Los 5 funcionarios mejor pagados del gobierno de Petro y sus sorprendentes salarios

Un liberal quindiano, Luciano Grisales que se le volteó a Cesar Gaviria es el funcionario mejor pagado del gobierno. Este es el top 5 en el que entra Irene Vélez

Con la firma de 22 decretos, Petro dejó en firme el aumento de un 7% para los servidores públicos de las ramas Ejecutiva y Judicial. La decisión, que también cobija a los docentes y que empieza a sentirse desde ya, aunque haya sido acordada meses atrás, termina también beneficiando a los funcionarios de más alto rango del Estado.

El ajuste había quedado pactado desde abril de 2025, en una mesa de negociación en la que participaron delegados del Ejecutivo y representantes sindicales, y en la que se definió una fórmula que hoy se traduce en números concretos: tomar la inflación del año anterior y sumarle un margen adicional. El país cerró 2025 con una inflación de 5,1%, y a ese dato se le agregó 1,9%. El resultado es el incremento que ahora se oficializa y que, además, llega con efecto retroactivo.

Estos son los 5 funcionarios mejor pagados

En ese mapa salarial hay nombres que sobresalen. No solo por los cargos que ocupan, sino por el tamaño de sus asignaciones básicas mensuales, y en la cima aparece Luciano Grisales Londoño, director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, con un salario base cercano a los 39,5 millones de pesos. Su trayectoria no es reciente ni improvisada. Nacido en el Quindío, fue representante a la Cámara durante dos periodos consecutivos entre 2014 y 2022. Su llegada a ese cargo también refleja una historia política particular: se alineó con el proyecto presidencial de Petro en una región donde buena parte del liberalismo tomó otro rumbo, desmarcándose de las directrices de César Gaviria y apoyando una campaña que no era la oficial dentro de su colectividad.

Muy cerca en la escala salarial está Pablo Yesid Fajardo Benítez, quien asumió la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en febrero de 2026, tras ser posesionado por el ministro de Minas, Edwin Palma. Administrador público de la ESAP y abogado de la Universidad La Gran Colombia, Fajardo llega a un sector estratégico para el país, con un salario base que supera los 34 millones de pesos y que ahora también crecerá con el ajuste definido por el Gobierno.

La lista continúa con el superintendente nacional de Salud, Bernardo Armando Camacho, quien asumió el cargo en medio de un contexto complejo. Reemplazó a Giovanny Rubiano y heredó un sistema tensionado por deudas entre EPS y clínicas, quejas constantes por demoras en la atención y decisiones judiciales que obligan a garantizar tratamientos de alto costo. Su designación no pasó desapercibida. Venía de ser agente interventor de la Nueva EPS, lo que despertó cuestionamientos desde sectores de la oposición que advertían un posible conflicto de interés. Aun así, el Gobierno lo presentó como un perfil técnico y lo confirmó en el cargo, con una asignación que supera los 32 millones de pesos.

En otro frente del Estado, el ingeniero Sergio Sotomayor Rodríguez dirige desde agosto de 2024 la Agencia Nacional del Espectro, una entidad menos visible pero clave en la regulación de las señales de radio y televisión. Su salario base ronda los 30 millones de pesos, y el incremento decretado también impactará su remuneración.

A esa misma franja pertenece Irene Vélez, quien llegó a la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en abril de 2025, después de un recorrido que la mantuvo en el círculo cercano del presidente. Antes había estado al frente del Ministerio de Minas y Energía y, tras su salida en julio de 2023, ocupó el consulado de Colombia en Londres hasta agosto de 2025. Su paso por el Gobierno estuvo marcado por polémicas, entre ellas un episodio relacionado con la salida de su hijo del país sin cumplir requisitos migratorios y un contrato otorgado a su esposo en el marco de programas oficiales. Hoy, desde la ANLA, vuelve a ocupar un cargo de alto nivel con un salario que también supera los 30 millones de pesos.

Los incrementos se verán reflejados en las cuentas de los 1.3 millones de funcionarios públicos que hay en el país, además llegará con un ajuste acumulado desde comienzos de año. El aumento ya no es una cifra en un decreto, a partir de este fin de marzo es dinero que empezará a moverse en los bolsillos de quienes trabajan para el Estado y que a los que mejor les irá será a los más cercanos a Gustavo Petro.