(EFE).- Un grupo de madres de jóvenes presos políticos en Venezuela pidió este miércoles una Navidad sin «detenidos injustamente», para lo que entregó un documento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que solicita una audiencia con su presidenta, la chavista Caryslia Rodríguez, sobre la revisión de los casos de sus hijos.
Según una nota de prensa, se trata de la quinta comunicacion que el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, agrupado por familiares de detenidos en el contexto de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, entrega al Supremo, tras no recibir respesta a las presentadas los días 19 y 26 de febrero pasado, además del 18 de marzo y el 5 de agosto.
El grupo espera ser recibido por Rodríguez y también por la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Elsa Gómez, para «conocer la situacion del proceso de revisión de los casos planteado por el Ministerio Público» (MP, Fiscalía), que el pasado julio indicó que se había «solicitado más de doscientas revisiones de medidas relacionadas con los casos», según el escrito.
Las madres aseguraron que, hasta la fecha, no tienen información sobre el avanse de estas revisiones y que, mientras tanto, se suman «más días de prisión injusta sobre las personas arbitrariamente detenidas».
Además, señalaron que el próximo mes se cumple un año del llamado del presidente Nicolás Maduro a los fiscales y jueces del país a revisar las detenciones registradas luego de las presidenciales y los procesos judiciales respectivos con el fin de «rectificar» en caso de que haya habido errores.
«Si bien desde ese momento se inició una serie de liberaciones escalonadas, desde el mes de marzo ese proceso se encuentra suspendido sin ninguna explicación», señala la nota del comité de madres.
Por otra parte, solicitaron también al Supremo información sobre si se han investigado «los hechos de violencia que ocurrieron frente a sus instalaciones el 5 de agosto de 2025», cuando, recordaron, fueron víctimas de un grupo de «civiles armados» que las «atacó y desalojó por la fuerza», un hecho que reconoció la Defensoría del Pueblo.
El comité, además, respaldó la reciente petición de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) de «medidas de gracia» que permitan la liberación de los presos políticos, con motivo de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará el próximo 19 de octubre en el Vaticano.
Tras los comicios presidenciales del año pasado, se desató una crisis a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de «fraude» por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.
El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
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