Aportes de la Sociedad Civil a la Ley de Amnistía: Críticas y Propuestas para una Justicia Efectiva

La aprobación en primera discusión del proyecto de ley de amnistía abrió una ventana de expectativa, pero también una avalancha de advertencias. Desde la ONU hasta organizaciones de derechos humanos, sindicatos y comités de víctimas coinciden en que el texto actual es limitado y requiere correcciones profundas para ser efectivo y legítimo.

La aprobación inicial del proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional activó una ronda de pronunciamientos críticos de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y colectivos de víctimas, que si bien respaldan la idea de una amnistía, advierten que el texto, tal como está redactado, puede dejar por fuera a amplios sectores perseguidos y abrir la puerta a arbitrariedades en su aplicación.

La ONG Foro Penal presentó una propuesta técnica de modificación al articulado. Planteó que el proyecto de Ley de Amnistía aprobado en primera discusión requiere cambios estructurales para ser jurídicamente efectivo y compatible con estándares constitucionales e internacionales. Aunque respalda la amnistía como herramienta para la reconciliación, la organización cuestiona el enfoque del texto actual, especialmente el uso de la figura de la “extinción de pleno derecho”, que considera insuficiente para cerrar de manera definitiva la persecución política. A su juicio, esa fórmula permite la subsistencia de efectos jurídicos residuales y deja margen a interpretaciones discrecionales por parte de jueces y fiscales.

La ONG propone sustituir ese esquema por la nulidad absoluta de todos los actos, procesos, sentencias y medidas administrativas derivados de la persecución política, bajo el principio de que el Estado nunca debió ejercer su poder punitivo en esos casos. En esa línea, rechaza cualquier narrativa de perdón o clemencia, al considerar que presupone la existencia de un delito y revictimiza a personas que actuaron en ejercicio de derechos.

Foro Penal insiste en que la amnistía debe definirse como una renuncia total del Estado a castigar, acompañada de la restitución plena de derechos políticos, civiles y laborales, la eliminación de antecedentes y una reparación integral. Además, solicita que la aplicación sea automática, inmediata y de oficio, sin depender de solicitudes discrecionales, y que se amplíe el alcance para beneficiar tanto a civiles como a militares perseguidos por razones políticas. Como punto urgente, exige que las excarcelaciones iniciadas desde diciembre de 2025 continúen sin interrupciones, incluso antes de la aprobación final de la ley.

Acceso a la Justicia

La organización Acceso a la Justicia advierte que, aunque la amnistía puede ser una buena noticia para presos políticos y perseguidos, el proyecto presenta debilidades estructurales que ponen en riesgo su efectividad real. Entre sus principales observaciones señala contradicciones conceptuales, como el uso de términos como “extremismo” y la definición de la amnistía como “clemencia soberana”, lo que presupone culpa y desnaturaliza la figura jurídica. También alerta que el texto no incorpora de forma expresa el principio penal in dubio pro reo, lo que podría perjudicar a personas imputadas en casos ambiguos.

Acceso a la Justicia subraya además la falta de capacidad operativa del sistema de justicia para aplicar la ley: el proyecto sostiene que no requiere recursos adicionales, pese a que implicaría miles de solicitudes de sobreseimiento, revisión masiva de causas y actualización de antecedentes. La organización alerta sobre el conflicto de intereses que supone dejar la ejecución en manos de tribunales y del Ministerio Público, órganos señalados por instancias internacionales como parte del engranaje represivo, y denuncia vacíos procedimentales clave, como qué ocurre si un juez niega la amnistía, si el beneficiario está en el exterior o falleció, o quién puede solicitarla en su nombre. “Sin correcciones de fondo y de procedimiento, la amnistía corre el riesgo de no cumplir su objetivo reparador”, advierte.

Provea y Clippve

En una evaluación crítica conjunta, Provea y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) advirtieron que el proyecto de ley, tal como está redactado, no promueve una verdadera reconciliación y puede afectar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Las organizaciones rechazan que la amnistía sea presentada como un acto de “clemencia” o “perdón del Estado”, al subrayar que quienes nunca debieron ser encarcelados no necesitan ser perdonados. Señalan que ese enfoque desconoce un contexto marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sistemáticas del debido proceso.

Uno de los puntos centrales de su crítica es el alcance restrictivo del proyecto, al limitar la amnistía a “delitos políticos o conexos” y a un listado cerrado de hechos. Consideran que esa fórmula es ambigua y abre la puerta a decisiones arbitrarias sobre quién entra y quién queda fuera, además de invisibilizar víctimas de períodos no incluidos explícitamente, como los años comprendidos entre 2018 y 2023.

