Apenas se han producido avances del Foro de Diálogo Social en casi dos años de funcionamiento, mientras que los pocos acuerdos que se han alcanzado han sido ignorados por el Gobierno, que sigue dictando incrementos de ingreso —más no de salario— a pesar de que esta instancia propuso un mecanismo de fijación salarial
A casi dos años de su creación, el Foro de Diálogo Social celebrará apenas su cuarta sesión los días 1 y 2 de febrero, en el Hotel Eurobuilding de Caracas, donde se reunirán representantes del Gobierno, de las dos principales patronales del país y del sector sindical con el propósito de discutir, con la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una agenda repleta de deudas.
Esta instancia se creó para reinstaurar el cumplimiento de tres convenios de la OIT firmados por Venezuela que actualmente son quebrantados sistemáticamente. Se trata de los artículos 26, 87 y 144, relativos a la creación de una metodología para la fijación del salario mínimo, a la libertad sindical y al diálogo tripartito, respectivamente.
La violación de estos tres artículos quedó plasmada, con su debida argumentación, en un informe publicado por la Comisión de Encuesta de la OIT en noviembre de 2019, posterior a una visita hecha por funcionarios del organismo internacional a Venezuela.
En las tres sesiones realizadas previamente, en abril y octubre de 2022 y posteriormente en febrero de 2023, las partes lograron establecer comunicación directa y acordaron instalar mesas de trabajo para avanzar en el cumplimiento de los convenios; sin embargo, no se ha producido ningún resultado concreto que acabe por ser ejecutado por el Gobierno.
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En este sentido, la gran deuda del Foro de Diálogo Social es la ejecución, los resultados de dos años de acercamiento entre empleadores, trabajadores y Gobierno. Ya hace un año, en la última reunión celebrada, el Consejo de Administración de la OIT instaba al Gobierno a acelerar en la implementación de los compromisos alcanzados en las reuniones con empleadores y trabajadores.
«El Consejo de Administración solicita al Gobierno que acelere el cumplimiento de los compromisos adoptados en el plan de acción actualizado por el Foro de Diálogo Social en febrero de 2023, a fin de seguir logrando resultados concretos sin demoras», cita el informe sobre la evolución del Foro de Diálogo Social presentado ante la OIT el 16 de marzo de 2023.
Desde ese momento, los avances en las áreas fundamentales discutidas por las partes no solo parecen no haberse producido, sino que en muchos casos han empeorado en el transcurso del último año, con acciones tomadas por el Ejecutivo que distan de los compromisos acordados en las conversaciones.
El convenio 26 contempla un método para fijar el salario mínimo, un elemento quebrantado por el Gobierno, ya que en Venezuela el Poder Ejecutivo es el único ente con la potestad de decretar incrementos salariales y desde hace años lo hace discrecionalmente, sin reparo en lo que dicte la Constitución o la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
La Constitución establece, en su artículo 91, que todo trabajador tiene derecho a un «salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales». Para cumplir con este cometido, la ley indica que debe ajustarse cada año tomando como referencia el costo de la canasta básica.
El último ajuste salarial aprobado por el Gobierno se produjo en marzo de 2022 y el salario de Bs 130 fijado en aquel momento equivalía a apenas $30, mucho menos que el costo de cualquier canasta básica o alimentaria estudiada en el país. Además, están por cumplirse dos años sin ajustar este monto, con lo que también se quebrantaría la norma de actualizar anualmente el salario.
Ante la inexistencia de un mecanismo que permita determinar el monto adecuado para el salario mínimo, se instaló una mesa técnica en el Foro de Diálogo Social para crear este método. La propuesta se terminó de afinar el año pasado y se envió al Ministerio de Trabajo, pero en lugar de implementarla, el Ejecutivo acabó por decretar un incremento del ingreso —más no del salario— a través de bonos, con un mecanismo aún más discrecional que antes.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció, en un resumen de los avances del foro enviado a la OIT, que el Gobierno desconoció tanto la Lottt como los avances de las conversaciones tripartitas al momento de aprobar ese ajuste de bonos, además de resaltar que la entrega de bonos como política salarial puede complicar la creación del método de fijación.
«La medida del Gobierno desconoce completamente, por segundo año, la obligación legal de aumentar una vez al año el salario mínimo y las conversaciones tripartitas destinadas a dar un carácter técnico a la fijación del mismo. Los montos actuales del ingreso, del cestaticket socialista y la multiplicidad y variedad de bonos existentes, probablemente complicarán la fijación de un nuevo salario mínimo», argumentan los sindicalistas en el documento.
Meses después de esta advertencia y dos semanas antes de instalar la cuarta sesión del foro, el Ejecutivo decidió una vez más ordenar un incremento de bonificaciones. En esta ocasión, celebró la aplicación de una nueva fórmula denominada «ingreso mínimo integral», omitiendo el término «salario» y afectando decenas de beneficios laborales que se determinan en función del salario mínimo.
Teniendo en cuenta este contexto y a falta de información oficial sobre la agenda del foro, es seguro suponer que uno de los temas centrales de estas reuniones será el método de fijación y las barreras que supone este «ingreso mínimo integral».
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El convenio 87 es el segundo en discusión —pese a ser el que menos avances presenta—. Busca proteger la actividad sindical al velar porque «las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal», además de defender el derecho de los sindicalistas de elegir a sus representantes libremente.
Este convenio se quebranta en Venezuela tanto por la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales, como también por la suspensión indefinida de los procesos electorales para renovar las juntas directivas de los sindicatos, que acumulan casi una década de mora electoral.
En la última reunión del foro, el informe presentado ante el Consejo de Administración de la OIT destaca que «aún existen cuestiones pendientes que dificultan el ejercicio de la libertad sindical», y se sugirió darle seguimiento a casos puntuales de sindicalistas.
