A un año de la trama de corrupción Pdvsa Cripto

Muchos cabos quedaron sueltos de la trama Pdvsa Cripto y del operativo anticorrupción ejecutado en 2023. Luego de las primeras alocuciones de Tarek William Saab sobre el caso, un año después se desconocen los avances del juicio, si todos los involucrados han sido imputados y cuáles son sus lugares de reclusión. Al igual que la famosa frase del expresidente Luis Herrera Campíns, los venezolanos se preguntan «¿Dónde están los reales?» desfalcados a la Nación y cuál ha sido la suerte de los activos decomisados. Pero más importante aún, todo el país sigue inquieta por conocer, qué pasó con una de las figuras más relevantes dentro del partido de gobierno y su responsabilidad en las irregularidades que se cometieron en la petrolera estatal 

Por Brian Contreras y Ahiana Figueroa

Un día como hoy, pero en 2023, la Policía Nacional Anticorrupción acapararía los focos de todo el país al anunciar la detención de un «grupo indeterminado» de funcionarios públicos bajo el señalamiento de «graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos». Recursos del Estado de los cuales aún se desconoce si se ha recuperado, al menos, una parte. Esta operación se convertiría en la trama «Pdvsa Cripto» que cuatro meses más tarde involucraría a casi 100 personas, convirtiéndose en uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Venezuela.

Durante meses, el guiso que se gestó en el seno de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) fue el tema central de conversación para el oficialismo, que convirtió la «lucha contra la corrupción» en su bandera narrativa con actualizaciones constantes sobre esta trama y planes para resarcir el daño causado por los funcionarios denunciados. Pero desde julio pasado, las autoridades dejaron de referirse al tema.

Muchos cabos quedaron sueltos con la interrupción en las alocuciones públicas del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, y del gobernante Nicolás Maduro sobre el caso. Cuando dejaron de mencionarlo, aún había órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, no había claridad sobre el monto desfalcado y se desconocían muchos detalles sobre el proceso judicial que afrontarían los implicados, así como los detalles específicos de cómo se gestó una trama de corrupción de estas magnitudes durante al menos tres años sin que el Ejecutivo lo notara.

Es por eso que, un año después, la población venezolana sigue preguntándose «¿Dónde están los reales?», frase famosa con la que los no tan jóvenes recordarán de la campaña presidencial de Luis Herrera Campíns, que luego resultó ganador en las elecciones de 1978. En ese entonces, el abanderado del partido Copei, criticó con su slogan al anterior gobierno adeco de terminar su gestión con un alto índice de pobreza a pesar de los ingresos por la venta de crudo. Aunque en esta ocasión, Venezuela no se encuentra en uno de sus booms petroleros, se estima que entre $5.500 millones y $16.600 millones por concepto de renta petrolera jamás llegaron a las arcas del Estado por la trama de corrupción en Pdvsa.

La imprecisión sobre la cantidad de dinero viene de la mano con el esquema que se implementó para ejecutar estas operaciones. Con Pdvsa y el Banco Central de Venezuela (BCV) sancionados, la venta de petróleo en el mercado internacional encontró múltiples barreras, que empezaron a ser sorteadas con criptomonedas, una herramienta financiera difícil de rastrear e independiente al sistema bancario internacional.

A juicio de Guillermo Fernandes, fundador de una empresa que estudia cadenas de bloques llamada Blockpliance, el problema en esta etapa fue que no hubo un uso institucionalizado de las criptomonedas. En su lugar, se permitió a particulares administrar las billeteras que contenían esos fondos. Por lo tanto, perdieron el control sobre las transacciones.

«Como es muy difícil abrir cuentas institucionales de Cripto, empezaron a utilizar personas jurídicas, que abrían cuentas para transar activos del Estado a su nombre. Tras la investigación, se dieron cuenta de que, al migrar a este vehículo informal, perdieron la capacidad de saber dónde está el dinero», argumentó.

Con miles de millones de dólares en bitcoin repartidos en diversas billeteras de criptomonedas, es imposible precisar la cantidad de dinero extraviado sin identificar todas y cada una de las cuentas implicadas en la trama, una tarea difícil de ejecutar sin las herramientas y conocimientos adecuados.

De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas —a los cuales tuvo acceso Últimas Noticias en su momento—, la suma defraudada se calcula en $5.550 millones. Esta es la cifra con un carácter más cercano a lo «oficial» que ha emergido entre tanta opacidad que ha rodeado al caso, pero otros actores proponen números más elevados.

Reportajes de Armando.Info asoman un monto que oscila entre $8.406 millones y $13.338 millones, producto de deudas no cobradas que mantenían decenas de intermediarios, según documentos filtrados de Pdvsa vistos por el medio especializado en investigaciones.

