En una decisión que ha causado revuelo, el Tribunal Supremo ha permitido a la administración Trump poner fin a las protecciones legales para 350,000 venezolanos, tal como señala el informe original. Esta medida despoja a miles de su derecho a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, abriendo la puerta a posibles deportaciones inmediatamentes. El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) del cual dependían estos migrantes estaba diseñado para proteger a aquellos que provienen de países en crisis.
Entre las voces en desacuerdo, la jueza Ketanji Brown Jackson disintió de la decisión del Tribunal. Según Ahilan Arulanantham, abogado principal de los migrantes, este fallo representa «la mayor acción única despojando a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio en la historia moderna de EE. UU.» Sin embargo, el Tribunal indicó que algunos venezolanos aún podrían explorar otras vías legales para mantener sus derechos, aunque estas opciones probablemente se aplicarian a un grupo reducido de personas.
Como parte de las decisiones más recientes, el Tribunal Supremo también extendió una orden que impide a la administración usar una ley de tiempos de guerra para enviar a unos 176 presuntos miembros de pandillas venezolanas a una prisión en El Salvador. Esta medida busca garantizar que los individuos tengan una oportunidad justa de disputar sus deportaciones.
La última decisión judicial permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cancelar una extensión del TPS que la administración Biden había implementado justo antes de dejar el cargo. Esta medida afectará a más de la mitad de los 600,000 venezolanos que actualmente dependen de este programa. Según el juez de distrito de EE. UU. Edward Chen, los venezolanos que demandaron al DHS probablemente obtendrían exito en su reclamo de que el departamento no siguió los procedimientos adecuados para concluir el estatus de TPS.
El caso, que lleva el nombre de Noem v. National TPS Alliance, 24A1059, seguirá en los tribunales, ya que el juez Chen ha ordenado a las partes presentar un informe de estado antes del 26 de mayo, con una audiencia programada para el 29 de mayo. Mientras tanto, se observa con atención cómo podrían desarrollarse nuevas estrategias legales para proteger los derechos de estos migrantes. La designación de Venezuela por el Departamento de Estado como «Nivel 4: No viajar» añade una capa de complejidad a la situación, subrayando el riesgo de deportación a un país que muchos consideran peligoso.
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