4F de 1992: del sobreseimiento de militares sublevados a las inhabilitaciones políticas

Hace 32 años un grupo de militares encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías intentó derrocar -sin éxito- al presidente Carlos Andrés Pérez. La causa de los militares involucrados en el golpe de Estado de 1992 fue sobreseída, una medida política que les permitió incursionar en la actividad política partidista rápidamente

La intentona golpista del 4 de febrero de 1992 marcó un cambio radical y dejó en vilo la democracia venezolana. Los militares sublevados -beneficiados con el sobreseimiento de sus causas- y su entorno cercano han gobernado el país desde 1999 con el firme propósito de eliminar todo vestigio de la llamada cuarta república y garantizar su permanencia en el poder.

32 años han transcurrido desde aquella madrugada en la que un grupo de militares encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, electo en 1988 con 3.879.024 votos.

El 4 de febrero de 1992, Pérez regresaba del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, cuando fue sorprendido por el grupo insurgente, liderado por los comandantes Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos, Francisco Arias Cárdenas, Miguel Ortiz Contreras (+) y Hugo Rafael Chávez Frías (+).

Salvo Caracas, las guarniciones militares de Aragua, Carabobo, Miranda y Zulia fueron tomadas por los insurgentes, un movimiento que contó con el apoyo de unos 2.000 soldados.

Las fuerzas leales al gobierno de Pérez lograron retomar el control y los venezolanos pudieron ver en la pantalla de televisión a Hugo Chávez aceptando su fracaso, asumiendo la responsabilidad de la asonada y llamando a sus compañeros a deponer las armas.

«Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados… En Caracas no logramos controlar el poder».

Los involucrados en el golpe de Estado fueron detenidos y progresivamente recibieron medidas de excarcelación.

Tras dos años en la cárcel, en 1994 le correspondió el turno a Hugo Chávez. El presidente Rafael Caldera aprobó el sobreseimiento de su causa y quedó en libertad. A partir de ese momento, la arena política fue su escenario.

La intentona golpista y el sobreseimiento de sus líderes son -en opinión de analistas políticos- el comienzo de la crisis política del país. El 4 de febrero resquebrajó la institucionalidad en el país y abrió las puertas al liderazgo militar y a la llamada revolución bolivariana. Las consecuencias de estos hechos siguen presentes.

El historiador Pedro Benítez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, recuerda que en torno a los militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 se creó una atmósfera de “magia” y “heroísmo”.

«A estos militares se les pintó como unos jóvenes oficiales que habían arriesgado su carrera para poner fin al estado de cosas -aparentemente insoportables- que vivía el país y para acabar con la corrupción. Ese era el mensaje», dijo en entrevista con TalCual.

Sobre el momento histórico, Benítez destaca la reivindicación de la acción militar por parte de sectores políticos e intelectuales de la época; la altísima popularidad de Chávez; y la campaña realizada desde varios medios de comunicación en favor del movimiento insurgente.

«… eso se convirtió en un tema de la campaña electoral presidencial de 1993. Casi todos los candidatos presidenciales importantes ofrecieron dictar medidas para el sobreseimiento de esos oficiales. Uno de ellos fue el presidente Caldera, la gente votó por eso y Caldera cumplió».

Para el historiador, el sobreseimiento de los militares insurrectos fue una decisión nefasta que validó la violencia a través de un mecanismo legítimo en una democracia. En su momento, dice, voces aisladas advirtieron sobre los riesgos de la medida, pero quedaron “tapadas por la histeria colectiva que se creó en esos días”.

En una mirada retrospectiva, 32 años más tarde, Benítez considera «que han quedado más que justificados todos los temores y los miedos que había detrás del intento de golpe de Estado de 1992».

El sobreseimiento de los militares sublevados también es cuestionado con contundencia por Omar Noria, profesor de filosofía política de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. En su opinión, la medida «abrió las posibilidades para que estas personas que atentaron contra la república y la democracia pudieran tener participación política…(Caldera) escogió el mal menor«, dice a TalCual.