Desde la publicación del informe de la Comisión de Encuesta denunciando las detenciones arbitrarias y procesos judiciales viciados contra sindicalistas, el Gobierno mantuvo su política sin miramientos, incluso en el contexto del Foro de Diálogo Social. Algunos de los casos más resaltantes de los últimos tres años son los siguientes:
La detención del director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela, Eudis Girot, el 18 de noviembre de 2020. Fue excarcelado el 25 de abril de 2022, días antes de la visita de la OIT para el primer Foro de Diálogo Social.
La sentencia a 15 años de prisión contra el obrero de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, luego de permanecer 10 años encerrado sin una condena. Fue excarcelado en abril de 2022 tras 11 años de prisión, también días antes de la visita de la OIT.
El arresto de Douglas González, representante de trabajadores de CVG Venalum, el 2 de agosto de 2022. Se le otorgó una medida sustitutiva de libertad el 7 de diciembre de 2022.
Las detenciones de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo entre los días 4 y 7 de julio de 2022. Estos seis dirigentes sindicales protestaron contra la violación de las convenciones colectivas de los trabajadores de la administración pública. El 26 de septiembre fueron acusados formalmente de los siguientes delitos: asaltar un alistamiento militar en Mérida con 120 fusiles, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro. Fueron excarcelados en diciembre de 2023 con régimen de presentación y prohibición de abandonar el país, en un contexto de negociaciones entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro que concluyó en el intercambio de prisioneros estadounidenses en Venezuela a cambio del empresario colombiano Alex Saab.
La detención del docente Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) de Barinas, junto a su hermano, José Gregorio Venegas, el 17 de enero de 2024. Los arrestos se produjeron en medio de protestas del gremio de maestros por exigir mejores salarios y el respeto a sus derechos laborales. Fueron acusados de participar en una conspiración para asesinar a funcionarios de la cúpula del chavismo.
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La CTV advierte que este es el punto en el que menos han avanzado en el Foro de Diálogo Social, pues la necesidad es de «iniciar discusiones», ya que hasta el momento solo ha habido encuentros para fijar una posible agenda a seguir.
Los representantes del Gobierno encargados de participar en el diálogo han solicitado a las organizaciones sindicales una lista de sindicalistas presos, la cual fue otorgada, pero en lugar de mejorar la situación, ha empeorado la persecución. «Las violaciones persisten y se agravan», recalcan.
El convenio 144 guarda relación con la consulta tripartita y exhorta a la implementación de procedimientos que aseguren consultas efectivas entre las tres partes involucradas en el ámbito laboral: Gobierno, empleadores y trabajadores. La finalidad es discutir temas como, precisamente, el incumplimiento de los convenios y recomendaciones de la OIT.
El informe presentado en el Consejo de Administración de la OIT indicaba que los avances en esta materia en la última reunión del foro se resumían en un programa de formación aplicado al sector gubernamental, a través de talleres dictados por funcionarios de la OIT.
#Hoy | Contando con el acompañamiento técnico de la #OIT continuamos un proceso de consulta entre las distintas partes que garanticen un progreso tangible para Venezuela y el sector trabajo, sobre la base de #DialogoYDiplomacia por el bienestar de Venezuela. pic.twitter.com/5osIXNK7co
— Francisco Torrealba (@torrealbaf) January 25, 2024
Los sindicalistas piden que la comunicación por parte del Gobierno sea más expedita, bajo el argumento de que el Ministerio de Trabajo comparte sus proyectos provisionales con tiempo, suficientes para que las otras partes formulen sus comentarios, pero los proyectos finales son enviados a última hora y no suelen tomar en cuenta las apreciaciones de los trabajadores.
«Es necesario afinar el calendario y completar el procedimiento para futuros ejercicios, no solo porque el envío fue tardío y hubo poco tiempo para preparar y formular nuestros comentarios, sino que también es necesario generar un mecanismo que haga efectiva la consulta», opinan los sindicalistas de la CTV.
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De igual manera, las organizaciones sindicales exigen acceso a estadísticas y datos oficiales, algunos ausentes desde hace una década, para tener herramientas suficientes para evaluar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en diversos convenios internacionales.
«Para efectuar comentarios sobre temas relacionados con indicadores o datos socioeconómicos no publicados, requerimos tener acceso a la información oficial sobre estos indicadores o datos», detalla el documento.
Con este panorama llega el Foro de Diálogo Social tras un año de ausencia de reuniones, en el que han acontecido decenas de sucesos en el campo laboral.
Las incesantes protestas del magisterio, la huelga de hambre de los pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) las detenciones de sindicalistas, los ajustes de bonos y la contracción de la economía son todos elementos que tendrán peso en las conversaciones del próximo encuentro, en el cual participarán:
Fedecámaras
Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST-CCP)
Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas (Fedeindustria)
Central de Trabajadores de Alianza Sindical Independiente (Ctasi)
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
Confederación General del Trabajo (CGT)
Ministerio del Trabajo
En la antesala a esta reunión, el expresidente de Fedecámaras y actual miembro del Consejo de la Administración de la OIT, Jorge Roig, dijo en una entrevista para Circuito Éxitos que ve «una especie de intención del Gobierno» en avanzar con estas conversaciones y asomó que el Ministerio del Trabajo instaló un consejo consultivo para discutir la metodología del salario mínimo.
Pero tras cuatro años al margen de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el cumplimiento de acuerdos por parte del Estado es un pendiente que parece cada vez más lejano.
De hecho, el viernes 26 de enero un grupo de trabajadores protestó por la ausencia de avances en las conversaciones mediadas por la OIT, afirmando que el organismo internacional fue engañado.
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