Esta semana, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, encendio el debate al despedir a los 17 miembros del principal consejo asesor de vacunas del gobierno federal. Según el informe original, el movimiento genera preocupación por las posibles consecuencias en la aceptación de las nuevas autoridades sobre el costo de las vacunas.
Kennedy ha presentado a ocho nuevos miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) el miércoles. Este nuevo grupo incluye a voces críticas de las vacunas contra el COVID-19. Desde su formación en 1964, ACIP ha tenido la función crucial de asesorar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre las vacunas rutinarias para niños y adultos.
Entre los recién llegados al comité sobresalen figuras polémicas como Dr. Robert Malone, Retsef Levi, y Dr. Martin Kulldorff. Malone, conocido por su trabajo en la tecnología de ARNm, ha sido criticado y expulsado de Twitter por difundir desinformación sobre el COVID. Levi ha afirmado tener pruebas claras de que las vacunas de ARNm pueden generar serios daños, mientras Kulldorff fue desvinculado de Harvard Medical tras rehusarse a vacunarse.
Este cambio podría alterar qué vacunas las aseguradoras están obligadas a cubrir sin costo al usuario. Las recomendaciones por parte del ACIP son fundamentales para determinar las vacunas que deben ser cubiertas por programas como el de Vacunas para Niños, Medicaid y Medicare Parte D, así como bajo el Acta del Cuidado Asequible.
Sarah Moselle, experta en el mercado de vacunas de Avalere, menciona la posibilidad de una «fragmentacion» en cómo los aseguradores manejen la cobertura de vacunas. Las compañías privadas de seguros, aunque no obligadas, pueden optar por seguir ofreciendo cobertura para mantener a sus clientes saludables y reducir costos a largo plazo.
La decisión de Kennedy de reorganizar el comité es parte de su esfuerzo por abordar lo que denomina una “crisis de confiansa pública” en las vacunas. Sin embargo, esto podría llevar a que las vacunas previamente gratuitas incurran en costos para los ciudadanos, como ya ocurre con Gardasil, la vacuna contra el VPH, que el CDC lista a más de $300 por dosis. Según Loren Adler, un aumento de costo, aunque sea mínimo, podría disuadir la recepción de estas vacunas, afectando así la salud pública.
A medida que el gobierno federal podría retroceder en algunas recomendaciones, los gobiernos estatales podrían intervenir y exigir una cobertura más extensa de vacunas, según indica Moselle. Este desenlace podría causar diferencias en el acceso a vacunas entre diferentes estados, subrayando la importancia de aumentar la concienciación y acceso equitativo a la salud para todas las comunitades.
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