Lo que se dice es que nadie está por encima de la ley. Lo que no se dice es que esa ley, cuando la interpreta el Departamento de Justicia, parece tener prioridades bastante personales.
Jueces y legisladores que se interponen en la agenda migratoria están aprendiendo que la independencia de poderes puede tener consecuencias penales.
En menos de un mes, dos figuras públicas —una jueza en Wisconsin y una congresista en Nueva Jersey— han sido procesadas por, digamos, estar en el lugar equivocado con la empatia equivocada.
El mensaje entre líneas es claro: si interfieres con la maquinaria de deportaciones, prepárate para ver tu nombre en un expediente. No es que se aplique la ley, sino a quién se le aplica… y por qué (y como).
La línea entre hacer cumplir la ley y usarla como arma política casi ni se ve. En teoría, el presidente no debería intimidar a las otras instituciones independientes del gobierno. En la práctica, lo está haciendo con cargos criminales como herramienta y un discurso de ley y orden como excusa.
¿Hasta dónde se puede estirar la Constitución sin que se rompa? Si cada juez o legislador que cuestione algunas decisiones termina acusado de algo, no estamos ante un sistema de pesos y contrapesos… sino ante una advertencia disfrazada de justicia?
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