Actores e intereses detrás de la deuda venezolana

El martes 25 de junio la agencia Reuters informó que un grupo de inversionistas que poseen bonos emitidos por Venezuela y entidades estatales acaban de contratar a una importante firma de abogados para que los represente legalmente en una futura reestructuración de la deuda. Y ojo aquí con el concepto de “futura reestructuración”.

Se trata del Comité de Acreedores de Venezuela (VCC), que tiene como algunos de sus miembros a administradoras de activos como Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC, Greylock Capital, Mangart Capital, T Rowe Price Associates, Inc and Fidelity Investments. Todos ellos comunicaron –explicó Reuters- que participarán en esa futura reestructuración con miras a resolver y obtener ganancias de una situación que se arrastra desde 2017, cuando la administración de Nicolás Maduro incumplió el pago de la deuda venezolana y –apunta la agencia- “solo el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA debían unos 60 mil millones de dólares”.

Así que el Comité de Acreedores de Venezuela –que de acuerdo con Bloomberg posee más de 10 mil millones de dólares de bonos en mora del Gobierno y de PDVSA- ve una nueva oportunidad en el horizonte y contrató a una firma internacional con sede en San Francisco, California, llamada Orrick, Herrington & Sutcliffe.

La noticia nos remite con igual fuerza al año 2017 y a una jornada ocurrida el 10 de junio pasado en el elegante Royal Automobile Club de Londres. Y a un señor llamado David Syed. Y a otra transnacional del derecho y el lobby petrolero llamada Dentons. Y a unos cuantos venezolanos que participaron en ese evento aportando con su presencia y sus palabras a un costoso intento del Gobierno de Maduro por transmitir calma y confianza a la industria petrolera mundial en un momento en el que tiene que lidiar con la cita electoral del 28 de julio que no le está resultando nada auspiciosa.

En 2017, el abogado irlandés David Syed dejó de trabajar para Orrick, Herrington & Sutcliffe y fue contratado por la filial europea de Dentons. Su misión era ocuparse de la representación legal de Venezuela justamente en el proceso de reestructuración de deuda soberana y negociar con los acreedores de Pdvsa, entre otras muy rentables funciones. Orrick, Herrington & Sutcliffe, según cuenta la historia, rechazó en 2017 la oferta de trabajar para el gobierno de Maduro y esto determinó la renuncia de Syed y su entrada a Dentons.

Syed, a pesar de su vinculación con el ahora apestado Tarek El Aissami y a pesar también de diversos señalamientos de irregularidades, sigue siendo –con Dentons Europa- el abogado de la administración Maduro para estos asuntos. Y ahora, según parece, le tocará sentarse a negociar con sus antiguos socios en esta danza de millones de dólares. Syed dirige estas operaciones desde Praga, desde donde coordina a dos abogados venezolanos que trabajan en una oficina en el Cubo Negro, un conocido edificio ubicado en el este de Caracas.

En una nota anterior, aquí en La Gran Aldea contamos parte de los intríngulis del evento que se llevó a cabo en Londres el 10 de junio y que fue convocado por un grupo de lobistas británico compuesto por exembajadores de diferentes nacionalidades y por Dentons Europa. Si bien el objetivo central de la reunión era transmitir confianza a unos cuantos grandes del negocio petrolero y gasífero, la reestructuración de la deuda fue otro aspecto clave.

Expertos consultados por La Gran Aldea explicaron que entre los “drinks” y las tazas de té, los inversionistas y los tenedores de bonos presentes fueron informados de que tras la eventual reelección de Maduro el 28 de julio, se activará un proceso de renegociación de la deuda. Ese proceso contemplaría –de acuerdo a las fuentes- un canje por nuevos títulos que emitiría Venezuela a principios de 2025, para lo que necesitarían una nueva licencia de la OFAC.

Además del permiso de Estados Unidos para emitir nuevos papeles, Maduro requiere con urgencia que haya capital internacional produciendo junto a Pdvsa, situación que significa en términos prácticos una palabra que es como una herejía en el discurso chavista: privatización.

En paralelo, y previendo otros escenarios, el Gobierno también requiere que haya sectores de la oposición alineados con la idea de la renegociación de la deuda. De modo que el lobby no sólo ocurre en suelo británico, sino también en Caracas.

Aunque las decisiones las toma Syed desde Europa, Dentons tiene una representación caraqueña encabezada por el reconocido abogado Juan Carlos Pro-Rísquez (panelista en el evento), pero no es la única firma que trabaja con Venezuela en estos temas de arbitraje internacional.

El de Alfredo De Jesús Ojeda es otro despacho que se ocupa de casos para el gobierno de Maduro. Este reconocido experto, con oficinas en Caracas y París, es una persona cercana y de confianza del procurador oficialista Reinaldo Muñoz Pedroza y se ha encargado de litigios arbitrales muy importantes.

Para citar un caso concreto, De Jesús Ojeda fue requerido en 2019 para representar al gobierno venezolano ante el reclamo de una indemnización por 8.700 millones de dólares como consecuencia de la expropiación de bienes e inversiones de ConocoPhillips en asociaciones con Pdvsa decretada por Hugo Chávez en 2007.  También este bufete de abogados fue contratado por el Estado venezolano para intervenir en litigios como el de Exxon y llevar el caso como la disputa con Fernando Frays Trapote.

En este sentido llama la atención que un exdiputado opositor, exmiembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015, forme parte del equipo de De Jesús trabajando asuntos relacionados, nada menos, que al área petrolera. Lo más delicado es que al mismo tiempo este dirigente mantiene su actividad dentro de la dirección de un importante partido político de la Unidad. De esto no se habla en la organización, porque, al parecer, su junta directiva prefiere mirar a otro lado antes que enfrentar la situación. El evento de Londres –que pudo haber pasado desapercibido para los venezolanos- ha sacado a la luz algunas verdades que continuaremos investigando.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.