Por su parte, Transparencia Venezuela hizo su propia evaluación y cálculo. Con apoyo de la consultora Ecoanalítica, se estimó una suma de $16.600 millones, resultante del cotejo entre las proyecciones de ingresos por exportaciones petroleras y la ejecución de gasto público entre 2020 y 2023.

Pero no se trata únicamente de dinero, sino también de una larga lista de activos en manos de los implicados en el caso. Algunos de estos bienes fueron decomisados por las autoridades, entre ellas la Policía Nacional contra la Corrupción, y mencionados en alocuciones públicas, sin que se presentaran detalles sobre el monto de dinero que representaban.

Desde Blockpliance, que estudia estos casos analizando la blockchain en busca de billeteras con ciertos patrones en común, Fernandes afirma que hablar de montos es complicado, puesto que es necesario tener el contexto de todas las direcciones que guardan relación con la trama. Lo que sí deja claro es que los números podrían ser incluso más importantes, ya que es probable que este esquema no se utilizara solo para operaciones de Pdvsa, sino también para colocar minerales e incluso chatarra en el mercado internacional.

«La gente siempre habla de petróleo, pero Venezuela no solo vende eso. En el mercado internacional comercializa minerales y gas. Esta fue una solución para Pdvsa, así que la lógica me dice que también habría solucionado las ventas de oro, hierro, chatarra y muchas otras cosas. Por las personas que han detenido, definitivamente hay otras industrias», opinó.

Pese a que no asoma montos, recalca que, contrario a lo que muchos creen, las transacciones sí pueden ser rastreadas y los implicados identificados.

«Se eligió este ecosistema particularmente porque las personas comúnmente piensan que son anónimas y no rastreables, pero eso no es así. No son anónimas y sí son rastreables. Lo que sucede es que son mucho más complejas que una transacción bancaria», destacó Fernandes.

Si bien es cierto que el sistema blockchain resguarda la identidad del usuario bajo un código numérico cifrado, por lo que es viable asociar una dirección con un documento de identidad, sí es plausible rastrear el servicio utilizado para hacer la transacción, así como el dispositivo utilizado para acceder al programa o aplicación con la que se hizo la operación. De esta forma, se puede ubicar al administrador de la billetera.

Al hablar de recuperación de fondos, el panorama es distinto. A diferencia del sistema bancario, que establece mecanismos para estos casos y las cuentas pueden ser congeladas o incautadas, para acceder a una billetera de criptomonedas es obligatorio contar con la llave privada (una clave de muy alto grado de seguridad), que está en control del usuario. Por lo tanto, si el propietario de la cuenta no cede voluntariamente el acceso, es imposible poner las manos en esos fondos.

«No puedes recuperar fondos si la persona que es dueña de la llave privada no toma la decisión voluntaria y consciente de enviártela», afirmó.

La única alternativa en este sentido es que se utilizara una exchange (casa de cambio de criptomonedas) y la llave de la billetera esté bajo dominio de la empresa. «Si la llave privada está en nombre de un exchange y éste quiere cumplir con la función del ente regulatorio, eso es a discreción de esa empresa; pero si el dinero lo tiene un particular, depende de él», explicó Fernandes.

Investigación por debajo de la mesa

La búsqueda del dinero sigue su cauce, pero el Ministerio Público afronta un reto tecnológico complejo, teniendo en cuenta que no dispone de las herramientas necesarias para escudriñar en la blockchain.

Entretanto, todas las acciones que han tomado las autoridades venezolanas en este caso desde agosto de 2023 han pasado por debajo de la mesa, en un cambio narrativo de 180 grados frente a la disposición inicial de informar sobre cada avance y medida tomada relativa al caso. Después de anunciar la detención de 61 personas y el enjuiciamiento de 21 culpables, la actuación ha sido sigilosa.

En lo que respecta a la industria de las criptomonedas, las decisiones tomadas han sido de bajo perfil desde el primer día. El mismo 17 de marzo que iniciaron las detenciones, se firmó el Decreto Presidencial Nº 4.788, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.739, mediante el cual se establecía una junta reestructuradora de la Sunacrip, una instancia que tendría la misión de corregir la operatividad del ente en un período de seis meses.

La actividad de la junta reestructuradora, presidida por Anabel Pereira Fernández —también superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)— ha sido un misterio desde su instalación. Sin anuncios oficiales, la orden dada por el organismo intervenido fue paralizar la industria formal de las criptomonedas, lo que involucró tanto a exchanges como a mineros.