También cuestionan la exclusión genérica de los delitos contra el patrimonio público, al advertir que ha sido utilizada para encubrir persecuciones políticas mediante imputaciones de corrupción sin sustento. Provea y Clippve exigen incorporar de forma expresa el principio in dubio pro reo, permitir que los beneficiarios invoquen directamente la amnistía ante los jueces, establecer plazos perentorios y crear una comisión nacional de verificación con participación de la sociedad civil. Alertan además que la eliminación de archivos y registros no debe impedir la investigación de violaciones de derechos humanos sufridas por los beneficiarios, pues ello afectaría el derecho a la verdad.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) no se limitó a comentar el proyecto oficial y presentó un anteproyecto completo de Ley de Amnistía, Reconciliación Nacional y Reparación Integral, basado en un enfoque de justicia transicional. Su propuesta parte de la premisa de que la persecución política en Venezuela ha sido continua y multiforme entre 1999 y 2026, por lo que la amnistía no debe definirse por listas cerradas de hechos, sino por criterios generales vinculados a la motivación política de la persecución. El texto reconoce expresamente la persecución digital —a través de redes sociales y mensajería privada— y la fabricación de delitos comunes para castigar el activismo político, sindical y social.

El anteproyecto del SNTP contempla como beneficiarios a personas privadas de libertad, excarceladas con medidas cautelares, inhabilitadas políticamente, exiliadas, refugiadas y también a civiles y militares perseguidos por razones de conciencia u opinión. Establece una aplicación automática y de oficio en plazos breves, con efectos inmediatos como la libertad plena, la extinción de acciones penales, civiles y administrativas, la eliminación de antecedentes y el levantamiento de inhabilitaciones.

Su rasgo distintivo es la reparación integral, que incluye un reconocimiento formal de responsabilidad por parte del Estado, un perdón público, reparación moral, económica y simbólica, y la creación de un Fondo Nacional de Reparación para indemnizaciones, atención en salud física y mental, y reinserción laboral y educativa. El SNTP plantea además una comisión de verificación independiente y sostiene que la amnistía no debe construirse ni sobre el olvido ni sobre la impunidad, sino como una garantía de no repetición.

Comité por los trabajadores presos

Desde el ámbito laboral y social, el Comité por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs advirtió que la redacción actual excluye injustamente a trabajadores, campesinos y denunciantes de corrupción judicializados en contextos de protesta social y laboral. Señalan que la ley deja fuera a personas procesadas con figuras penales desproporcionadas, sin evidencia de enriquecimiento ilícito.

Proponen ampliar los hechos amnistiables para incluir la criminalización de la protesta social, laboral y campesina; ajustar las exclusiones relativas a delitos contra el patrimonio público; crear un comité de evaluación y reparación con participación de ONG y universidades; y garantizar reparación integral, restitución laboral y eliminación de antecedentes.

Comité de Madres en Defensa de la Verdad

Desde la voz de las víctimas directas, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad expresó un apoyo crítico al proyecto de Ley de Amnistía, pero alertó que su enfoque actual puede generar revictimización. Las madres rechazan que la amnistía sea presentada como un acto de “clemencia soberana”, al considerar que muchas de las personas detenidas nunca cometieron delito alguno y no necesitan ser perdonadas. A su juicio, ese lenguaje sugiere una culpa inexistente y desdibuja la responsabilidad del Estado en la persecución y el daño causado.

El Comité también cuestiona el uso del término “extremismo” en la exposición de motivos y exige que se reconozca que la violencia no ha sido ejercida por un solo sector, incluyendo ataques de grupos parapoliciales contra manifestaciones pacíficas. En el plano procedimental, advierte vacíos que pueden bloquear la aplicación efectiva de la amnistía, como la ausencia de plazos perentorios, de mecanismos de apelación y de una aplicación de oficio por parte de los jueces, así como omisiones respecto a inhabilitaciones políticas, anulación de pasaportes y sanciones administrativas. Las madres exigen una comisión de verificación amplia y plural, con participación directa de familiares y organizaciones de derechos humanos, y colocan en el centro la reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no repetición. “La amnistía no puede ser clemencia: debe ser justicia, reparación y garantía de no repetición”, sostienen.

Finalmente, el colectivo Surgentes denunció que el enfoque limitado a “delitos políticos y conexos” deja fuera sanciones administrativas utilizadas como castigo político, como inhabilitaciones y anulación de pasaportes. Señaló la exclusión de trabajadores, campesinos y militares perseguidos por exigir derechos y propuso ampliar el objeto de la ley, revisar exclusiones penales y crear una comisión de verificación amplia, con participación incluso de instancias de la ONU.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU acogió el avance con cautela. Consideró que la ley puede ser una oportunidad para brindar justicia a personas detenidas por motivos políticos y valoró que el proyecto sea público, pero alertó sobre la ausencia de consultas informadas, inclusivas y seguras. También advirtió que el alcance del texto es limitado, que no garantiza por sí solo la restitución plena de derechos y que carece de mecanismos claros de implementación y supervisión independiente. La Misión exigió un proceso transparente, centrado en las víctimas, con participación de ONG de derechos humanos y la continuidad inmediata, sin interrupciones, de las liberaciones ya iniciadas por razones humanitarias.