro del equipo de investigación permanece en reserva.
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