En su período de actividad, llevó a cabo varios encuentros con actores importantes del sector de las criptomonedas, según indicaron fuentes a TalCual. Puertas adentro, la postura del ente rector tras la intervención no ha sido afín a la actividad de la industria criptográfica, lo que quedó demostrado con el pasar de los meses, pues se desarticuló progresivamente el ecosistema que se había creado para institucionalizar el uso de criptoactivos en el país.

Cumplidos los seis meses de plazo que se había otorgado a la junta reestructuradora, fue publicado el Decreto Presidencial Nº 4.865 en la Gaceta Oficial Nº 42.717, con la cual se otorgaron otros seis meses de vigencia que vence justo hoy, domingo 17 de marzo de 2024.

El siguiente gran cambio aplicado por esta instancia, nuevamente sin ofrecer mayor información, fue el cierre de PetroApp, la billetera digital oficial del petro. Esta medida, junto a la paralización de los exchanges que se utilizaban para transar con la criptomoneda estatal, pusieron un punto y final al efímero uso que tenía el petro.

En paralelo, se cambió la fachada de la Torre Sunacrip, la sede de la superintendencia, ubicada en la Esquina Veroes de la Avenida Urdaneta. Se renombró como «Torre Esequibo» en diciembre de 2023, cuando la administración de Maduro convocó un referendo para la defensa del territorio en reclamación y en disputa con Guyana.

#28Dic #Caracas @RobertLobo_ : «Lo que era la torre «Sunacrip», Av. Urdaneta, Caracas, ahora es la torre «Esequibo». No quedará rastro de lo q fue la Sunacrip y el Petro.
Así como tampoco se tiene rastro de Tarek El Aissami y los miles de millones $$ desfalcados.» pic.twitter.com/vn3wm6UyWd

— Reporte Ya (@ReporteYa) December 28, 2023

En un recorrido por la zona el sábado 9 de marzo, se pudo confirmar que en este edificio, a pesar de su nuevo nombre, aún reluce un símbolo del petro. Además, es también la sede del Servicio de Bienes Recuperados, organismo designado para administrar los bienes incautados por la trama Pdvsa Cripto.

El Servicio de Bienes Recuperados es la nueva denominación del otrora Servicio para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados (SNB). El cambio se concretó en la Gaceta Oficial Nº 42.604, con fecha de 5 de abril de 2023, apenas dos semanas después del inicio de las investigaciones.

Curiosamente, las cuentas en redes sociales del antiguo SNB mostraban actividad constante hasta el 13 de marzo de 2023, cuatro días antes de que la trama saliera a la luz. Desde entonces, las publicaciones cesaron.

Hasta la fecha, se desconoce cuántos de los activos confiscados a los involucrados en la trama Pdvsa Cripto han sido vendidos o subastados; tampoco se sabe dónde fue a parar el dinero por la venta, si es que la hubo. Luego del decomiso ejecutado por la Policía Anticorrupción, el Gobierno decidió hacer uso de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para «recuperar» los bienes conseguidos por personas naturales o jurídicas vinculadas con delitos cometidos contra el patrimonio público y otros delitos.

Se desconoce a quiénes de los funcionarios o del resto de los involucrados en irregularidades administrativas se les llegó a decomisar algún activo. Los montos de dinero en efectivo o en cuentas bancarias congeladas a los investigados tampoco han sido informados por la Fiscalía General.

Lo que establece la ley es que esos bienes sobre los que se adopten las medidas cautelares «quedarán de inmediato bajo la guarda, custodia, mantenimiento, conservación y administración del Servicio de Bienes Recuperados, creado por el Ejecutivo Nacional». Sin embargo, en abril de 2023, Maduro ordenó entregar a la Policía Nacional Bolivariana 500 vehículos de lujo del lote confiscado y hasta entonces no se supo más sobre este tema.

Una cuestionada nómina alta

Entre los involucrados de la trama de corrupción se encuentran altos funcionarios de diversos entes públicos y de la más importante de todas: Pdvsa.

Entre los detenidos destacan José Antonio Pérez Suárez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, el cual fue acusado por la Fiscalía como jefe de la red; Odoardo José Bordones y Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro; Samuel Testamarck, gerente general de Pdv Marina; José Agustín Ramos Chirinos (expresidente de Pdvsa-Puertos) y Jackelin Perico, directora de la Faja Petrolífera del Orinoco.

De funcionarios de otras entidades estatales resalta el de Joselit Ramírez, exsuperintendente de la Sunacrip; Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, ambos adscritos a la Sunacrip.

Otro detenido fue Hugbel Roa, para entonces diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El politólogo y abogado graduado en la Universidad de los Andes en el estado Táchira, fue electo como parlamentario en dos periodos de la Asamblea Nacional. En 2017 fue designado como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y en 2022 fue el encargado de la vicepresidencia territorial del PSUV en el estado Nueva Esparta.

