El penalista Alejandro Carranza da explicaciones mientras la exrepresentante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión, se enfrenta a la justicia
Levantada hace 3 siglos, esta histórica casona pasó por próceres, empresarios y pleitos judiciales antes de consolidarse como referente en la cría del caballo criollo.
Era inusual que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sesionara cuando ya estaba clausurado el periodo legislativo de 2025. Pero lo hizo el día 17 de diciembre, muy a primera hora, para tomar una decisión que sería el anticipo de una tempestad política.
Esa mañana, en vísperas de la Navidad, fueron archivados, de manera sumaria, 17 procesos que cursaban contra el presidente Gustavo Petro. En su mayoría, eran causas menores, como la iniciada cuando un ciudadano de Medellín se acercó para denunciar que Petro le debía un dinero que él le prestó como parte de su financiación de campaña.
Lejos de generar alivio en la Casa de Nariño, lo determinado encendió alarmas. La presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, estaba haciendo llegar mensajes a la sede del gobierno en los que aseguraba que tenía la capacidad de definir el rumbo de las investigaciones con criterio de conveniencia.
Según relató ante la Corte Suprema de Justicia el abogado Alejandro Carranza, defensor presidencial, las sospechas se confirmaron a mediados de 2026 cuando Arizabaleta lo invitó a cuatro reuniones para hacerlo emisario de un mensaje al presidente y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el que proponía negociar el proceso seguido al mandatario por violación a los topes de campaña.
“Esa es una extorsión inaceptable”, le habría respondido Petro. “Esa señora (Arizabaleta) se quiere robar unos millones de la administración”, habría sido la advertencia de Ávila.
El penalista admitió, según lo revela el contenido de conversaciones cruzadas con ella, que acompañó a la entonces congresista a una visita a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nohora Mondragón. Dijo, sin embargo, que Gloria Arizabaleta no le permitió entrar a la reunión porque él le venía advirtiendo que los acuerdos y arreglos torticeros que venía proponiendo podrían constituir un delito. “Gordo, es mejor que te salgas porque nunca estas de acuerdo conmigo”, le habría dicho ella con el tono familiar y confianzudo con el que solía hablarle.
Al abogado presidencial no le resultó difícil saber que la entonces representante a la Cámara le entregó al menos una hoja de vida a la directora del Dapre para presionar un nombramiento en la alta dirección de la Fiduprevisora. Como su petición no fue acogida, entonces dio un segundo paso más arriesgado: filtró el borrador de un auto con el que ella pretendía suspender a Petro en su ejercicio presidencial, a través de un procedimiento desquiciado constitucional y legalmente.
“Ella ya me había insinuado que podría hacer eso y yo la previne sobre el desafuero que eso podría significar”, le contó Carranza a Las2Orillas.
¿Pero por qué un abogado experimentado como él aceptó reunirse con la investigadora del presidente y le propuso que él podría redactarle un auto para compulsar copias ante la justicia penal contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, por aparentes declaraciones sobre el caso Odebrecht y a Ruta del Sol? ¿No estaba incurriendo también él en un delito?
De acuerdo con la versión del defensor presidencial, lo hizo como parte de su estrategia para “probar” a Arizabaleta y averiguar hasta dónde era capaz de llegar. Según él, ya había hecho algo similar en el caso de un proceso contra directivos de un hospital popular en Bogotá que terminó preso al comprobarse que su novia litigaba y él fallaba según sus intereses.
Desde enero de 2026, el litigante ha insistido en distintos escenarios en que la justicia debe revisar las actuaciones de Martínez Neira en el caso en la firma de un contrato de estabilidad jurídica de la millonaria obra de infraestructura vial conectada a la trama de corrupción en Odebrecht. Incluso el 27 de ese mes envió derechos de petición a la Sala de Instrucción, a la Comisión de Acusación y a la Comisión de Disciplina Judicial sobre posibles actuaciones judicial contra el exfiscal.
Para Martínez Neira, el contenido de los chats cruzados entre Carranza y Gloria Arizabaleta revelan que ha habido un intento de “entrampamiento” en contra suya, que debe ser juzgados penalmente.
Por lo pronto, la excongresista irá en septiembre próximo a indagatoria ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema como presunta responsable de delitos que podrían ir más allá de un prevaricato e incluir además tráfico de influencia y revelación de secreto sumarial.
El abogado no tiene apremios penales. Sin embargo, el diario El Tiempo publicó un artículo sobre sus contratos y los de su esposa con entidades oficiales como la Aerocivil y la Agencia Nacional de Infraestructura, con lo que sugirió que la defensa que Carranza le ha hecho a Petro ha sido pagada con cargo a los presupuestos públicos. Carranza lo niega y asegura que los contratos no guardan relación alguna con sus actuaciones ante la Comisión de Acusación y que puede demostrar que su trabajo como asesor jurídico de la ANI a servido probadamente para defender el interés público en casos como el de la Ruta del Sol.
Como ya es usual entre personajes públicos, la ahora expresidenta la Comisión de Acusación y excongresista produjo un video en el que anuncia que atenderá los llamados de la justicia con plena disposición a colaborar eficazmente.
A tono con su anuncio, le dio poder para representarla al abogado Luis Gustavo Moreno, que se ha hecho experto en proponer esquemas de colaboración a cambio de beneficios judiciales.
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