Activistas, miembros de la sociedad civil y organizaciones defensoras de Derechos Humanos protestaron hoy frente a la Embajada de España en Caracas para solicitar al gobierno de ese país que pida la liberación de Rocío San Miguel.
Desde hace dos semanas las consignas “¿Dónde está Rocío?” o “liberen a Rocío” han inundado las redes sociales y las protestas pacíficas en este país sudamericano y fuera de él.
Rocío Del Carmen San Miguel Sosa es una abogada y activista venezolana con nacionalidad española que fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, cerca de Caracas.
Ha dedicado su carrera al análisis independiente de la situación política y militar en Venezuela y es presidenta de la ONG Control Ciudadano, organización que lleva casi dos décadas monitoreando el actuar de la Fuerza Armada Venezolana.
Esta activista también hace monitoreos sobre el cumplimento de los compromisos que hizo el Estado venezolano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma.
Una mujer sostiene un cartel que pide la liberación de la activista Rocío San Miguel. | Foto: EFE/ Miguel Gutierrez Credit: EFE
Tarek William Saab, fiscal general del régimen venezolano, declaró el lunes 12 de febrero que San Miguel, de 57 años, había sido acusada de traición, conspiración y terrorismo.
Los cargos se presentaron un día después de que se la acusara de estar involucrada en un supuesto “complot de conspiración e intento de asesinato” de Maduro y “otros altos funcionarios”.
Dicho complot fue denominado por funcionarios de Maduro como “Brazalete Blanco”.
Desde su detención Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, y el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la OEA han pedido la liberación de la activista.
Justo por pedir justicia en este caso, el régimen venezolano decidió desalojar del país a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU que investigaba violaciones de DDHH en este territorio desde 2019.
Durante la detención de San Miguel, cinco de sus familiares fueron reportados como desaparecidos, incluyendo a su hija Miranda Díaz San Miguel y su exesposo Víctor Díaz.
Saab dijo que San Miguel debería ser retenida en espera de juicio, y que uno de sus familiares había sido acusado de revelar secretos de estado. Sus familiares tendrían que presentarse “periódicamente ante el tribunal”, dijo Saab en un comunicado el martes 13.
Pero los familiares dicen que los cargos son infundados y que ni ellos ni sus abogados han podido contactar a los detenidos desde que se reportó su desaparición.
Cuatro días después de su detención el fiscal anunció que la activista estaba detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Helicoide, Caracas.
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Esta es una traducción de El Tiempo Latino. Puedes leer el artículo completo en Factcheck.org.…