Contadas personas le hablan al oído al presidente Gustavo Petro. Casi ninguna incide en su agenda. Casi. Hay una que sí lo hace y que volvió a salir a la luz pública recientemente: el abogado vallecaucano Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien recibió la “venia” del primer mandatario para competir por convertirse en magistrado de la Corte Constitucional. Aunque su nombre no es conocido por la opinión pública, sí se mueve en las altas esferas del poder ejecutivo y judicial en Colombia.
La amistad entre el ahora reconocido jurista y el jefe de Estado se remonta al 2013, cuando Petro vivió uno de los hechos que lo lanzó al estrellato político: la destitución e inhabilidad por 15 años que le impuso el entonces procurador general Alejandro Ordoñez mientras el hoy presidente era alcalde de Bogotá.
La experticia de Carvajal en el derecho, quien posee una especialidad en Derecho Administrativo, sacó bien librado al actual presidente de Colombia en la batalla jurídica y disciplinaria contra el entonces jefe del Ministerio Público. Sus habilidosas gestiones lograron que el Tribunal Superior de Bogotá quitara la sanción contra Petro y rindieran fruto las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que le permitió reintegrarse como burgomaestre.
“Felicitaciones a Héctor Carvajal, Iván Acuña, Julio Cesar Ortiz y Luis E Parra, firmes en la defensa de la democracia en la Procuraduría y el Consejo de Estado”, trinó Petro en 2017.
Del círculo de juristas cercanos a Gustavo Petro, Julio César Ortiz fue durante años uno de los más influyentes, hasta que rompieron relaciones. Ortiz representó al hoy presidente en varios casos delicados, como su defensa ante la Procuraduría en 2013 —cuando fue sancionado como alcalde de Bogotá— y su intervención en una diligencia judicial en España relacionada con el caso de Hugo “el Pollo” Carvajal. Sin embargo, en 2024, Ortiz decidió dar un paso al costado y renunció a seguir defendiendo a Petro en el proceso ante el Consejo Nacional Electoral, que investiga una presunta financiación irregular de su campaña presidencial.
Por su parte, Luis Eduardo Parra, viejo militante de la Colombia Humana, fue designado contralor delegado para el Sector de Defensa y Seguridad. En 2019, Parra compitió sin éxito por la gobernación de Santander.
En el caso del abogado sucreño Iván Acuña, ha defendido a varios congresistas del Pacto Histórico y políticos de su departamento, fue conjuez del Consejo Nacional Electoral, así como del Consejo de Estado. En 2021, defendió al entonces alcalde de Cartagena, William Dau, y a otros funcionarios en un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con embargos a salarios. Acuña es director de la firma Iván Acuña & Abogados S.A.S., ubicada en Bogotá, especializada en asesoría legal a contratistas del Estado colombiano.
Por último, Héctor Carvajal, ha sido el más beneficiado por el poder presidencial: acaba de ser ternado como magistrado de la Corte Constitucional y, dicen algunas versiones, se negó a ser ministro de Vivienda de esta administración.
Desde que Gustavo Petro dirige los destinos de la nación, no ha dudado en usar la experiencia de su viejo aliado Carvajal a su favor. El jurista ha jugado un rol protagónico en uno de los dolores de cabeza más grandes del mandatario desde que llegó al poder: demostrar que su campaña política en 2022 no fue ilícita.
Para ello, Carvajal fue designado por el presidente para que lo defendiera ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde sopesa una investigación por posibles ingresos no reportados y excesos en los topes permitidos por ley.
Tras casi tres años de litigio, Carvajal insiste que no hay suficiente evidencia que respalde la acusación de irregularidades en la campaña electoral del Pacto Histórico. La investigación sigue su curso, mientras que el también exconjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha negado rotundamente cualquier tipo de ocultamiento o aporte indebido.
Aunque no lo parezca, Héctor Alfonso Carvajal tiene más experiencia de la que muchos creen. A través de su firma, Carvajal Londoño, ha llevado sobre sus hombros varios casos polémicos y de alto perfil, como la destitución de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, la defensa de la controvertida exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, así como la asesoría jurídica al clan Aguilar en Santander y a la pastora cristiana y líder del partido Mira, María Luisa Piraquive.
También representó a los hijos del expresidente Álvaro Uribe en casos relacionados con zonas francas del occidente. Su firma defendió a la empresa Carvajal en el caso del “Cartel de los Cuadernos”, una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado escolar. Firmó, además, contratos millonarios con el Fondo Nacional del Ahorro para asesoría jurídica en asuntos disciplinarios, y representó a la exalcaldesa de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, en procesos por supuestas irregularidades contractuales durante su administración.
El posible futuro magistrado de la Corte Constitucional no solo cobró relevancia en el Gobierno Petro al conformar la terna, sino que desde días antes de que este asumiera el poder fue un eje clave para coordinar la primera reunión del entonces presidente electo con, quizá, uno sus mayores rivales políticos y personales: el dos veces presidente de Colombia, líder natural del Centro Democrático y hoy enjuiciado por fraude procesal y manipulación de testigos, Álvaro Uribe Vélez.
De hecho, la primera reunión entre Petro y Uribe, en la que aparecieron posando juntos incluido Carvajal, se dio en la oficina del abogado, quien logró lo que muy pocos creían posible: que el político de izquierda más exitoso de Colombia se sentara a hablar con quien más ha diferido en su trayectoria.
Tras conseguir la foto impensable entre Petro y Uribe, antes de que el primero incluso se posesionara, el también exfiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, hace ya décadas, empezó a ganar la notoriedad que muchos quisieran y ahora, pese a la garrotera de críticas que se enfilan por su cercanía con el presidente de la República, calienta motores para hacerse a uno de los roles más determinantes en la rama judicial del país. De llegar Carvajal a la Corte Constitucional, haría una dupla potente con el otro abogado de confianza, el ya magistrado Vladimir Fernández, quien ya ha mostrado que el Presidente está por encima de todo cuando de fallar se trata y sin pudor alguno ha destapado sus cartas.
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