Proceso de Revocatoria del Alcalde Pabel Muñoz en Quito: Ciudadanía Busca un Millón de Firmas

La iniciativa ciudadana, liderada por Néstor Marroquín, denuncia la falta de legitimidad en la elección de la autoridad de la capital, la ineficiencia en su gestión y una violación expresa de la ley por incurrir en proselitismo político, sanción que ya fue ejecutoriada.

Marroquín, entrevistado por La Fuente, sostiene que la ciudadanía quiteña está cansada de autoridades electas con apenas una fracción del voto popular y que, al tomar el poder, no solo incumplen sus planes de gobierno, sino que actúan al margen de la Constitución. «El alcalde Pabel Muñoz ganó con menos del 25% del voto. La ciudad no lo eligió con fuerza. No hay legitimidad, y peor aún, no hay gestión», aseguró.

Proceso en marcha busca un millón de firmas

La entrega de formularios para la recolección de firmas fue autorizada después de siete meses de gestiones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). A partir de esa autorización, se cuenta con 180 días para alcanzar el mínimo legal: el 10% del padrón electoral del Distrito Metropolitano de Quito, es decir unas 200 mil firmas. Sin embargo, Marroquín tiene una meta ambiciosa: «Nuestro objetivo es reunir un millón de firmas para dejar claro que esta acción tiene apoyo masivo».

Los brigadistas encargados de la recolección han sido capacitados rigurosamente para verificar la identidad y firma de cada ciudadano que respalde la petición. La formalidad es esencial, explica Marroquín, porque cualquier error técnico puede invalidar las adhesiones.

Tras causales y sanción

Según la Ley de Participación Ciudadana, existen tres causales para iniciar una revocatoria: el incumplimiento del plan de trabajo, la obstrucción de los mecanismos de participación ciudadana y el incumplimiento de funciones. La iniciativa liderada por Marroquín se fundamenta principalmente en esta última.

El argumento clave es que Muñoz incurrió en una actividad prohibida: proselitismo político durante la campaña electoral, conducta por la que fue sancionado oficialmente. “Se configuró el incumplimiento de funciones, ya que el artículo 90 del COTAD no contempla dentro de las atribuciones del alcalde hacer campaña política. Fue sancionado, sí, pero esa sanción confirma la violación legal”, indicó el promotor.

Más allá de lo político

Aclarando que no representa a ningún partido político ni cuenta con respaldo económico externo, Marroquín enfatiza que su acción nace del deber ciudadano. «Esto es una obligación moral. El artículo 83 de la Constitución nos obliga a respetar y hacer respetar la ley. Y si una autoridad la pisotea, debe irse».

Además, señala que la sola existencia del proceso ha tenido efectos preventivos en otras autoridades locales: «Desde que presentamos la petición, alcaldes y prefectos se han abstenido de hacer campaña. El mensaje es claro: la ciudadanía está mirando».

¿Qué pasa si la revocatoria tiene éxito?

Si se logran las firmas y el proceso avanza, se convocaría a una consulta popular en la que los quiteños decidirán si Muñoz continúa en el cargo o no. De ser revocado, la normativa prevé una nueva elección para designar a quien complete el período.

Mientras tanto, Néstor Marroquín invita a los quiteños a ejercer su derecho democratico. “Así como podemos elegir autoridades, también podemos retirarlas cuando no cumplen. Es hora de que el poder vuelva al pueblo”.

¿Qué dice el alcalde Muñoz?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha calificado como “una barbaridad jurídica” la intención de su revocatoria. Explica que, a su criterio, no se han presentado pruebas del incumplimiento de funciones y que basan su pedido en una sanción por infracción electoral, que ya fue juzgada y sancionada.

Efectivamente, Muñoz fue sancionado y debió pagar incluso una multa por haber hecho campaña electoral por la candidata Luisa González, lo cual está prohibido por la ley para autoridades en funciones.

Según ihn dijo, esto “huele a persecución”. La reacción se presentó en un video dirigido a los ciudadanos, en el que también hizo un inventario de algunas obras y aseguró que el Gobierno les adeuda $ 120 millones.