Al momento de ser arrestado era vicepresidente de la comisión parlamentaria creada para investigar los presuntos delitos cometidos por la AN de mayoría opositora.

Otros altos funcionarios fueron detenidos en el operativo anticorrupción de 2023, de los cuales se desconocen los presuntos ilícitos detectados en su gestión ni su estatus legal: no hay información sobre si ya fueron imputados ni su sitio de reclusión. Uno de ellos es Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana junto a ocho directivos: Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación; Felipe Contreras, vicepresidente Hierro y Acero; Lino Mora, vicepresidente Ejecutivo; Tulio Medina, gerente de Finanzas; Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas; Johan Sequera, director de Despacho; Isaac Mouhamad Salazar, gerente de Asuntos Legales y Néstor Astudillo (presidente de Sidor).

En abril de 2023 fue apresado y presentado en tribunales Hugo César Cabezas Bracamontes, presidente de Cartones de Venezuela; y Leoner Azuaje Urrea, trabajador de esta empresa estatal que fue encontrado muerto en su celda el 20 de abril en un aparente caso de suicidio, de acuerdo a la información de la Fiscalía.

Para el abogado Roberto Hung, al margen «del total hermetismo y opacidad del caso», independientemente de los delitos que hayan cometido las personas involucradas en la trama de corrupción, deben contar con los debidos procedimientos legales y garantías. «De acuerdo a lo comentado por abogados defensores algunos fueron detenidos por la relación personal o laboral de los involucrados y no se sabe qué ha pasado con ellos. Además, después que se hizo un gran lanzamiento sobre el caso, no se supo más de ello».

Sostuvo que esta situación empeora la imagen de Venezuela ante el mundo, la cual ha sido considerada como uno de los principales países más rezagados en materia de derechos humanos. Hizo mención al Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (WJP) el cual señala que de 144 naciones, Venezuela quedó en el lugar 142 por lo que se considera que en el país se ha erosionado el Estado de derecho y que los sistemas de justicia están fallando.

«En el tema de la justicia penal, Venezuela se encuentra en el último lugar y en la justicia civil en el lugar 141. Es decir, que cualquiera que sea la actividad ante un tribunal en Venezuela se hace difícil el derecho a la defensa y que sus actuaciones tienen muchísimas fallas», explicó Hung.

Entre los empresarios involucrados, según la Fiscalía, destacan Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López; los hermanos Rafael y Roger Perdomo, además de su primo Vicente Perdomo; Daniel Prieto; Kristhonfer Vivas; Johana Torres; Alejandro Arroyo, expresidente del equipo Mineros de Guayana.

Igualmente, el empresario del ramo construcción Bernardo Arosio; Ximena Parada; Fernando Bermúdez, socio y directivo de Global Foods Trading; Eduardo Noriega; José Luis Fernandiz Laya; Railín Elizabeth Yépez Jaimes; Rodolfo Moleiro y Alejandro Londoño. De sus condiciones legales, nada se sabe.

Tareck El Aissami

Al develarse la trama de corrupción en Pdvsa y tras darse las primeras detenciones, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, guardó un breve silencio hasta el 20 de marzo, cuando escribió en su cuenta de redes sociales, su decisión de renunciar para dar «con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso» de investigación. Ya en enero de 2023, una decisión ejecutiva daba luces de los cambios gerenciales en la industria petrolera: el nombramiento de Pedro Rafael Tellechea como presidente de Pdvsa en sustitución de El Aissami y, acto seguido, se designaron nuevos integrantes de la junta directiva en la que se encontraban varios de los aún hoy detenidos.

En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso.

— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) March 20, 2023

Ni el Gobierno ni la Fiscalía han informado de la responsabilidad que pudo tener El Aissami en este caso. Investigaciones periodísticas dieron cuenta de la estrecha relación personal y política con el resto de los involucrados. Solo el diputado del PSUV, Jesús Faría, admitió el 4 de mayo del pasado año, que estaba siendo investigada la responsabilidad del ahora exministro en el desfalco de miles de millones de dólares en facturas petroleras.

El abogado Roberto Hung indicó que «el silencio absoluto» sobre la situación de El Aissami pasado un año de los hechos, es «preocupante por tratarse de ser un caso muy sonado», que involucró a muchos altos funcionarios, a altas sumas de dinero y porque se utilizaron novedosos mecanismos para cometer los delitos.

Desde que escribió en su cuenta X para informar que también dejaba su «militancia revolucionaria» en el partido oficialista, el exministro no ha dado señales de vida, se desconoce su paradero. Por lo que un año después, muchos también se preguntan: «¿Dónde está Tareck?».

 

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