El exparlamentario Juan José Caldera le sale al paso a quienes señalan a su padre como el responsable de que el chavismo haya llegado al poder. En el 2007 escribió un artículo en el que explica lo que ocurrió, las peticiones de una ley de amnistía y cómo se fueron otorgando los sobreseimientos, inclusive durante el gobierno de Pérez.

“El Presidente Caldera puso en libertad a Hugo Chávez como a otros de sus compañeros de rebelión, por los motivos y en las circunstancias que se han recordado aquí. Pero no fue el artífice de su elección, ni votó por él. Chávez no está en el gobierno por su causa”, concluye Caldera en su escrito.

Al respecto, el profesor Pedro Benítez rememora que cuando Chávez salió de la cárcel en marzo de 1994, vestido de liquiliqui -traje tradicional venezolano- desapareció la “magia “que se había creado y todos los números de popularidad se vinieron abajo. Durante varios años, Chávez fue una figura marginal de la política venezolana. En 1998 vuelve a surgir nuevamente».

Búsqueda de la paz

En su segundo gobierno (1994-1999), Caldera buscó reeditar la política de pacificación que implementó en su primera gestión como una manera de garantizar la estabilidad política y social.

“El país estaba convulsionado y asomaba ‘la punta del iceberg’ de la crisis financiera y bancaria que, aunada a las turbulencias políticas del 92-93 y los trastornos sociales que comenzaron a manifestarse crudamente en 1989, presagiaban una posible quiebra del régimen de libertades. Se imponía la necesidad de una segunda pacificación que debía comenzar necesariamente por el epicentro de los conflictos: las Fuerzas Armadas», explica Juan José Caldera.

*Lea también: 4 de febrero: el inicio del desastre económico en Venezuela

El profesor Noria, quien fue director del posgrado de ciencias políticas de la USB, desestima que el sobreseimiento de los militares haya sido una decisión tomada en aras de auspiciar una convivencia pacífica. «Esto es una manera de versionar la historia a veces a favor del personaje, en este caso Caldera…Fue una decisión desde el punto de vista político e histórico».

Benítez, por su parte, señala que la política de pacificación fue bien evaluada por la sociedad en general, aunque tuvo sus detractores. En su opinión, representó un arma de doble filo. «Es decir, te alzas contra un gobierno democrático, usas medios violentos, y después te perdonan lo que hiciste…la paz se compra a cambio de impunidad».

Decisiones políticas

La causa de los militares involucrados en el golpe de Estado de 1992 fue sobreseída, una medida política que les permitió incursionar en la actividad política partidista rápidamente.

En 1998 Hugo Chávez se midió en las urnas y resultó elegido presidente de Venezuela con 3.673.685 votos.  A partir de ese momento, participó y ganó las elecciones presidenciales que se realizaron en 2000 (megaelecciones), 2006 y 2012. Gobernó hasta el día de su muerte, en marzo de 2013.

Desde aquel 4 de febrero y tras la toma del poder por la vía democrática, el chavismo inició cambios radicales y ha ido endureciendo su política.

32 años más tarde y en un contexto de crispación política, el oficialismo viola los acuerdos establecidos con la oposición, aleja la posibilidad de medidas políticas para atender la crisis y apela a la vía judicial para resolver problemas políticos y frenar aspiraciones como la de María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición, elegida en un proceso primario, el pasado 22 de octubre de 2023, con 2.253.825 votos.

Omar Noria asegura que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia al confirmar la inhabilitación de Machado es “una medida que parece basada en hechos jurídicos, pero jurídicamente es un exabrupto. Es el asalto de la canalla que insurgió contra la república el 4 de febrero del 92. Es un continuo, un flujo indetenible de arbitrariedades».

En su opinión, desde el momento que se intentó derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez la institucionalidad fue violentada y se ha venido desinstitucionalizando el país. “Quienes amenazan con dar un golpe de Estado no se van a convertir en unos demócratas”, comenta.

Al respecto, Pedro Benítez añade que las circunstancias son distintas y las respuestas son diferentes “porque este es un régimen autoritario que no cree que deba someterse al escrutinio de la opinión pública, ni de los ciudadanos, ni a la voluntad de la mayoría; a diferencia de la imperfecta democracia que imperaba en nuestro país hace 32 años”.

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